El paramilitarismo en Colombia no puede entenderse como un fenómeno localizado en una región específica ni como una respuesta aislada a la insurgencia. Su origen está ligado a una compleja confluencia de intereses políticos, económicos y sociales en medio de contextos de violencia generalizada. Tal como lo señaló la Comisión de la Verdad en 2022, no se trata únicamente de una estructura armada, sino de “un entramado de intereses y alianzas asociado a proyectos económicos, sociales y políticos”. En ese sentido, el paramilitarismo surgió como una forma de acción contrainsurgente, pero también como un mecanismo de control territorial y social con múltiples actores involucrados.
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Esta lectura histórica ha sido reforzada por expertos que han estudiado el fenómeno en perspectiva comparada. En diálogo con El Espectador, Alejandro Valencia, comisionado de la Comisión Verdad, señaló que uno de los hallazgos centrales del informe es que “no se le puede endilgar a un solo actor” ni a una región específica, pues el paramilitarismo fue “un sinnúmero de relaciones que se fueron tejiendo” entre élites políticas, narcotraficantes, fuerza pública y actores locales en todo el país. Esa configuración, que varió en el tiempo y en los territorios, refuerza la idea de un entramado nacional. Incluso en sus primeras expresiones, más que un origen localizado, hubo múltiples focos simultáneos que respondieron a dinámicas de poder.
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Entre los analistas del conflicto armado o historiadores, existe el consenso de reconocer que, incluso antes de la irrupción de los grupos guerrilleros en los años 60, ya existían expresiones de violencia que hoy pueden interpretarse como antecedentes del paramilitarismo. Durante la violencia partidista, grupos como los “pájaros”, los “chulavitas” o los “limpios” ejecutaron prácticas de persecución, despojo de tierras y eliminación de opositores. Estas acciones, aunque no estaban formalizadas como estructuras paramilitares, compartían lógicas similares de guerra sucia. Con la consolidación de los grupos insurgentes, estas dinámicas se reconfiguraron y dieron lugar a nuevas formas de respuesta desde el Estado y el poder.
En 1962, ocaso del gobierno liberal de Alberto Lleras Camargo, el Ejército diseñó el Plan de Operaciones Lazo, un documento que buscaba enfrentar las primeras manifestaciones insurgentes mediante acciones militares y civiles. Este plan incluyó estrategias de inteligencia y logística para intervenir territorios considerados focos de subversión. Su objetivo era eliminar a los llamados “bandoleros” y prevenir la expansión de grupos armados. En ese contexto sociopolítico, comenzó a consolidarse una visión de seguridad nacional que integraba a distintos actores en la lucha contra la insurgencia, sentando las bases de futuras alianzas entre civiles y fuerzas militares.
Luego, durante el gobierno conservador de Guillermo León Valencia, el Estado de Sitio permitió la expedición de normas orientadas a fortalecer la defensa nacional. Influenciadas por la doctrina anticomunista impulsada desde Estados Unidos, estas políticas consolidaron la idea del “enemigo interno”. En ese marco, se promovió la acción cívico-militar como una estrategia para enfrentar a las guerrillas. Esta concepción no solo involucró a las Fuerzas Armadas, sino también a sectores civiles, económicos y políticos, ampliando el espectro de actores en la confrontación. Así, se institucionalizó una lógica de cooperación que abriría la puerta a formas más difusas de participación armada.
Dos normas resultaron clave en este proceso: el decreto 1381 de 1963, que creó el Comité Nacional de Acción Cívico Militar, y el decreto 3398 de 1965, que organizó la defensa nacional. Este último estableció la obligación de ciudadanos y empresas de colaborar con la lucha contrainsurgente. Además, permitió que civiles accedieran a armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, con autorización estatal. Esta disposición representó un punto de inflexión, pues legitimó la participación armada de actores no estatales. Más tarde, en el gobierno liberal de Carlos Lleras Restrepo, a través de la ley 48 de 1968 estos y otros decretos se convirtieron en legislación permanente. Solo hasta 1989 la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional desde la convicción de que se había convertido en una fachada para el paramilitarismo.
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Sin embargo, cuando el alto tribunal adoptó esa decisión en medio del embate del narcoparamilitarismo en 1989, mucha sangre ya había corrido en los territorios sin suficiente claridad respecto de sus orígenes. Durante las décadas previas, el Estado de Sitio otorgó amplios poderes a las Fuerzas Armadas, especialmente en materia judicial, lo que facilitó prácticas extralegales. Gobiernos como los de Misael Pastrana y Alfonso López enfrentaron un crecimiento sostenido de la insurgencia, mientras se fortalecían respuestas contrainsurgentes cada vez más agresivas. En ese contexto, la falta de controles efectivos permitió la expansión de estructuras armadas ilegales que operaban con distintos niveles de tolerancia institucional.
El Estatuto de Seguridad de 1978, promulgado durante el gobierno de Julio César Turbay, profundizó estas dinámicas al otorgar mayores facultades a las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia. Aunque buscaba contener la expansión guerrillera, no logró reducirla y, por el contrario, coincidió con el aumento de acciones contrainsurgentes. En el discurso oficial predominó el negacionismo frente a la existencia del paramilitarismo, incluso al punto de referirse a estos grupos como “los mal llamados paramilitares”. Esta postura dificultó el reconocimiento del fenómeno y retrasó las respuestas institucionales frente a su crecimiento y agresividad.
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Hasta que sobrevino un capítulo de violencia que mostró el calibre del dilema no resuelto. A finales de 1981 fue secuestrada por el M-19 en Medellín la estudiante Martha Nieves Ochoa Vásquez, hermana de Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vásquez, tres narcotraficantes y aliados de un adinerado personaje que posaba como político y benefactor público: Pablo Escobar Gaviria. Este grupo no solo persiguió a insurgentes, sino también a abogados y líderes de izquierda. La creación del MAS evidenció la consolidación de una justicia privada armada, con respaldo económico y conexiones con sectores de poder. Su accionar dejó en evidencia la existencia de estructuras paralelas que operaban al margen de la ley.
El MAS se expandió rápidamente y se convirtió en símbolo de la guerra sucia en Colombia. En medio de la alarma social, fue Gabriel García Márquez desde las páginas de El Espectador, quien llamó las cosas por su nombre: “El MAS es un grupo organizado para combatir acciones políticas con métodos ilegales y matar a los opositores del sistema”. Con el cambio de gobierno, llegó Belisario Betancur, con su política de promover diálogos de paz. El primer obstáculo fue justamente la acción del MAS. Betancur le pidió al procurador Carlos Jiménez desenmascarar esta organización, y su informe divulgado en 1983 provocó una crisis, al vicular dineros del narcotráfico y el apoyo de oficiales de las Fuerzas Armadas a esta estructura de violencia.
A finales de la década de 1980, la violencia se intensificó en medio de la expansión del paramilitarismo y el narcotráfico. La elección popular de alcaldes en 1988 desencadenó ataques contra la Unión Patriótica. En respuesta, el gobierno de Virgilio Barco expidió el Estatuto para la Defensa de la Democracia con el deliberado propósito de fortalecer el Estado en su lucha conjunta contra los grupos guerrilleros, el paramilitarismo y el narcotráfico. La norma permitió la creación de los jueces de orden público, y una de esas funcionarias, la juez Martha Lucía González, reveló a la justicia el modus operandi de una de las organizaciones del paramilitarismo.
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La jueza González constató que a través de la fachada de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), se estructuró una organización paramilitar, con el respaldo de unidades militares y de policía, el apoyo de funcionarios públicos y los dineros de tres capos de la droga: Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Fidel Castaño. La juez tuvo que salir exiliada y, como no pudieron matarla, asesinaron a su padre, Álvaro González, y a la jueza María Helena Díaz. La justicia reaccionó creando una comisión de investigadores para esclarecer el foco de paramilitarismo, y doce integrantes de esa comisión judicial fueron asesinados en la masacre de La Rochela en enero de 1989.
Ese fue el preámbulo de un año aterrador en el que el narcoparamilitarismo desbordó sus cauces. En medio de magnicidios, carrobombas y masacres fue que la Corte Suprema declaró inexequibles los decretos y normas de los años 60 que habían involucrado a civiles en la acción de defensa de los territorios. Tras el asesinato de Luis Carlos Galán en agosto de 1989, el gobierno Barco admitió en el Congreso la existencia de esos grupos de justicia privada, en medio de revelaciones de alto calibre, como la contratación de mercenarios israelíes, británicos y sudafricanos para entrenar a esas organizaciones en el Magdalena Medio. Sin embargo, con la irrupción del gobierno de César Gaviria, la prioridad fue enfrentar a Pablo Escobar.
Entonces, en medio de la ofensiva oficial, surgió el paramilitarismo para contener al más incorregible. Los antiguos aliados de Escobar se unieron bajo la organización clandestina de Los Pepes, que decidieron enfrentar al capo del cartel de Medellín con sus mismas armas. Por cada atentado de Escobar, ocurrió un asesinato de sus allegados. Al final el capo murió baleado en diciembre de 1993 en el tejado de una casa de Medellín, y aunque la Policía se atribuyó la acción y todo el esquema de ofensiva contra el capo, tras bambalinas también ganaron Los Pepes, que no fueron otros que la Casa Castaño, el cartel de Cali y otros asociados del narcoparamilitarismo.
Antes de concluir el gobierno Gaviria se expidió el decreto ley 356 de 1994 que, bajo el contexto de la seguridad privada, permitió la creación de las Cooperativas de Seguridad Rural (Convivir). En pocas palabras, reeditó la ya conocida fachada de protección legal al paramilitarismo. La norma fue reglamentada en el gobierno Samper y algunos Pepes y otros aliados pasaron a ser un componente del Estado en su lucha contrainsurgente. Dos años después, la Corte Constitucional les puso unas condiciones que no pudieron cumplir, pero ya habían mutado al ritmo de la guerra a una expresión mucho más violenta. Para 1997, Carlos Castaño concretó la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En ese momento quedó claro que el paramilitarismo tenía expresiones de violencia en distintas regiones, con las posibilidades de incidir en los destinos de los municipios a través de la cooptación de recursos y las alianzas con políticos. Su crecimiento coincidió con un aumento significativo de la violencia. Según el informe “¡Basta ya!” del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1996 y 2005 se alcanzaron los niveles más altos de victimización. El paramilitarismo, organizado en bloques regionales, fue responsable de gran parte de las masacres y desplazamientos. Su capacidad de incidir en la política local y en la economía consolidó su poder en amplias zonas del país.
Por eso, y en medio de estas complejidades, hay datos claves para resaltar. Por ejemplo, que se trató de un fenómeno nacional, y que “reducirlo a una región es una simplificación de un contexto supremamente difícil”, como lo explicó Gustavo Duncan, doctor en Ciencias Políticas y miembro del grupo de expertos, académicos e historiadores que integraron la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. En esa misma línea, Juan Ugarriza Uribe, profesor del Rosario y miembro del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Conflicto y Paz, insistió en que nunca se trató de un fenómeno con una cuna regional, sino “una decisión de Estado con sus tres poderes públicos aprobando que los civiles hicieran parte del conflicto”.
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Estas mismas advertencias las explicó Andrés Macías, doctor en Estudios de Paz y Conflicto y profesor de la Universidad Externado. Para el experto, la idea de ubicar el paramilitarismo en una sola región desconoce su carácter desigual y extendido: “Este fenómeno no se puede reducir a un solo departamento”. Entre otras razones porque “tampoco ocurrió de la misma manera ni al mismo tiempo en todo Antioquia”, puntualizó Macías en diálogo con este diario. A su juicio, esa asociación responde más a disputas políticas que a evidencia histórica, en la medida en que la visibilidad de ciertos territorios ha distorsionado la comprensión del fenómeno, que en realidad se desarrolló con lógicas similares en distintas regiones del país.
Por su parte, el comisionado Alejandro Valencia señaló que muchas de las interpretaciones actuales parten de lecturas incompletas o interesadas de la historia, que omiten la complejidad de los actores involucrados. En su análisis, el problema no es solo de interpretación, sino de uso: el paramilitarismo ha sido explicado como si respondiera a una única lógica, cuando en realidad fue “un sinnúmero de relaciones que se fueron tejiendo” entre distintos sectores. Esa simplificación, advierte, facilita que el fenómeno sea utilizado en el debate público sin atender a su verdadera dimensión histórica y estructural.
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Al respecto, el profesor Juan Ugarriza agregó que en estas disputas por la historia también está en juego el uso selectivo de la memoria del conflicto: “Se usan de manera selectiva cosas que son reales (…) pero se utilizan como arma arrojadiza, editando el contexto”. En ese proceso, agrega, “esas medias verdades terminan siendo mentiras”, en la medida en que se omiten elementos fundamentales del contexto histórico. Para Ugarriza, esta práctica no busca necesariamente esclarecer el pasado, sino posicionar narrativas que resultan funcionales a disputas políticas actuales. Por eso, concluye el experto, en lugar de contribuir a una comprensión más amplia, el uso político de la historia termina reduciendo su alcance y complejidad.
En 2002, de un proceso de paz fallido con las Farc en la era Pastrana y de violencia desbordada, el gobierno Uribe optó por una cuestionada negociación con el paramilitarismo que permitió la expedición de la ley de Justicia y Paz. Y como estaba anunciado, en medio de los reclamos de las víctimas de estas organizaciones, empezaron a aflorar verdades que, como un iceberg, por lógica se volvieron contra el Estado, las Fuerzas Armadas y la clase política. El escándalo de la parapolítica confirmó lo que la sociedad se negaba a aceptar: que, en muchas regiones de Colombia, el paramilitarismo había crecido al amparo de las autoridades civiles y militares, los dirigentes políticos y otros sectores del poder económico y social.
En la otra orilla de la guerra, las Farc optaron por una negociación de paz con el gobierno Santos, con suficientes evidencias de que también incurrieron en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. La Justicia Especial de Paz (JEP) hoy se encarga de mostrar al país el alcance de esa violencia y trata de llegar al fondo de las verdades del paramilitarismo y de las Fuerzas Armadas en la misma guerra. Pero hoy, casi 70 años después del comienzo del actuar insurgente y de la reacción antisubversiva, es claro que, para ir a la génesis de ambas expresiones de violencia contra la población civil no combatiente, más que en territorios específicos, hay que buscar en las entrañas del poder político, económico y social para identificar los detonantes.
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