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El plan piloto de aspersión sobre cultivos de uso ilícito y la presencia de la fuerza pública en las universidades públicas del país han sido dos recientes anuncios del gobierno de Abelardo de la Espriella que han generado polémica. El Ministerio de Justicia ya se pronunció sobre ambas decisiones y sentó su posición.
A través de un comunicado, la cartera en cabeza del ministro Iván Cancino, señaló que si bien es importante la autonomía universitaria como una garantía constitucional, esos espacios no deben estar por fuera de la ley o de las competencias de las autoridades.
«Frente a manifestaciones pacíficas deben privilegiarse el diálogo, la mediación y las herramientas institucionales previstas para garantizar el ejercicio de los derechos. Sin embargo, cuando se presenten hechos concretos de violencia, flagrancia, peligro para la vida o la integridad de las personas, daños graves a bienes, las autoridades pueden ejercer las facultades que el ordenamiento jurídico les reconoce», se lee en el documento.
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Y agrega: «La autonomía universitaria no puede convertirse en una barrera que impida al Estado cumplir sus deberes constitucionales de protección, seguridad y preservación del orden público».
Asimismo, en un segundo comunicado, el Ministerio se refirió a la aspersión aérea con glufosinato de amonio sobre cultivos de uso ilícito en una etapa de exploración. Frente a este tema, la cartera resaltó que no es una amenaza, sino una herramienta del Estado para proteger a las comunidades y enfrentar una de las principales fuentes de financiación de organizaciones criminales.
«La verdadera amenaza son los cultivos ilícitos cuando quedan bajo el control de estructuras armadas. El debate no puede partir de la idea de que actuar es el problema (…) Colombia necesita todas las herramientas legales y constitucionales disponibles para enfrentar el narcotráfico. Renunciar anticipadamente a una de ellas significa limitar la capacidad del Estado y fortalecer, en la práctica, a quienes controlan las economías ilegales. La obligación del Estado es proteger», señala.
Y concluye el comunicado: «Nuestra posición es clara: la aspersión aérea, debidamente regulada y controlada, no debe ser presentada como una amenaza. La amenaza es el narcotráfico. La aspersión es una herramienta para combatirlo».
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Sergio alberto(16420)•Hace 13 minutos…. Y llegaron ( …. si los dejan) a las universidades públicas …. les incomoda la libre discusión y el pensamiento crítico , la autonomía universitaria y lo q más les incomoda, la educación y la vocación de librepensadores de Colombianos de clases populares , q solo pueden estudiar en u públicas …. Facismo cínico y de frente mar …. Una súper alerta para las grandes universidades privadas con libre vocación , uniandes, u Javeriana, uExternado etc etc …. A imponerse como lo hizo…. U de Harvard
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antonio(7747)•Hace 1 horaNo se puede perseguir a los terroristas dentro de las universidades, no se puede bombardear los campos de entrenamiento de menores que seran los futuros terroristas, no se pueden fumigar los cultivos de coca, no se puede enviar a los presos que delinquen desde las cárcels a un buque en alta mar, no podemos portar armas en forma legal. Lo que deseamos es que sigamos como vamos por otros 100 años, porque de lo contrario todo es fascis,o.
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Pedro Juan(86870)•Hace 1 horaNo permitamos que estos fascistas se tomen las universidades públicas. La masacre de estudiantes que hicieron en el gobierno Duque y en otros gobiernos no puede volver a repetirse, deben buscar medidas democráticas y no la fuerza bruta. Este es un estado de derecho. No cree uno que Cancino, que es abogado y conocedor de las leyes de la democracia, se preste para destruir el estado de derecho.