“Las prácticas de los organismos de seguridad y defensa, especialmente los de la Policía, no sólo amenazan el derecho a la protesta, sino que representan un riesgo al derecho a la vida, la integridad, el debido proceso, la libertad de expresión, entre muchos otros”. Con estas palabras, cinco organizaciones sociales y de derechos humanos le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre una tutela que se presentó a finales del año pasado a raíz de los excesos que se evidenciaron en las marchas del Paro Nacional y que son motivo de cuestionamiento actualmente luego que en jornadas de protesta en Bogotá terminaran con la muerte de diez personas.
Argumentan que en las movilizaciones originadas el 9 de septiembre, tras la muerte de Javier Ordóñez en hechos relacionados con la Policía Nacional, se han visto prácticas institucionales que impiden el derecho fundamental de la protesta -consagrado en el articulo 37 de la Constitución Política de Colombia-. Y afirman que los mecanismos de represión contra manifestantes amenazan la democracia del país y ponen en riesgo a quienes reclaman sus derechos en las calles.
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"En menos de veinticuatro horas la reacción a las protestas por parte de la Policía Nacional dejó un saldo de por lo menos ocho personas asesinadas y 248 ciudadanos y ciudadanas heridas en Bogotá, 58 de estas agresiones se dieron con armas de fuego. Evidencia de un récord penoso de violencia policial que no sólo se repite, sino que se agrava”, indicaron en un comunicado el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo, Dejusticia, la undación para la Libertad de Prensa -FLIP-, Humanidad Vigente Corporación Jurídica y la Comisión Colombiana de Juristas.
La tutela fue presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá 18 de diciembre de 2019, luego de las manifestaciones en medio del Paro Nacional. De acuerdo con el colectivo, aquella vez “el país vivió un escenario similar de zozobra, estigmatización y militarización”. En la tutela, las organizaciones identifican cuatro tipos de prácticas violentas que presuntamente exceden la función constitucional y legal de la Policía, y que violan derechos fundamentales.
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Se trata de la “disolución sistemática, arbitraria e injustificada de protestas pacíficas. Utilización ilegal (contraria a reglamentos y protocolos) de armas potencialmente letales. Uso arbitrario de mecanismos químicos de dispersión de manifestaciones. Utilización arbitraria de mecanismos policiales para detener a manifestantes”. A esos se suma uno nuevo: el uso indiscriminado de armas de fuego contra quienes protestan.
Este jueves otras 26 organizaciones emitieron una acción urgente con el objetivo de garantizar el derecho a la libre manifestación, se informe sobre la supuesta utilización de armas de fuego por parte de las autoridades y que se adelante una reforma a la institución, entre ellas la separación del Ministerio de Defensa.