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El proceso contra el exsenador y actual precandidato a la Gobernación de Antioquia, Julián Bedoya, en el que se le investiga por supuestamente obtener irregularmente su título de abogado, continuará. Así lo determinó el juez 27 penal de Medellín al negar una solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía.
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Aunque para el fiscal delegado Fernando Augusto Arias Velázquez, quien recibió el caso luego de que el exsenador Bedoya dejó de ser congresista (lo que significa que pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía), debía precluirse porque las pruebas en su contra no constituían los delitos por los que es investigado, el juez consideró todo lo contrario.
En primer lugar, porque la Fiscalía no presentó pruebas diferentes a las que recopiló la Corte Suprema de Justicia, que sí encontró asidero en la acusación. En ese sentido, cuestionó la labor del ente investigador en este caso porque para realizar la solicitud solo interrogó a una testigo: Sandra Patricia Giraldo. Y por si fuera poco dijo que los argumentos del fiscal delegado en esta solicitud fueron casi los mismos que expuso el abogado defensor de Bedoya en el alto tribunal.
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Las pruebas que la Corte Suprema de Justicia recopiló revelarían el esquema ilegal que le permitió a Bedoya conseguir el título en tiempo récord. En el expediente que recibió la Fiscalía no solo hay pruebas documentales que evidencian que habría sido imposible, o por lo menos “inhumano”, que Bedoya hiciera exámenes y preparatorios en tiempo extremo, sino también testimonios de lo sucedido.
La Corte encontró que, aunque el exsenador había estado vinculado a la Universidad desde 2001, cuando realmente volvió para graduarse fue en el segundo semestre del 2018. En ese momento, su regreso a clases debía ser aprobado por el Consejo de la Facultad de Derecho. Sin embargo, su reintegró terminó siendo aprobado por el Consejo Académico, otra instancia administrativa, sin ninguna explicación de por qué el cambio. Aunque se esperaba que al menos hubiera sido una decisión en pleno del Consejo, lo que encontró la Corte es que la única persona que firmó el acta para su regreso fue Juan Felipe Hernández, subsecretario general de la Universidad de Medellín.
Para el alto tribunal, “el subsecretario general de la Universidad de Medellín, quien cumplía funciones secretariales ante el Consejo Académico, habría plasmado hechos contrarios a la verdad”. Como lo reveló El Espectador en octubre del año pasado, las más sospechosas irregularidades vinieron después. El político estuvo entrando y saliendo de la Universidad, entre 2001 y 2018, cuando finalmente decidió volver para graduarse, así que el centro educativo le organizó un plan de estudios para que solo tuviera que presentar unos cuantos exámenes finales, los preparatorios y un par de requisitos de grado pero, al parecer, ajustados a sus necesidades.
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