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Se suponía en la mañana de ayer el exfiscal general Néstor Humberto Martínez respondería en entrevista sobre la polémica de la fiscal trasladada a Putumayo, Angélica Monsalve, quien investiga a una poderosa familia bogotana por presuntas irregularidades en contratación. Sin embargo, el contrapunteo con el periodista Daniel Coronell terminó en un examen de la Fiscalía de Martínez (2016-2019), mismo periodo en el que fue conocido el escándalo de Odebrecht. Un episodio con las venas abiertas, sobre los multimillonarios sobornos que la empresa entregó en Colombia para quedarse con proyectos de infraestructura como la Ruta del Sol 2.
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Antes de iniciar de ponerle la lupa a las afirmaciones de Martínez en W Radio, entremos en contexto. La fiscal Monsalve fue trasladada a Putumayo, días después de que anunciara su imputación contra “tres poderosos”: los empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla, y su sobrino Felipe Ríos, quien fue concejal de Bogotá en 2011. Según el expediente, los empresarios se habrían quedado con un contrato del SITP de manera fraudulenta. Alberto Ríos, padre de Felipe Ríos, al parecer buscó a Martínez para que mediara una reunión y así frenar la imputación. El exfiscal aseguró haber charlado con Rodrigo Noguera, rector de la Universidad Sergio Arboleda, quien es cercano a la fiscal Monsalve.
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Recientemente, se revelaron audios que mostrarían que Martínez habría intercedido a favor de Ríos. En las grabaciones más recientes, la exfiscal Catalina Noguera, hija de Rodrigo Noguera, explica que al exfiscal general no le conviene que se sepa nada sobre el caos de los Ríos, pues “también está relacionado con lo que él trató de tapar en Fiscalía, con lo de Odebrecht y todo eso”. El solo hecho de mencionar esa empresa, desvió el tema de la entrevista, que terminó centrándose en el papel de Martínez Neira y su administración en el escándalo de corrupción más grande de los últimos años. A continuación, las afirmaciones, su contraste y contexto.
Ana Catalina Noguera no fue parte del grupo de Odebrecht
“Me produce una profunda indignación que la doctora Catalina Noguera haya hecho afirmaciones sin ningún sustento en relación con el caso de Odebrecht”. Esta fue una de las frases de Néstor Humberto Martínez durante su intervención en la cadena radial. El exfiscal aseguró que había hablado personalmente con Noguera para preguntarle las razones de vincular el caso de Odebrecht con el recaudo de Transmilenio y el expediente de los Ríos Velilla. Según el exfiscal, nada tienen que ver ambos casos, sino más bien con otros dos que sucedieron en Bogotá: el del carrusel de la contratación. Martínez explicó que uno de sus delegados jugó un papel clave en esas investigaciones: Andrés Jiménez.
“En una actuación muy importante, (Jiménez) logró establecer como se habían lavado activos y llevado dinero del carrusel de la contratación hacia los Estados Unidos, lo que dio lugar a la captura de un dirigente político. La doctora Catalina dice que ella tuvo una iniciativa de extinguir bienes en el caso de Odebrecht, pero eso es una falsedad manifiesta. La doctora Catalina nunca formó parte del grupo de Odebrecht. Hay certificaciones de la vicefiscal que organizó ese grupo y ella nunca formó parte de Odebrecht. Es una verdadera fantasía”, explicó el exfiscal. Según la información que se ha conocido sobre cómo la Fiscalía investigó el caso de la multinacional brasileña, Noguera nunca hizo parte de ese equipo.
El papel de Andrés Jiménez
Sin embargo, Jiménez sí estuvo allí. El propio Martínez recordó que él fue uno de sus enlaces con las autoridades de Estados Unidos, quienes destaparon el escándalo de Odebrecht y, al sol de hoy, siguen interesadas en saber qué ha hecho Colombia frente al caso de los brasileños. El exfiscal también explicó que desde febrero de 2017, dos meses después de que el Departamento de Justicia publicara la negociación con Marcelo Odebrecht en donde quedó claro que en Colombia había entregado sobornos, la Fiscalía extinguió los primeros bienes de implicados en el caso. En concreto, los del exsenador Otto Bula, el primer congresista en ser capturado dentro del escándalo.
“(Jiménez) fue uno de los protagonistas más importantes de la investigación. El primer intercambio de información judicial con Panamá fue para el caso Odebrecht y ese lo logró casualmente el fiscal Andrés Jiménez”, explicó Martínez, sin mencionar uno de los hechos más graves que denunció años después Leonardo Espinosa, el fiscal ad-hoc, que fue nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo luego de apartar al exfiscal Martínez de tres carpetas claves del caso, tras las evidencias de que no se había declarado impedido.
El fiscal Espinosa encontró varios “peros” a las tareas que hicieron hombres de Martínez y denunció los tropiezos que tuvo con su administración para acceder a la información. Por mencionar algunos, Espinosa reveló que hubo una demora de más de un año en activar las órdenes de captura contra tres exdirectivos de Odebrecht, entre ellos, Éder Ferracuti, quien alcanzó en ese tiempo a cerrar dos CDT con más de $900 millones. Aunque la tarea de la captura no recaía necesariamente en Jiménez, lo cierto es que para esa época, el exfiscal era el director de la unidad contra las finanzas criminales.
La investigación de Odebrecht, según Néstor Humberto Martínez
Durante la entrevista en La W, el exfiscal insistió en varias oportunidades que Ana Catalina Noguera no tuvo nada que ver en el caso Odebrecht, entre otras cosas, porque la exfuncionaria llegó a la Fiscalía en 2018 y el caso “había ocurrido en 2017″. Ambas fechas son ciertas, según resoluciones de la entidad, pero lo que también han dejado ver documentos oficiales es que para el 2018, los fiscales seguían investigando el caso. Es más, todavía se siguen conociendo avances del expediente. “Decir que no se hizo nada en el caso Odebrecht, perdóneme. Ese caso se conoció en diciembre de 2016. Se dice que en Colombia nunca hubo una investigación seria”, agregó Martínez Neira.
A renglón seguido, dio varias cifras: “En Colombia se judicializó a 91 personas por parte de los fiscales de la época. Dos viceministros involucrados, 11 congresistas, van tres condenados. Cantidades de empresarios. La investigación se hizo plenamente y respecto de todos”. Lo cierto hasta hoy es que ninguna instancia judicial ha confirmado irregulares en la investigación. Pero el caso Odebrecht en el país tiene un episodio fundamental que en su momento evidenció varios “peros” de la gestión que hoy sigue defendiendo Néstor Humberto Martínez: lo que logró evidenciar el exfiscal ad-hoc, Leonardo Espinosa.
Luego de su posesión en diciembre de 2018, el jurista conformó un pequeño grupo de trabajo, cuadró citas con los fiscales del momento y arrancó sus pesquisas que no se salvaron de tropiezos. Su trabajo culminó sorpresivamente en mayo de 2019, luego de la renuncia de Martínez, pero alcanzó a documentar sus hallazgos en un documento que le entregó directamente a la Corte Suprema de Justicia. Allí, les explicó a los magistrados que la investigación de Odebrecht en la Fiscalía sí tenía serios vacíos. Por ejemplo, en el caso de los peces gordos de la multinacional, Éder Ferracuti, Marcio Marangoni y Amilton Hideaki, existía una “escasa o casi nula actividad investigativa”.
Además de evidenciar que las pesquisas en contra de los exdirectivos estaban atrasadas (el caso ya cumplía casi dos años y no había mayor información en su contra), Espinosa le reportó a la Corte, que existían “irregularidades” con el registro de las órdenes de captura contra los ejecutivos de Odebrecht en los sistemas de información, de lo cual depende que una medida de este tipo pueda ejecutarse. Espinosa relató en sus informes que las primeras órdenes de arresto, emitidas el 20 de julio de 2017, sin explicación, no se registraron en el Sistema de Información de Antecedentes y Anotación de la Fiscalía (SIAN). De acuerdo con el fiscal ad hoc, esta omisión “impidió que se libraran las correspondientes circulares azules por parte de la Interpol”.
El 19 de julio de 2018, la Fiscalía pidió la prórroga de las órdenes por un año más. Aun así, las de Ferracuti e Hideaki solo fueron ingresadas al sistema SIAN en agosto de 2018, exactamente 388 días después de que un juez avalara las capturas. Otro de los hallazgos de Espinosa tuvo que ver con el expediente de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez. Cuatro meses después de posesionarse, el fiscal ad-hoc desarchivó la investigación porque dijo tener “nuevos elementos de convicción” para seguir con las pesquisas. El caso de las exministras está relacionado con su presunta participación con el otrosí por el que se adjudicó la vía Ocaña-Gamarra, que se conecta con la Ruta del Sol.
Según la investigación, Parody, en ese momento ministra de Educación, y Álvarez, cabeza de la cartera de Transporte, firmaron el Conpes que dio vía libre al otrosí. Al parecer, familiares de Parody habrían tenido interés en esta obra. Espinosa aseguró que las nuevas pruebas para reabrir la investigación se recopilaron de decisiones que han adoptado en contra de las ministras la Procuraduría, la Contraloría, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Superintendencia de Industria y Comercio. Espinosa alcanzó a emitir nueve órdenes de Policía Judicial. Pero a hoy nada ha pasado con ese expediente.
“Nadie puede decir que allá se haya ocultado nada. No hay un solo hecho que se haya conocido o por los medios o por los investigadores o por autoridades extranjeras, que haya ocurrido en Colombia, que no haya destapado la Fiscalía y que haya hecho público”, remató Martínez. Aunque tanto el exfiscal Martínez y Andrés Jiménez insisten en que Colombia es el único país en donde exdirectivos de Odebrecht tienen órdenes de captura, lo cierto es que estas nunca se realizaron, tuvieron irregularidades y, para rematar, ni en la era de Francisco Barbosa se les ha imputado cargos y, en consecuencia, nada ha sucedido con ese expediente.
Las grabaciones de Jorge Enrique Pizano
Durante la entrevista, el exfiscal Néstor Humberto Martínez también se refirió a uno de los casos más espinosos de todo el expediente Odebrecht: el de las grabaciones del excontroller de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano. Como ya se sabe, el ingeniero grabó una serie de reuniones que sostuvo en 2015 con el exfiscal, que para ese momento era el asesor jurídico del grupo Aval. El tema de esos encuentros fueron los hallazgos en las cuentas de la Concesionaria Ruta del Sol que no le cuadraban a Pizano. El contenido de esos audios reveló una nueva cara de lo que hasta ese momento se sabía de los sobornos, y le dio más fuerza a los reproches que ya existían en contra de Martínez y su papel en el caso corrupción.
En agosto de 2015, cuando ya se conocía la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil, Pizano organizó todos sus documentos y visitó a Martínez, con un micrófono escondido en su ropa. Con papeles en mano, le explicó al abogado cómo se dio cuenta de que había facturas falsas, contratistas que no tenían la experiencia requerida, duplicación de firmas y reuniones sin explicación en la concesionaria. El exfiscal lo escuchó con atención y, en otra reunión, le explicó uno a uno los delitos que podrían estarse cometiendo: “Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado, peculado por apropiación...”.
Martínez volvió a insistir lo que ha dicho desde que se conocieron los audios en 2018: que nunca tuvo certeza de que los brasileños estaban pagando sobornos para quedarse con contratos públicos. Sin embargo, el exfiscal omitió un dato clave que se vino a saber luego de publicar los audios de Pizano: que nunca aclaró públicamente que, desde 2015 —un año antes de posesionarse como fiscal general—, el controller de la concesionaria lo había alertado sobre esas irregularidades con el objetivo de que él se las transmitiera a Luis Carlos Sarmiento. Ni se lo advirtió a la Corte Suprema, que lo eligió como fiscal, ni a la entidad que dirigió dos años y que, precisamente, investigó esas irregularidades.
En su momento, fuentes del alto tribunal le contaron a este diario que la omisión de información de Martínez Neira fue muy mal recibida para los magistrados que lo eligieron. Tanta fue la molestia que, mayo de 2019, tomó fuerza la posibilidad de que la Corte le pidiera la renuncia. Por eso mismo, refirieron las fuentes, el exfiscal presentó su renuncia, alegando motivos diferentes, se le adelantó al alto tribunal y, de paso, sacó a Leonardo Espinosa de su encargo como fiscal ad-hoc.
No fueron 11 sino 50 millones
Por lo menos, desde mediados de 2017, la teoría de que el dinero de los sobornos que pagó Odebrecht en Colombia era mucho más de los USD$11 millones de dólares anunciados por Estados Unidos, tomó fuerza. Tiempo después, el propio Néstor Humberto Martínez anunció que habían sido por lo menos USD$50 millones. Esa fue su bandera en el todo el expediente Odebrecht. Y sigue siendo. Durante la entrevista, el exfiscal reiteró su hallazgo y agregó: “La investigación fue maravillosa en Colombia. Esos fiscales fueron idóneos, íntegros y por eso se ganaron las mejores preseas de reconocimiento”.
Si bien es cierto que el hallazgo de coimas habría sido mucho más alto que los USD$11 millones iniciales, hoy prácticamente ninguno de los fiscales del expediente siguen en el caso. No solo por irregularidades que también dejó en evidencia Leonardo Espinosa, sino porque el fiscal Francisco Barbosa reorganizó por completo el caso, se lo asignó a fiscales delegados ante al Corte Suprema de Justicia y abrió nuevas líneas de investigación. Para fuentes del búnker que siguieron de cerca el expediente Odebrecht desde sus inicios, la decisión del hoy fiscal obedeció más a una estrategia de dar resultados y de borrar del caso más importante de corrupción del continente, el paso de Martínez Neira.
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