:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/sVj36XdyGYf7HMrP5Fonrcs6KQ0=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/SWJSVXCUXVC4ZBUOVKMIBZD2GA.JPG)
Una investigación disciplinaria. Una orden de arresto. Y constantes críticas por la implementación del multimillonario contrato de alimentación en las cárceles de Colombia (el año pasado costo (647 mil millones). Esos son los escenarios que enfrenta Ludwing Joel Valero, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la entidad que administra los potentes recursos para el sistema penitenciario. Valero, entre otras demandas como la infraestructura, ha planeado y está ejecutando la contratación para las comidas básicas de más de 102.000 presos. Sin embargo, ese camino le ha traído problemas judiciales, en específico por su gestión en La Picota de Bogotá. Así responde el director de la Uspec, entidad hermana del Inpec, en entrevista.
En contexto: Emergencia carcelaria: así prometió reaccionar el Gobierno por la muerte de guardias
Hablemos primero de la emergencia carcelaria declarada por el Gobierno Nacional, por la persecución criminal a guardianes del Inpec, ¿Qué papel juega usted en ese asunto?
Hubo quienes pensaron que se podía hacer de todo con la emergencia carcelaria. Yo puedo mitigar alguna necesidad apremiante, pero no puedo contratar directamente. Eso es un proceso que requiere una planeación. En las reuniones para tratar la emergencia carcelaria hablamos con el Ministerio de Justicia, los sindicatos, Inpec y Uspec. Ahí se escucharon los requerimientos del personal de custodia y vigilancia, así como del personal administrativo.
Se habló de deudas históricas que tiene el Inpec con los guardias de seguridad y otras situaciones de inseguridad contra el personal que cuida a los privados de la libertad. Se hizo un consejo directivo y se dijo que existía la necesidad de readecuar dos pabellones en dos establecimientos distintos de la geografía nacional para convertirlos en pabellones de máxima seguridad.
¿En cuáles cárceles?
La readecuación está planteada en Girón y en Valledupar. Se hablaron esos dos escenarios y hay que organizar, primero, la inspección técnica para ver qué se requiere para darle ese funcionamiento. Qué elementos tecnológicos se necesitan y si hay que hacer algún tipo de readecuación en la parte sanitaria o de alojamiento. Es un trabajo conjunto Inpec-Uspec. En el tema de infraestructura haremos los necesario.
En video: “Voy a lanzar una granada”: la nueva amenaza de alias Kenner
¿Y para qué son esas adecuaciones?
Para trasladar a internos de alto impacto. Personas que ya están fichadas como peligrosas para los guardias.
¿A qué se refiere con elementos tecnológicos?
Si son arcos detectores de elementos prohibidos o si son bodyscam como los que se utilizan en los aeropuertos. El Inpec está haciendo ese trabajo para establecer la necesidad real y aspiramos, en esta semana, hacer la reunión para organizar el proceso contractual para adquirir esos elementos. Le van a permitir a la guardia mejor seguridad para los privados de la libertad y para ellos.
¿La emergencia carcelaria contempla adquirir nuevos inhibidores de señal? La Procuraduría, este año, alertó que de los 22 instalados en el país solo funcionan dos
Es un tema que no está en el ejercicio nuestro. Existe la tarea junto con el Ministerio de Justicia de adelantar ese proceso, porque es bastante costoso. Estamos revisando como, a la par del proceso de telefonía al interior de los establecimientos, se puede compaginar un modelo de inhibición. Además, se ha venido trabajando hace unos meses con el Ministerio de las Tecnologías y el Ministerio de Defensa para mejorar el bloqueo y la inhibición. Que se tenga el control desde los establecimientos.
Lea también: Investigan a director de la USPEC por presuntas fallas en servicio de alimentación
¿Tiene presupuesto para responder a las solicitudes del Inpec?
En los elementos técnicos y tecnológicos nosotros tenemos un ejercicio para hacerlo. En el tema de la restauración, recuperación o remodelación de esos pabellones en establecimientos de máxima seguridad, no tenemos muchos recursos, pero tenemos como priorizar dinero que permitan satisfacer esa necesidad, además de los elementos tecnológicos que se requieran para el funcionamiento de esas estructuras. Dentro de su competencia, el Inpec tomará decisiones sobre crear algún grupo o personal especial para que haga la custodia de esos privados de la libertad.
La Procuraduría le abrió una investigación por presunta ineficiencia en la alimentación de los reclusos de La Picota, en Bogotá. ¿Cómo toma esa investigación siendo usted la persona que a la final contrata con quienes gestionan la alimentación?
El tema de la investigación, como todas las de los órganos de control, la debemos atender y asistir al desarrollo del proceso, para entregar las pruebas que permitan establecer la no responsabilidad. Lo que le quiero contar es que esta investigación se origina en una acción de tutela que interponen dos privados de la libertad de La Picota, porque ellos argumentan que el operador de alimentos le estaba incumpliendo en los horarios, los gramajes y las dietas a las que tienen derecho, porque tienen particularidades en su salud que los obliga a tener una dieta.
La tutela llegó al Tribunal Superior de Bogotá y los magistrados fallan tutelando los derechos. En el ejercicio de la acción de tutela le ordena a la Procuraduría adelantar la investigación. El órgano de control entra a revisar el contrato del 2022 y parte del 2023, y el del 2023 hasta diciembre de este año. Nosotros estamos prestos a los requerimientos. Tenemos la tranquilidad de que el proceso de selección cumplió las etapas establecidas en la Ley 80 y que el comité evaluador hizo un trabajo serio y responsable al elegir un contratista que reunía los requisitos técnicos, administrativos, económicos y financieros.
Le puede interesar: Arresto al director del USPEC por deficiencias en alimentación en cárcel La Picota
¿Cuál es el operador de alimentos?
Para el primero contrato es Unión Alimentar Uspec 2022 y el del reciente es Unión Alimentar Sueños 2023.
¿Ya había contratado con ellos antes?
Sí. El tema de alimentación es de años en el sistema penitenciario y carcelario. Son operadores que, por su experiencia, entran a hacer sus ofertas y en procesos de licitación pública terminan se les adjudica uno de los 17 grupos a nivel nacional.
Pero también en la experiencia debería contar mucho el hecho de que siempre han fallado…
En el tema de la alimentación uno no puede decir que no hay fallas. Y son muchos los factores. No solamente porque el operador se queda sin materia prima, muchas veces falla la estructura de los ranchos, que son antiguos. Ahí se presentan retrasos con los horarios de la alimentación. En el contrato de 2022, la interventoría era adelantada por la Fundación Universitaria del Valle, que hace descuentos cuando no se presta adecuadamente el servicio.
Cuando la falla persiste y es de un monto relevante, la fundación compulsa copias a la Dirección Logística de la Uspec para que revise el informe y, si es el caso, traslade a la Dirección de Gestión Contractual para que adelante procesos por presunto incumplimiento. La interventoría hace mesas de trabajo con el operador para establecer cuales son los descuentos que se deben aplicar por la falla en la prestación del servicio. No es que esté al garete el servicio de alimentación y que todo sea malo. Hay casos particulares. También tenemos establecimientos donde las cosas marchan sobre la normalidad.
¿Qué sabe usted sobre el cobro de extorsiones a operadores de alimentos?
Se comenta mucho, no solo en la cárcel de Cúcuta, sino en muchos establecimientos. Nadie se atreve a denunciar y todo se queda en el rumor. Esa puede ser una de las circunstancias que influyen en las fallas de la presentación del servicio de alimentación, pero como no denuncian las que presuntamente son las víctimas, se queda en el rumor. Se dice que les torpedean: que dañan las marmitas, que al momento de hacer la entrega de la alimentación ya se comienza a perder la proteína. ¿Quién la saca? No sabemos. La víctima, que sería el operador, no se atreve a denunciar.
Podcast: La historia de Alejandro Pico, el árbitro a quien la justicia le jugó en contra
Hay un informe del Ministerio de Justicia que indaga en indicadores de derechos humanos. Uno de los datos más fuertes es que solo al 67% de los internos se les entrega alimentos en optimas condiciones de nutrición. ¿Cómo responder a ese indicador?
Hay dificultades en la prestación del servicio. Y la idea es que se mejore. Por eso, para esta vigencia, se definió un lineamiento en materia de alimentación. Ya no es solamente la Uspec la que va a hacer el seguimiento al tema, sino que el Inpec nos va a colaborar con mayor ahínco. Con ese convenio hemos logrado mejorar, o al menos disminuir, el volumen de quejas que teníamos por ejemplo en la cárcel de El Barne, en Combita (Boyacá). No es fácil alimentar a la población privada de la libertad. Usted está restringido. Muchas veces su familia lo está mandando al olvido. Usted se queda solo. Preocupado. Entonces, ellos no están tranquilos y eso lleva a que la inconformidad se agrande.
¿Cómo se salvó del arresto que ordenó el Tribunal Superior de Bogotá en su contra por el mismo tema?
El arresto está ordenado. Estamos trabajando desde la oficina jurídica para solicitar la inaplicación. Nosotros no hemos descuidado la alimentación, a los contratos se les hace interventoría. Siempre se hace el acompañamiento. Y, ahora, con el convenio del Inpec tenemos más ojos capaces de ver que todo se cumpla de la mejor manera.
¿A la Fundación Universitaria del Valle le hace falta esfuerzo para cumplir su trabajo?
El tema de la interventoría está siendo objeto de revisión. En el propósito de ser mucho más amplios, estamos en proceso de selección mediante conjunto de méritos y tendremos un nuevo interventor de este contrato que finaliza en diciembre de este año. Sin que con eso esté diciendo que la supervisión que hizo la fundación universitaria haya sido mala.
¿Cómo van las remodelaciones en las cárceles?
En Ipiales (Nariño) acabamos de entregar la rehabilitación el área de la reclusión de mujeres, donde se colocaron 140 cupos nuevos. En Valledupar (Cesar) se hizo la remodelación de un pabellón que había sido construido años atrás, lo cual habilita 140 nuevos cupos. Esa es una de las opciones que tiene el Inpec para convertirlo en un pabellón de máxima seguridad. En Cartagena estamos trabajando en un pabellón para la reclusión de mujeres, la adecuación del rancho y el cerramiento perimetral. Antes de finalizar el año, esperamos allí entregar 152 cupos para población privada de la libertad femenina.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.