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Dairo Antonio Úsuga David, conocido como Otoniel, le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que frene su extradición a Estados Unidos. El máximo jefe del Clan del Golfo, capturado en octubre de 2021, es solicitado por ese país por cargos de narcotráfico, pero el pasado viernes le pidió a la JEP que lo acepte para aportar al esclarecimiento del conflicto. El pasado 22 de febrero radicó un segundo recurso en el que pide que se le otorgue la garantía de no extradición, un recurso que quedó pactado en el Acuerdo de Paz para los exFarc que dejaran las armas y se reincorporaron a la vida civil.
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Este diario tuvo acceso a ese documento completo, en el que Otoniel le pide a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz que inicie el trámite para suspender su envío a Estados Unidos. Ya en la solicitud de sometimiento que radicó el 18 de febrero en otra instancia de la JEP (la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas) el líder del Clan del Golfo pidió ser acogido allí, aseguró que “altos mandos militares” fueron sus cómplices y salpicó a generales del Ejército, así como a otros exfuncionarios. En este nuevo recurso, insiste en esas acusaciones y dice que en sus casi 35 años en distintos grupos armados lo hacen un testigo clave para la justicia especial.
¿Qué es la garantía de no extradición?
La garantía de no extradición, contemplada en el Acuerdo de Paz, sirve para que los máximos responsables de violaciones de derechos humanos rindan cuentas en Colombia, pero solo aplica en casos excepcionales para excombatientes de las Farc que se hayan sometido a la JEP. Desde que esa justicia inició labores, 67 personas han usado el recurso buscando frenar sus extradiciones, pero solamente en un caso se ha otorgado: el del jefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández o Jesús Santrich, quien luego huyó y retomó las armas.
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La defensa de Otoniel considera que el jefe del Clan del Golfo cumple con los requisitos para que la JEP suspenda su extradición. El primero es que los crímenes cometidos tengan relación con el conflicto armado. El narcotráfico, dice el documento, hacía parte de la “economía de guerra” de esta organización criminal. El segundo, que los delitos hayan sido cometidos previo a la firma del Acuerdo de Paz. Según su defensa, “de las diferentes sentencias penales en contra del señor Úsuga David, así como del prontuario criminal se colige de forma clara e inequívoca que la gran mayoría de las conductas fueron cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016″.
El último es que se trate de un excombatiente o alguien que esté siendo investigado o acusado por nexos con las Farc. Si bien se sabe que Otoniel hizo parte de esta extinta guerrilla, también pasó por el Epl, por las Autodefensas y grupos herederos del paramilitarismo. Y, para demostrar que también cumpliría con este requisito, la defensa del jefe del Clan del Golfo echó mano de las decisiones judiciales en su contra. En concreto, de un fallo que en 2014 lo expulsó de Justicia y Paz, el sistema creado para investigar y juzgar a los paramilitares.
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“En dicha decisión la expulsión se sustenta en la previa pertenencia del señor Úsuga a grupos armados diferentes a los que fueron objeto de la desmovilización en ese momento. Igual escenario dibuja el informe de la Fiscalía aportado al interior del mismo proceso”, señaló la defensa de Otoniel. Se refieren a que, en su momento, la Fiscalía presentó un informe de las andanzas del grupo que para entonces era conocido como Clan Úsuga, liderado por Otoniel y su hermano, quienes habían faltado a sus compromisos con Justicia y Paz y se encontraban delinquiendo de nuevo.
¿Tiene futuro?
El documento aseguraba, además, que el grupo se había fortalecido y había entrado en una nueva fase. “Durante este periodo de reestructuración (2009-2014), los hermanos Úsuga David establecieron nuevas alianzas estratégicas con la Fuerza Pública, funcionarios públicos regionales también con bandas delincuenciales locales, otros grupos de crimen organizado, carteles internacionales y hasta con los grupos guerrilleros de las Farc, el Eln y la facción disidente del Epl por cuanto ya no los impulsaba ningún argumento contrainsurgente”.
Ahora bien, la Sección de Revisión tendrá que considerar que Otoniel pidió entrar a la JEP como un tercero financiador y auspiciador del conflicto, no como excombatiente de las Farc. Fuentes que saben del sistema transicional señalaron que ya en el pasado esa sala de la JEP ha negado garantías de no extradición con argumentos que ya ha conocido en otros casos. Tal fue el caso de los socios de Santrich en el negocio de envío de cocaína que llevó a su captura: Armando Gómez y Fabio Younes. Los dos dijeron que, como Estados Unidos había asegurado en el indictment (acusación) en su contra que eran parte de las extintas Farc, era suficiente evidencia. La JEP, sin embargo, concluyó que no.
Así las cosas, Otoniel está jugado en la JEP para que lo acepten y para que frenen su extradición que, de paso está avanzado a pasos acelerados, según sus abogados, en la Corte Suprema de Justicia. Esta nueva solicitud del jefe del Clan del Golfo se suma a un contexto de extrema preocupación pues, tanto la JEP, como la Comisión de la Verdad, han denunciado que no han tenido las garantías para entrevistarlo en el sitio de reclusión en el que se encuentra. Además, el pasado sábado 19 de febrero, la Comisión denunció que fueron robadas las grabadores en donde el investigador del caso había guardado las entrevistas con Otoniel.
Víctimas de los casos en los que Otoniel podría dar luces han pedido que no lo extraditen, pues quieren saber todo lo que pueda decir sobre la guerra. Por su parte, él mismo ha insistido en que quiere contribuir con la construcción de la paz y la verdad y que tiene una motivación genuina para hacerlo. Falta ver si él seguirá dispuesto a prender el ventilador desde una celda norteamericana.
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