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La Procuraduría formuló pliego de cargos al senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, por presuntamente haber responsabilizado a cuatro uniformados de la Policía de torturar a varios jóvenes que habían sido detenidos durante las protestas del Paro Nacional en el norte de Cali. Los hechos ocurrieron el 30 de abril de 2021, cuando los jóvenes eran trasladados a un centro de protección.
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Ese día el senador del Pacto Histórico siguió un furgón de la Policía en donde eran transportados varios jóvenes que, a su juicio, habían sido detenidos de manera irregular. Luego, presuntamente responsabilizó a los uniformados encargados, es decir, al comandante de escuadra; un intendente; y dos patrulleros, de torturarlos.
Para el Ministerio Público, con esta acción el senador pudo proferir expresiones que iban en contra del buen nombre y la intimidad de los policías, lo que afectó su reputación y estaba en contravía de su deber como servidor público el deslegitimar a funcionarios que hacen parte del Estado.
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Además, el Ministerio Público le reprochó al senador Arias la posible infracción al principio de moralidad al atribuir a los policías el delito de tortura. “Circunstancia en la que no participaron, lo que constituyó un comportamiento provisto de ilicitud sustancial, sin que aparentemente exista justificación alguna para que investido de su dignidad hubiera procedido de la manera en la que lo hizo”, explicó la Procuraduría.
El Paro Nacional del 2021 se detonó el 28 de abril como una oposición al proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno de Iván Duque, desencadenando protestas en todo el país durante meses. Un informe de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) reveló que en su momento se registraron 1.970 capturas en el contexto de las protestas, de las cuales, 1.685 fueron bajo la figura de flagrancia y 285 por orden judicial, así como, 18.501 traslados por protección, de los cuales 531 habrían sido relacionados con las protestas. Esto durante los primeros meses de protestas.
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El organismo internacional, además, documentó que en muchos de estos casos no se habrían respetado la protección de la libertad; ni se notificaron, en muchas ocasiones, las razones de la detención, hubo faltas de acceso a un abogado; sumado a la incomunicación con familiares y la falta de presencia del Ministerio Público durante los procedimientos. Algunas personas fueron recluidas sin que su detención constara en registros oficiales. El informe también menciona que, en ocasiones, fueron empleados lugares no oficialmente reconocidos y controlados para la protección de la libertad, donde hombres, mujeres y menores de edad estuvieron detenidos sin ninguna distinción.
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