La Corte Constitucional declaró urgencia nacional al debate de la ley de garantías

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró “urgencia nacional” para estudiar de manera acelerada las demandas contra la Ley de Presupuesto sancionada por el presidente Iván Duque, que permitiría bajo un artículo modificar la Ley de Garantías. De llevarse a cabo el cambio, entidades de Gobierno podrán celebrar contratos, de manera mucho más ágil, con entidades públicas como gobernaciones o alcaldías. Y en plenas elecciones a Congreso y Presidencia.

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Con una votación de seis contra tres, se estudiarán inmediatamente las más de 40 demandas contra la Ley de Presupuesto, que entre otras cosas se firmó por un monto de $350 billones. Lo que ha llamado la atención de los sectores opositores al Gobierno es que deja la ventana abierta para cambios en la Ley de Garantías, por lo cual, según han denunciado, podría presentarse corrupción electoral. Una situación ante la cual la Procuraduría ha estado alerta desde el año pasado, como lo explicó la procuradora Margarita Cabello a finales de 2021 a El Espectador.

La modificación de la Ley de Garantías fue atacada por congresistas, abogados y organizaciones sociales, los cuales denuncian que tal reforma solo se podía realizar mediante una ley estatutaria. Otras voces que han llegado a la Corte sostienen que ese artículo de la Ley de Presupuesto es abiertamente contrario a la Constitución, pues sectores políticos podrían comprar votos bajo la excusa de los convenios interadministrativos.

En contexto: Presidente Duque sancionó la Ley de Presupuesto General de la Nación

El pasado 11 de enero, 21 de las más de 40 demandas fueron unificadas bajo el expediente propuesto por el senador Roy Barreras, quien presentó su escrito el 21 de noviembre pasado. Duque sancionó la Ley de Presupuesto solo unos días antes. Según lo aprobado previamente por el Congreso, la Ley de Garantías cambia “con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones”. La idea, según se conoció, es “ejecutar programas y proyectos correspondientes al presupuesto general de la Nación”.

Fueron admitidas las demandas, entre otras personas, de los congresistas Iván Cepeda, Carlos Alberto Maya, Luis Fernando Velasco. Por su parte, Barreras explicó en su demanda que “resulta a todas luces inconstitucional e ilegal reformar un artículo de una ley estatutaria, a través de la ley anual de presupuesto, permitiendo no solo el control previo por parte de la Corte Constitucional, sino además la competencia que para proferir este tipo de leyes tienen las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes”.

Las demandas de inconstitucionalidad, sin embargo, no son las únicas acciones judiciales involucradas en la polémica. El pasado 10 de noviembre, el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá ordenó al presidente Duque abstenerse de modificar la Ley de Garantías. Todo mientras la Corte Constitucional decide si la reforma propuesta está apegada a los derechos y deberes de la Carta Magna. Ahora es un debate de “urgencia nacional”, por lo cual pronto habrá noticias. Diferente es el estudio de la despenalización del aborto, que sigue enredado en trámites procesales.

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