Lorena Beltrán, la periodista que hace unos años denunció ser víctima de un médico que no cumplía con los requisitos para operarla y terminó deformándole los senos, denunció un nuevo ataque de hostigamiento judicial en su contra. La comunicadora, que se convirtió en una investigadora de casos como el de ella y ha denunciado a otros médicos que tampoco cumplirían con los requerimientos para operar, tuvo que exiliarse por la arremetida de recursos contra ella.
El caso más reciente es una notificación judicial que llegó al lugar donde vive en exilio, una irregularidad que denunció, pues no es público cuál es su domicilio por motivos de seguridad. El caso se suma a una cadena de acciones legales que, según organizaciones y denuncias públicas previas, buscan silenciar su trabajo investigativo.
En septiembre del año pasado, Beltrán había recibido cuatro acciones de tutela interpuestas por médicos que, de acuerdo con sus investigaciones, ejercían como cirujanos plásticos sin cumplir los requisitos legales. El hostigamiento judicial reiterado la obligó a salir del país y hoy teme por su seguridad e integridad.
Sobre el caso más reciente, el 31 de diciembre de 2025, Beltrán recibió en su lugar de residencia una notificación judicial sobre un nuevo proceso. Al indagar, le informaron que el demandante es uno de los médicos que presentó una de las cuatro tutelas en Colombia. Días después, el 3 de enero, la periodista acudió a la dirección indicada y fue notificada de que el 27 de enero deberá comparecer ante una corte del país en el que se encuentra.
Allí recibió un expediente de 55 páginas con acusaciones por presuntos actos de hostigamiento, acoso, discriminación por orientación sexual e incluso un supuesto intento de homicidio contra el médico denunciante, señalamientos que, para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), carecen de sustento y buscan desacreditar su labor periodística.
Uno de los elementos que más preocupa a la FLIP es que el demandante logró ubicar la dirección exacta donde reside Beltrán, pese a que su lugar de exilio no era un dato público. Para quienes acompañan el caso, este hecho refuerza el carácter intimidatorio del proceso y eleva el riesgo para su seguridad.
“La exposición y uso de datos personales y sensibles constituyen una forma de persecución que puede derivar en agresiones más graves y generar un efecto inhibitorio sobre la libertad de prensa”, explicó la FLIP en un comunicado de prensa, en el que, además, precisó que este último episodio también representa una forma diferenciada de violencia contra una mujer periodista.
Ante este panorama, la FLIP reiteró un llamado a jueces y tribunales, en especial a la Corte Constitucional, “para que reconozcan el patrón de acoso judicial por parte de los médicos, así como su gravedad y sistematicidad. También le solicitamos a la Fiscalía que investigue de manera oportuna, exhaustiva y diligente estos hechos, incorporando el enfoque de género y reconociendo la protección reforzada que le asiste a Beltrán por su condición de mujer periodista en ejercicio”.
La FLIP agregó que “el acoso judicial, a través del uso indiscriminado y abusivo de las herramientas legales para silenciar, se convierte en una estrategia de intimidación que no solo afecta a Lorena sino que también restringe el ejercicio de veeduría y denuncia que realizan mujeres periodistas y que le permite a la ciudadanía tener conocimiento de asuntos de interés público”.
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