Paro Nacional: 23 organizaciones piden a la CIDH que visite Colombia

“Las organizaciones que suscribimos la presente comunicación constatamos con indignación, temor e impotencia que la violencia estatal no cesa y se ha ensañado contra sectores organizados y movilizados, la mayoría juveniles. Además de las valiosas acciones que la Comisión ha realizado en llamamiento al cese de la violencia, respeto y garantías a la protesta social y seguimiento a sus estándares, consideramos que dado el escalamiento de la situación se requieren otras acciones, como una visita in loco en la que se puedan documentar en terreno las denuncias de las víctimas y procesos organizativos afectados”. (Presidente Duque se reunirá este jueves con magistrados de Altas Cortes)

Con esas palabras, 23 organizaciones de derechos humanos de todo el país se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitarle al organismo internacional que haga presencia en el país. “Queremos reiterar el incremento del autoritarismo y la cooptación de los mecanismos de rendición de cuentas”, señalaron los firmantes de la carta, pues, en su criterio, la Fiscalía y la Procuraduría “han evidenciado un comportamiento asimétrico y parcializado en la investigación de los hechos que alteran la protesta, enfocada en la investigación de denuncias de agentes estatales y omitiendo, al igual que en ocasiones anteriores, sus funciones en relación con las denuncias de agresiones a los manifestantes”.

En la misiva, la Defensoría del Pueblo, tan criticada estos últimos días, tampoco salió bien librada: “Por su parte, el Defensor del Pueblo ha incumplido sus obligaciones de acompañar el ejercicio de derechos en las marchas y sus funciones de garante de los derechos de la población”. Y agregaron: “De igual forma, notamos la ausencia de mecanismos en torno a la rendición de cuentas, registro y publicidad de las actividades de los operativos que permitan establecer responsabilidades posteriores. Por tal razón, consideramos conveniente impulsar y conformar un Grupo Especial de Investigación”. (¿Quién da las órdenes a militares y policías en el Paro Nacional? El presidente Duque)

El papel de organismos como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han sido duramente criticados en los últimos días por quienes, principalmente, defienden el derecho a la protesta. La Fiscalía, por ejemplo, solo hasta hoy 5 de mayo estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cali con independencia de la fuerza pública, a pesar de que, desde el tercer día de protestas, era evidente que la capital del Valle era el epicentro de los mayores desmanes tanto de vandalismo como de militares y policías que han sido enviados a la ciudad.

En su primer gran pronunciamiento sobre el tema del paro, que lo dio ayer 4 de mayo, el fiscal Francisco Barbosa aseguró que detrás de las movilizaciones en Cali hay narcotráfico, Eln y disidencias de las Farc. El Espectador preguntó a la Fiscalía qué soportes, evidencias o imputaciones hay para hacer esas aseveraciones pero, hasta el momento, no ha habido respuesta. En ese pronunciamiento, sin embargo, el fiscal no se refirió en lo absoluto a investigaciones, por ejemplo, por abusos de la fuerza pública en contra de la población civil.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, fue duramente criticado por su notoria ausencia el pasado fin de semana, mientras las movilizaciones subían de tono, los hechos de vandalismo aumentaban y los desencuentros entre manifestantes y uniformados también empezaban a dejar más saldos en rojo. Camargo, incluso, tuvo que salir a medios de comunicación a tratar de desmentir la versión de que se había ido a una casa de descanso cerca de Bogotá. Esta semana, sin embargo, tanto esa entidad como la Procuraduría se han mostrado un poco más involucradas en la realidad nacional, al punto que ya anuncian cuando menos indagaciones preliminares (el Ministerio Público) y sacan listados de reportes de personas desaparecidas (la Defensoría).

El panorama, sin embargo -y más allá de las omisiones de esas entidades estatales- sigue siendo muy complicado en el país. Por eso organizaciones como Dejusticia, Colombia Diversa, la Comisión Colombiana de Juristas, Sisma Mujer, dhColombia, Católicas por el Derecho a Decidir, Corporación Reiniciar o Women’s Link Worldwide piden la presencia de delegados de la CIDH en el país. El Grupo Especial de Investigación que proponen, dicen, debería hacerse cargo de casos de “violaciones a derechos humanos y graves crímenes cometidos por la fuerza pública en entornos de protesta y manifestaciones sociales que abarque los hechos de los últimos tres años”.

“Las organizaciones que suscribimos la presente comunicación constatamos con indignación, temor e impotencia que la violencia estatal no cesa y se ha ensañado contra sectores organizados y movilizados, la mayoría juveniles. Además de las valiosas acciones que la Comisión ha realizado en llamamiento al cese de la violencia, respeto y garantías a la protesta social y seguimiento a sus estándares, consideramos que dado el escalamiento de la situación se requieren otras acciones, como una visita in loco en la que se puedan documentar en terreno las denuncias de las víctimas y procesos organizativos afectados”. (Presidente Duque se reunirá este jueves con magistrados de Altas Cortes)

Con esas palabras, 23 organizaciones de derechos humanos de todo el país se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitarle al organismo internacional que haga presencia en el país. “Queremos reiterar el incremento del autoritarismo y la cooptación de los mecanismos de rendición de cuentas”, señalaron los firmantes de la carta, pues, en su criterio, la Fiscalía y la Procuraduría “han evidenciado un comportamiento asimétrico y parcializado en la investigación de los hechos que alteran la protesta, enfocada en la investigación de denuncias de agentes estatales y omitiendo, al igual que en ocasiones anteriores, sus funciones en relación con las denuncias de agresiones a los manifestantes”.

En la misiva, la Defensoría del Pueblo, tan criticada estos últimos días, tampoco salió bien librada: “Por su parte, el Defensor del Pueblo ha incumplido sus obligaciones de acompañar el ejercicio de derechos en las marchas y sus funciones de garante de los derechos de la población”. Y agregaron: “De igual forma, notamos la ausencia de mecanismos en torno a la rendición de cuentas, registro y publicidad de las actividades de los operativos que permitan establecer responsabilidades posteriores. Por tal razón, consideramos conveniente impulsar y conformar un Grupo Especial de Investigación”. (¿Quién da las órdenes a militares y policías en el Paro Nacional? El presidente Duque)

El papel de organismos como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han sido duramente criticados en los últimos días por quienes, principalmente, defienden el derecho a la protesta. La Fiscalía, por ejemplo, solo hasta hoy 5 de mayo estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cali con independencia de la fuerza pública, a pesar de que, desde el tercer día de protestas, era evidente que la capital del Valle era el epicentro de los mayores desmanes tanto de vandalismo como de militares y policías que han sido enviados a la ciudad.

En su primer gran pronunciamiento sobre el tema del paro, que lo dio ayer 4 de mayo, el fiscal Francisco Barbosa aseguró que detrás de las movilizaciones en Cali hay narcotráfico, Eln y disidencias de las Farc. El Espectador preguntó a la Fiscalía qué soportes, evidencias o imputaciones hay para hacer esas aseveraciones pero, hasta el momento, no ha habido respuesta. En ese pronunciamiento, sin embargo, el fiscal no se refirió en lo absoluto a investigaciones, por ejemplo, por abusos de la fuerza pública en contra de la población civil.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, fue duramente criticado por su notoria ausencia el pasado fin de semana, mientras las movilizaciones subían de tono, los hechos de vandalismo aumentaban y los desencuentros entre manifestantes y uniformados también empezaban a dejar más saldos en rojo. Camargo, incluso, tuvo que salir a medios de comunicación a tratar de desmentir la versión de que se había ido a una casa de descanso cerca de Bogotá. Esta semana, sin embargo, tanto esa entidad como la Procuraduría se han mostrado un poco más involucradas en la realidad nacional, al punto que ya anuncian cuando menos indagaciones preliminares (el Ministerio Público) y sacan listados de reportes de personas desaparecidas (la Defensoría).

El panorama, sin embargo -y más allá de las omisiones de esas entidades estatales- sigue siendo muy complicado en el país. Por eso organizaciones como Dejusticia, Colombia Diversa, la Comisión Colombiana de Juristas, Sisma Mujer, dhColombia, Católicas por el Derecho a Decidir, Corporación Reiniciar o Women’s Link Worldwide piden la presencia de delegados de la CIDH en el país. El Grupo Especial de Investigación que proponen, dicen, debería hacerse cargo de casos de “violaciones a derechos humanos y graves crímenes cometidos por la fuerza pública en entornos de protesta y manifestaciones sociales que abarque los hechos de los últimos tres años”.