El grupo armado ilegal que más reclutó niños y niñas para la guerra hizo un reconocimiento histórico, no solo para la investigación judicial de esta política criminal, sino para miles de víctimas. A través de una carta y un video, el último Secretariado de las Farc reconoció, de manera clara y “sin ambigüedades”, que llevó a la guerra de manera forzada a por lo menos a 18.677 menores de edad y que, además, los sometió a violencia sexual y reproductiva, especialmente a niñas que fueron obligadas a abortar y recibieron malos tratos derivados de estos procedimientos. En algunos casos, incluso, vivieron el asesinato y la desaparición de sus hijos e hijas recién nacidos o su entrega forzada a otras familias.
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En diálogo con El Espectador, Lily Rueda Guzmán, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y relatora del macrocaso 07, que investiga la política de reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes, habló sobre el significado de este reconocimiento. Señaló que, dada la gravedad de estos hechos, estas conductas no pueden recibir amnistías o perdones judiciales, y recalcó en la importancia de entender que, pese a los esfuerzos investigativos y los perdones, “nada devolverá la infancia arrebatada, ni borrará las secuelas de violencias que marcaron una vida entera y que la vincularon de manera obligada a las cicatrices de la guerra que son imborrables”.
¿Qué significado jurídico, pero también social y humano, tienen estas manifestaciones de perdón y reconocimiento dentro del Caso 07 y en qué medida pueden incidir en la definición de la ruta procesal que sigue ahora la Sala?
Es la primera vez que el antiguo Secretariado de las FARC, después de haber sido imputados por la JEP como máximos responsables por el reclutamiento de niños y niñas, de manera clara y directa, pide perdón a las víctimas y a la sociedad por las violencias documentadas por la Sala y que sufrieron niños y niñas en sus propias filas. Esto incluyó crímenes de guerra como violencia sexual, violencia reproductiva y violencia por prejuicio. Lo hacen por su responsabilidad individual, pero también colectiva. De una parte, esto es esperanzador para el proceso dialógico y de justicia restaurativa porque su punto de partida es el reconocimiento de la responsabilidad y del daño causado. Sin esto no es posible avanzar. De otra parte, nos cuestiona a todos como sociedad que sólo a través de este proceso pudiéramos dimensionar la magnitud de las violencias que sufrieron niños y niñas en la guerra.
Hemos documentado 18.677 casos desde 1971 a 2016, sólo a manos de las antiguas FARC y participan en este proceso más de 11.000 víctimas individuales y colectivas. Cada una de estas personas tendrá ahora la oportunidad de reflexionar sobre esta solicitud de perdón y qué significa para su vida, su pasado, presente y futuro y si decide aceptarla o no, o incluso, iniciar un proceso de reconciliación. Creo que un ejercicio similar debemos hacer todos y todas como colombianos y colombianas. Concretamente, en el marco del proceso judicial, se abre la puerta a habilitar encuentros directos entre víctimas y comparecientes, que no habían sido posible realizar antes para este tipo de violencias.
Los comparecientes afirman reconocer de manera “clara” la ocurrencia de los hechos imputados, aunque plantean precisiones sobre algunos patrones, como los relacionados con violencias sexuales y por prejuicio. ¿Cómo valora la Sala esa combinación entre reconocimiento pleno y solicitud de ajustes jurídicos?
El caso 07 se encuentra en una fase que procesalmente se llama de “observaciones”. Quiere decir que, después de haber presentado sus conclusiones, la Sala escucha tanto a las víctimas acreditadas, como al Ministerio Público y a los comparecientes sobre los cinco patrones macrocriminales que determinamos. No solo el reclutamiento niños y niñas, incluso menores de 15 años, sino también encontramos patrones de malos tratos, torturas, homicidios, juicios sin garantías, así como de violencias reproductivas, sexuales y por prejuicio que constituyen crímenes de guerra. Todos los intervinientes tienen derecho a plantear sus consideraciones, solicitudes y objeciones a la Sala.
La Sala los escucha de manera objetiva y responde si ajusta o no sus imputaciones. Hemos recibido observaciones de todos los participantes en este proceso. En el caso de los comparecientes las observaciones han transitado lo que parece ser un proceso de reflexión y profundización en este año, permitiéndoles reconocer su responsabilidad y pedir perdón. La Sala pronto decidirá lo que llamamos el marco del reconocimiento, es decir, cómo quedan finalmente las imputaciones y sobre este marco se valorará si las expresiones de los comparecientes llenan los requisitos para ser considerados como un reconocimiento que les habilite a continuar la vía restaurativa en la siguiente fase del proceso.
En el modelo restaurativo de la JEP, la relevancia de estas manifestaciones no se mide solo por su enunciación, sino por su contraste con la verdad acreditada y su concreción en acciones verificables. ¿Qué tendría que ocurrir para que este reconocimiento se traduzca en beneficios dentro del sistema?
Efectivamente, dentro de nuestros procesos dialógicos y restaurativos, el reconocimiento no es cualquier enunciación. Debe corresponder a una manifestación expresa de responsabilidad penal individual, que reconozca no sólo la ocurrencia de estos hechos sino que estos constituyeron patrones macrocriminales. Es decir, que su ocurrencia no se dio de manera aleatoria o casual, sino que obedeció a situaciones que se dieron de manera repetida, con características similares en cuanto a quienes perpetraron la violencia, quienes la sufrieron y cómo la sufrieron, en este caso, dentro del grupo armado. Dada la gravedad de estos hechos, también debe estar muy clara la conciencia de que estas conductas no pueden recibir amnistías o perdones judiciales. Igualmente, las manifestaciones deben ser restaurativas para las víctimas y el país, es decir, de alivio del daño, y de reconocimiento de los impactos específicos causados a la niñez, a las niñas particularmente y a las identidades de género diversas.
En otras palabras, deben también corresponder a los hallazgos de la Sala. En sus manifestaciones los comparecientes se comprometen a algo valioso, que es trabajar en acciones concretas para evitar que estos hechos se repitan. La JEP dará la oportunidad para materializar estas palabras en acciones concretas y vigilará que esto sea honesto y genuino. Esta es la vía para avanzar en beneficios dentro del sistema. La violencia en contra de los niños y niñas en el marco del conflicto continúa, y si los máximos responsables del mayor grupo reclutador de niños y niñas en la historia del país expresan este compromiso y comparten estas reflexiones, es importante como sociedad, por lo menos, escucharlos.
Algunas víctimas han visto en estos pronunciamientos un posible primer paso hacia el diálogo directo. ¿En qué condiciones podrían iniciarse esos encuentros restaurativos y qué papel jugará la Sala en su diseño metodológico?
Dado el contenido de las consideraciones de los comparecientes podemos avanzar en abrir esta puerta de encuentros y diálogos directos, que había estado cerrada hasta este momento. No porque las víctimas no lo hubieran solicitado antes, sino porque no encontrábamos el punto de partida: la solicitud de perdón, la aceptación clara y explícita de responsabilidad penal individual y la validación del daño sufrido por las víctimas y, particularmente, del daño causado a la niñez colombiana en estos más de 50 años de conflicto armado. Desde el despacho hemos escuchado ya a más de 11.000 víctimas individuales y colectivas y en este proceso ellas nos han dicho que consideran que este diálogo puede ser muy valioso, que les permitirá obtener respuestas.
Algunas de ellas, incluso, han expresado estar dispuestas a abrir una etapa de reconciliación. Otras nos han dicho que no están dispuestas a perdonar y olvidar, pero que sería importante también que los comparecientes escuchen por qué esto no es posible para ellas. Inicia un proceso que, aunque doloroso, puede también ser de alivio y terapéutico para todos y todas. Por supuesto, es un proceso delicado, recordemos que se trata de personas que sufrieron estas violencias siendo niños y niñas, que incluyen violencias de género, que afectan la intimidad y la seguridad de las personas. La Sala abre una etapa para desarrollar la metodología adecuada, que sea participativa, para que este diálogo directo sea sanador y no revictimizante.
Los comparecientes reiteran su voluntad de avanzar en la ruta dialógica y de ajustar sus observaciones previas. ¿Qué tan determinante es este momento procesal para definir si permanecerán en el sistema con sanciones propias o si podrían enfrentar consecuencias más gravosas?
En este momento el proceso continúa por la vía dialógica. En el diseño de la JEP, la Sala debe valorar todos los pronunciamientos que ha recibido y decidir si el antiguo Secretariado ha cumplido esos mínimos del reconocimiento y si es así, los convocará a una audiencia pública de reconocimiento y se emitirá una resolución de conclusiones. Este es el nombre que damos a la valoración formal sobre la habilitación para continuar en esta vía y recibir sanciones propias. En un escenario en donde estos mínimos no se cumplen, la Sala debe enviar a los comparecientes a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para que allí se adelante una investigación y juicio adversarial como resultado del cual podrían enfrentar sanciones privativas de la libertad. Desde la Sala vamos a trabajar para que este diálogo se dé con seriedad y garantías, pero también con agilidad y eficiencia, pues en la JEP nos regimos por el principio de estricta temporalidad, lo que significa que pronto debemos tomar una decisión sobre la ruta que seguirán los comparecientes.
Las manifestaciones de las Farc se producen en un caso que estableció varios patrones macrocriminales de reclutamiento de niñas y niños entre 1996 y 2016. ¿Qué mensaje envía este paso del proceso a la sociedad colombiana sobre el compromiso con la no repetición?
Esta es una oportunidad para reiterarle al país el compromiso que tenemos con la investigación y sanción de estas violencias en contra de niños y niñas, que constituyen crímenes de guerra y que no son amnistiables, ni siquiera en contextos de acuerdos de paz. Desafortunadamente este mensaje continúa vigente, pues, por ejemplo, según la Unicef, el reclutamiento de niños y niñas en Colombia ha crecido un 300 % en los últimos cinco años. Es necesario propiciar reflexiones que van más allá de este proceso en particular para entender que, sin importar el actor armado que comete la violencia, los daños que produce llevar las infancias a la guerra son similares y trascienden las barreras generacionales: se pierde la niñez como etapa única e irrepetible de la vida; se afecta la posibilidad de construir proyectos de vida e identidades fuera del conflicto armado y las víctimas viven con profundas secuelas físicas y psicológicas, especialmente aquellas que, además del reclutamiento, sufrieron violencias de género, en particular las niñas.
En nuestros diálogos con las víctimas ellas nos han narrado enormes necesidades de reparación que continúan sin respuestas adecuadas por parte del Estado. Una que es esencial, y que como sociedad no hemos logrado evitar: que las víctimas que sobrevivieron el reclutamiento en el pasado, no sean víctimas, de nuevo, por el reclutamiento, esta vez, de sus hijos e hijas en el presente. Se debe proteger de manera estructural a la niñez en el país y se deben hacer cumplir las normas de Derecho Internacional Humanitario que prohíben la vinculación de niños y niñas a las filas de los grupos armados.
En julio de 2025 se conoció el documento con el que los exjefes de la desmovilizada guerrilla reconocían su responsabilidad, pero negaban la existencia de patrones criminales en violencias de género y reproductivas. ¿Las manifestaciones que se conocen ahora van en la misma línea o qué dicen ahora los comparecientes?
Los comparecientes admiten que en las filas ocurrieron violencias sexuales y reproductivas, incluyendo anticoncepción y abortos no consentidos, que afectaron especialmente a las niñas y mujeres. A grandes rasgos, sobre los hechos de violencia sexual, enuncian que como comandantes no ejercieron los controles debidos para proteger y evitar que niñas y niños fueran vulnerados con estas conductas. Esta es una base importante para avanzar en un diálogo que les permita profundizar en lo ocurrido dentro de las filas, con base en los hallazgos de la Sala, conforme a los cuales estas formas de violencia constituyeron patrones macrocriminales y dejaron daños específicos y duraderos en las víctimas que las sufrieron.
¿Esta manifestación podría ser tenida en cuenta como reparación anticipada de cara a una sentencia de la JEP relacionada con el caso 07?
Las manifestaciones de los comparecientes y su carácter de reconocimiento son un punto de partida de un proceso en el que, de la mano con las víctimas, la Sala y, posteriormente, el Tribunal para la Paz, pueden determinar qué acciones concretas pueden cumplir como sanción restaurativa para reparar los daños causados. Sin embargo, en el trasegar de estos años que llevamos en el proceso, hemos sido testigos de que muchas víctimas han demandado de los comparecientes este tipo de reflexiones sobre su propia responsabilidad y que estas pueden llegar a tener un valor importante en sus procesos de restauración y sanación personal. Pensando no sólo en las más de 11.000 víctimas individuales y colectivas acreditadas ante la JEP con quienes hemos sostenidos estos diálogos, sino también en todas aquellas que no han deseado o no han podido participar en el proceso, consideramos fundamental poner a su disposición estas reflexiones para aportar a su sanación, así esta no se lleva a cabo en esta sede judicial.
El caso 07 de la JEP es uno de los más grandes, con mayor número de víctimas acreditadas, muchas de ellas pertenecientes a comunidades indígenas. ¿Es suficiente esta manifestación de perdón por parte del último Secretariado, teniendo en cuenta las dimensiones del daño causado?
Las solicitudes de perdón que hoy evidenciamos habilitan un diálogo importante con las víctimas directas y sus familiares, con los pueblos étnicos, con el país en general, que no es posible sostener si no se parte de que el daño tiene un lugar protagónico. En la JEP no buscamos silenciar daños con perdones, al contrario. Reflexiones como estas abren preguntas más profundas y visibilizan décadas de heridas que hoy continúan abiertas. Se trata de daños profundos, multidimensionales, intergeneracionales, que siguen generando efectos hasta hoy. En esta fase dialógica que continúa, los comparecientes deberán también realizar reflexiones profundas sobre los daños en toda su complejidad. El diálogo que entre ellos y las víctimas puede contribuir a esta comprensión y enunciación que se espera de los comparecientes, y conducir también a que ellos presenten propuestas más concretas de reparación a las víctimas.
¿Qué respuesta esperan ustedes, como organismo de justicia transicional, por parte de las víctimas tras estas manifestaciones? En otros casos, una de las demandas de parte de ellas es que, tanto la verdad como las disculpas, se quedan cortas.
Las víctimas y sus representantes tienen siempre la oportunidad de pronunciarse sobre las manifestaciones de los comparecientes y nosotros validamos y entendemos todas las respuestas posibles. Nadie está obligado a perdonar. Sin embargo, muchas de las víctimas han manifestado, desde el inicio del proceso, una necesidad de diálogo. Ya sea con la autoridad oficial que somos nosotros, con nuestros equipos psicojurídicos, o entre ellas mismas en espacios colectivos. Incluso con la sociedad en general: a veces nos han pedido hacer eco de sus mensajes y reflexiones para que estas no se pierdan en la impunidad que había rodeado sus casos. Las víctimas que participan en la JEP conocen nuestro modelo de justicia restaurativa, que le da un lugar importante a la verdad y a que esta se encuentre con los máximos responsables en un punto al que hoy ha llegado este caso.
Ahora, nos gustaría que las víctimas que así lo deseen, aporten en el diseño y realización de espacios de encuentro con los comparecientes en los que ellos puedan profundizar en el reconocimiento y en los daños. Al haber estudiado las violencias contra niños y niñas por más de seis años en este caso, comparto que nada de lo que hagamos como jurisdicción especial devolverá la infancia arrebatada, ni borrará las secuelas de violencias que marcaron una vida entera y que la vincularon de manera obligada a las cicatrices de la guerra, que son imborrables.
Estas mismas víctimas me han dicho que la oportunidad que se abre con este camino no es sólo sobre el pasado, para implementar esta justicia especial, sino que es, sobre todo, acerca del presente y el futuro, para que ni sus propios hijos e hijas, ni ningún otro niño o niña, se enfrente a los dolores que ellas sufrieron. Creo que esta oportunidad vale la pena tomarla y quiero pensar por mi hijo, que hoy tiene dos años, que este futuro es posible para Colombia.
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