Padres de un colegio de Cali terminaron investigados tras denunciar acoso

Mientras crecen las denuncias por posibles acosos sufridos por exalumnas del colegio Mary Mount en Bogotá, en otro prestigioso colegio de Cali a personas que han denunciado hechos similares ya comienza a pasarles factura su decisión de alzar la voz. Se trata del colegio Luis Horacio Gómez, de pedagogía Waldorf, ubicado al sur de la capital del Valle del Cauca. Allí una pareja de padres de familia denunció la relación que sostuvo un profesor con una exalumna. Aunque el colegio tomó medidas, la justicia se puso del lado del docente y ahora son los padres de familia los que están en problemas.

Mientras crecen las denuncias por posibles acosos sufridos por exalumnas del colegio Mary Mount en Bogotá, en otro prestigioso colegio de Cali a personas que han denunciado hechos similares ya comienza a pasarles factura su decisión de alzar la voz. Se trata del colegio Luis Horacio Gómez, de pedagogía Waldorf, ubicado al sur de la capital del Valle del Cauca. Allí una pareja de padres de familia denunció la relación que sostuvo un profesor con una exalumna. Aunque el colegio tomó medidas, la justicia se puso del lado del docente y ahora son los padres de familia los que están en problemas.

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Todo se remonta a 2019, cuando Mónica Castaño y Fernando Gómez denunciaron ante el rector del colegio Luis Horacio Gómez que su hija era acoso por parte de un profesor. La institución activó el protocolo que tenía para ese tipo de casos, que incluía convocar al comité de convivencia, presidido por el profesor de ética Ismael Cortés. Dos años más tarde se enteraron que el propio Cortés había tenido una relación con una alumna. De nuevo, denunciaron y el docente fue despedido. Pero un juez ordenó reintegrarlo y ahora la Fiscalía está investigando a los padres por injuria.

El 30 de marzo de 2021, Cortés y Gómez le enviaron una carta al consejo directivo del colegio Waldorf y al consejo de padres. Reprochaban que el profesor Ismael Cortés, quien tuvo la responsabilidad de recibir la denuncia sobre su hija, tuviera él también una relación con una alumna. “No obstante encontrarse en condición de impedimento ético y moral para atender esta situación, fue Ismael quien recibió información a través del rector y de mi esposa del caso de nuestra hija; en él depositamos nuestra confianza para compartir información confidencial que suponía expresar el dolor y los sentimientos que nos implicó la situación”, escribieron en ese momento.

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“Ismael se mantuvo al frente de la diligencia y guardó silencio omitiendo su participación (y) responsabilidad”, añadieron los padres de familia. La carta de Mónica Castaño y Fernando Gómez echó a andar un proceso disciplinario en contra del profesor Ismael Cortés a toda máquina: el 5 de abril le dijeron que sería escuchado en descargos al día siguiente, el 7 lo suspendieron del cargo por una semana y, antes de que pudiera regresar, lo desvincularon formalmente el 12 del mismo mes. El fallo disciplinario halló que la conducta del profesor vulneraba “la moral y las buenas costumbres”.

Tras salir despedido del colegio, el profesor Cortés acudió a la justicia. Pero no demandó ante un juez laboral, sino que interpuso una tutela. En primera instancia no tuvo suerte, sin embargo, en segunda, le dieron la razón. El fallo del Juzgado 18 Civil del Circuito de Cali concluyó: que la sanción impuesta “resulta violatoria del debido proceso, por estar apoyada en una normatividad que desconoce la autonomía de las decisiones de las personas mayores de edad, se inmiscuye en la intimidad de docentes y estudiantes mayores de edad y vulnera la presunción de inocencia del actor (demandante)”.

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La jueza ordenó que el docente fuera reintegrado y le reconocieran los salarios que dejó de percibir. Según el fallo, como la estudiante con la que Cortés sostuvo una relación era mayor de edad para el momento de los hechos, no había algo reprochable. La funcionaria judicial echó mano de una sentencia de la Corte Constitucional en la que el alto tribunal dijo que los colegios no podían prohibir las relaciones o demostraciones de afecto entre estudiantes por ser “entre iguales”. Pues bien, para la jueza, el profesor Cortés y la exalumna eran “iguales” porque ella era mayor de 18 años.

El colegio le había contestado a la jueza de tutela: “¿Quién garantiza que no se ofrecieron favores académicos? ¿Quién garantiza que el docente no preparó psicológicamente a la estudiante años atrás? ¿Quién garantiza que la estudiante no esté siendo engañada? ¿Quién garantiza que la relación no traspasó el límite legal y se convirtió en acoso o violencia sexual?”. Pero para la jueza, el profesor Ismael Cortés y su alumna eran mayores de edad, así que no había algo “indiscreto” que pudiera justificar que al profesor lo echaran.

El fallo levantó ampolla. Pero le cayó como anillo al dedo a Cortés, quien denunció penalmente a los padres de familia que lo habían echado al agua: Mónica Castaño y Fernando Gómez. La Fiscalía inició una investigación en su contra y, como es costumbre, citó a una audiencia de conciliación a la pareja y al docente. Según el acta de esa diligencia, que tuvo lugar el 24 de febrero de 2022, el proceso nació “con ocasión a las imputaciones deshonrosas generadas cuando era docente del colegio Waldorf Luis Horacio Gómez endilgándole presuntamente el delito de injuria y calumnia”.

El acta no es muy extensa, pues la diligencia se detuvo al poco tiempo de haber iniciado. “Como quiera que, previamente escuchadas las partes y en aras de garantizar los derechos fundamentales de las partes, procede reprogramar esta diligencia”, finaliza el documento, en el que se evidencia que el profesor Cortés acudió acompañado de su abogado. Mientras que Castaño y Gómez llegaron solos. Según supo este diario, eso fue lo que llevó a que se suspendiera la conciliación: que la pareja necesitaba asesorarse de un abogado antes de aceptar las condiciones que les impuso el docente de Ética.

Todavía queda mucho por esclarecer en este expediente de posible acoso sexual en el prestigioso colegio Waldorf de Cali, que se suma a las más de 20 denuncias de exalumnas del Mary Mount de Bogotá. Sin embargo, el panorama es mucho más preocupante, pues según cifras del Ministerio de Educación, desde 2018 hasta febrero de 2022, se han denunciado 876 casos de acoso, de los cuales 127 han sido archivados, 684 están en investigación y apenas 65 han sido sancionados. Este caso sobresale, no obstante, porque los que alzaron su voz contra el acoso terminaron emproblemados.

Tras conocerse las denuncias de esta semana, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, dio esta declaración:

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