El Estado colombiano es patrimonialmente responsable de la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa en el holocausto del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Así lo acaba de determinar el Consejo de Estado en una decisión en la que resalta que la culpa de la tragedia es compartida entre la guerrilla del M-19 y el Ministerio de Defensa, por “la omisión en el cumplimiento de los deberes de seguridad y protección del Estado y por el uso excesivo y desproporcionado de las fuerzas del orden durante la retoma”.
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La Subsección C de la Sección Tercera del alto tribunal declaró que la muerte del magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en los trágicos hechos se debió a “causas concurrentes”. Por una parte, dice el Consejo de Estado, estuvo “la toma irracional, violenta, indiscriminada y terrorista del Palacio de Justicia por parte del grupo subversivo M-19 - quienes irrumpieron inconvencional y violentamente en la sede judicial, retuvieron como rehenes a magistrados y funcionarios, los utilizaron como escudos humanos y accionaron cargas explosivas al interior del recinto”.
Por otra parte, determinó la justicia, hubo una “omisión en el cumplimiento de los deberes de seguridad y protección del Estado y por el uso excesivo y desproporcionado de las fuerzas del orden durante la retoma”.
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En su determinación, el alto tribunal resaltó que la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 no puede ser interpretada como una hazaña política ni como un acto de rebeldía heroica “sino más bien esta constituyó tal vez la afrenta más grave al Estado de Derecho desde la fundación de la República”. Para el Consejo de Estado, el holocausto fue “la amenaza más decidida contra la institucionalidad democrática y contra la majestad de la justicia, piedra angular de la estabilidad social y de lo que une a los colombianos como Nación”.
El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación, representada por el Ministerio de Defensa, y la condenó al pago de “perjuicios morales y lucro cesante a favor de los familiares del magistrado auxiliar fallecido”. Asimismo, la Subsección ordenó “publicar la providencia en un medio de amplia circulación y realizar un acto público de perdón, en el que, con el propósito de contribuir a la Verdad, se dé lectura al fallo”.
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De la misma manera, el alto tribunal invitó al Ministerio de Defensa que, además de pagar, adelante todas las acciones judiciales que considere pertinentes “en contra del M-19 como organización o colectivo, los autores por responsabilidad de mando y/o los directos perpetradores en la proporción causal en que contribuyeron a producir el daño, en tanto el movimiento subversivo con el ataque a la sede judicial contribuyó causalmente en la muerte del magistrado auxiliar”.
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