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Una serie de garantías bancarias, que supuestamente resultaron falsas, es el centro de la investigación de la Fiscalía en el expediente sobre el billonario contrato del Ministerio TIC con la unión temporal Centros Poblados para llevar conectividad a zonas rurales. Por el hecho ya fueron imputados y enviados a la cárcel el contratista Emilio Tapia, el representante legal de la unión temporal, Luis Fernando Duque, y Juan José Laverde, de la agencia de seguros Rave.
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Esta última compañía, que tiene 45 años en el mercado asegurador, ha estado bajo la lupa de las autoridades, pues la persona que les habría ayudado a tramitar la garantía supuestamente a Centros Poblados era funcionario de la empresa. El abogado que la representa, Alejandro Arcila, habló del caso, se desmarcó de las “actuaciones personales” que habría cometido Laverde y dijo que Duque ha mentido.
¿Cómo terminó Rave metida en este escándalo?
En octubre de 2020 acudieron a nosotros para intermediar con alguna compañía aseguradora del país la póliza de seriedad de la oferta que iba a realizar Centros Poblados al Mintic. Salimos al mercado y no encontramos compañía alguna en disposición de expedir esa póliza. Le informamos a la unión temporal que no habíamos podido encontrar esa póliza. Posteriormente avanzó el proceso de licitación y, en diciembre de 2020, el Mintic le adjudicó a Centros Poblados, con lo cual debieron cubrir otros riesgos: responsabilidad extracontractual, cumplimiento, salarios y el anticipo de $70.000 millones que les giró el Ministerio.
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Tras acudir a varias aseguradoras y presentar toda la documentación solo logramos conseguir una póliza: la de responsabilidad civil, por la cual Centros Poblados pagó directamente a la aseguradora, ni siquiera a las cuentas de Rave. Frente a esa póliza no hay reparo alguno de las autoridades. La misma fiscal del caso ha dicho que la actividad comercial de Rave llegó hasta la colocación de esa póliza y en diciembre de 2020 le informamos a la unión temporal que no pudimos obtener las demás pólizas.
¿Por qué no lograron que alguna aseguradora expidiera las pólizas?
Esa pregunta la tendría que resolver la Fiscalía si lo considera necesario. Según la fiscal, después de terminada la actividad de Rave, se desarrollaron unos actos aparte, personales, para obtener unas garantías bancarias, que es un documento totalmente distinto a una póliza de seguros. Aquí se ha intentado mezclar los conceptos en una distracción para salvaguardar responsabilidades. De hecho, con la comunicación que envió Rave, Centros Poblados fue y le pidió al Ministerio más tiempo para conseguir las pólizas. Cuando el Mintic le contestó que no podía dar más tiempo se desarrollaron otros actos, que no conocemos, y se obtuvieron unas garantías que serían falsas.
¿A quién le sirve esa confusión entre las pólizas y las garantías bancarias?
La confusión se generó desde que Centros Poblados salió a los medios a dar explicaciones. Personas cercanas a la unión temporal hicieron comentarios malintencionados, pues pretenden vincular a Rave en la intermediación de las garantías bancarias falsas. Y, para vincularnos, dicen que hicieron un pago de una suma exorbitante: $2.400 millones, según el abogado Jorge Pino Ricci. Pero puedo asegurar, y así se lo hemos demostrado a la Superintendencia Financiera, que a las cuentas de Rave no ha entrado un solo peso por esa supuesta intermediación de las garantías. Simplemente porque no la hacemos.
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¿Entonces la confusión le sirve a la defensa de Luis Fernando Duque?
A la defensa de quienes están vinculados a Centros Poblados directamente. Con eso se pretende salvaguardar las responsabilidades personales de quienes estaban obligados en el contrato, escudándose en que las pólizas eran responsabilidad de Rave. La Fiscalía concuerda con nosotros en que no se puede asumir una ceguera voluntaria de los contratistas. Es decir, una ignorancia deliberada frente a su responsabilidad.
Ahí hay que hablar de la actuación de Juan José Laverde, contra quien la Fiscalía presentó varias evidencias, ¿pudo haber entrado el dinero a cuentas de él?
Si Pino Ricci hubiera dicho que el dinero se envió a cuentas de Laverde sería una cosa. Pero es que él dijo que había sido a las cuentas de Rave, y por eso lo decimos con vehemencia: no recibimos un peso porque no intermediamos garantías bancarias. Es que las garantías bancarias ni siquiera se solicitan de esa manera. Hay que ir a los bancos, presentar una documentación clara y hay un proceso de debida diligencia. El daño que nos han causado es por algo totalmente ajeno a nuestra actividad.
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Durante la imputación de cargos la Fiscalía mostró una serie de pruebas para demostrar que Laverde habría intercedido en la emisión de las polémicas garantías, pues habría sido él el encargado en enviarlas y subirlas al Secop y que hasta se habría reunido con Tapia. ¿Esas actuaciones no fueron como funcionario de Rave? ¿Fueron a título personal?
Si hay unas circunstancias personales ejecutadas por Juan José Laverde, con seguridad tendrá que dar las explicaciones a las autoridades. Eso es clarísimo no solo para nosotros, sino para la Fiscalía, que estableció que la actividad corporativa de Rave acabó con la comunicación de que no logramos obtener las pólizas y fue entonces que se iniciaron unos actos personales para conseguir las garantías bancarias. Es más, eran absolutamente desconocidas esta serie de circunstancias para nosotros.
¿En qué momento Rave se dio cuenta de estas actuaciones personales de Laverde?
Si le soy franco, nos enteramos de estas circunstancias en las audiencias.
¿Qué problemas le ha traído este escándalo a Rave?
El mercado asegurador, como el financiero, es muy sensible a este tipo de riesgos. Las actividades de Rave han sido delineadas de manera muy clara por la Fiscalía y contamos aún con confianza en el mercado. Por supuesto, la exposición mediática ha sido dramática e injusta. Por ejemplo, cuando Luis Fernando Duque rindió interrogatorio ahí sí dijo que no sabe si se pagaron los tales $2.400 millones, ni a quién se le pagaron, pero a los medios salió a decir algo totalmente distinto.
En la audiencia, incluso, salieron a relucir correos y chats de que Duque no se reunió solo con Rave para conseguir las pólizas...
Así es. No solo fue con Rave. Fue con dos o tres agencias de seguros.
¿Van a solicitar ser reconocidos víctimas en el proceso contra Tapia, Duque y Laverde?
Estamos contemplando todas las acciones que tengamos que desarrollar. De momento, hemos recibido un daño reputacional y nuestro mayor interés es probar que no tuvimos nada que ver con la expedición de esas garantías bancarias, como se quiere hacer ver.
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En las evidencias pareciera que Centros Poblados estuvo en contacto con otros funcionarios de Rave, ¿han iniciado alguna investigación interna?
Revisamos toda nuestra contabilidad, también las pólizas que hemos colocado y las comunicaciones corporativas. Estamos tranquilos de que no entró dinero de algo ajeno a nuestra actividad, que no hay inconvenientes con las pólizas que intermediamos y que no se ha hablado por medios oficiales de alguna garantía, como Luis Fernando Duque quería hacerlo ver.
¿Por qué Rave decidió recientemente cambiar su nombre?
Otra confusión. Desde 2020, antes de que todo esto ocurriera, Rave consultó a asesores jurídicos para registrar su marca. Los asesores concluyeron que no podíamos registrarla porque ya había registros de ese nombre. Entonces, los mismos asesores nos sugirieron registrar otro nombre y surgió la idea del nuevo nombre: Balutek. Pero la persona jurídica es la misma, porque Rave es el nombre que cuenta con la confianza del mercado asegurador. Así que Rave no ha desaparecido ni va a desaparecer.