Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Corte Constitucional rechazó dos recusaciones que habían sido presentadas en contra del magistrado Jorge Enrique Ibañez, dentro del estudio de la demanda contra la ley de paz total que le permite al gobierno del presidente Gustavo Petro negociar con bandas criminales, disidencias y guerrillas.
Lea además: Corte Constitucional se alista a estudiar expediente clave para la paz total
Aunque las recusaciones formuladas por Jomary Ortegón, Soraya Gutiérrez, Juan David Romero y Henry José Gallego, buscaban apartar del estudio de esta ley al magistrado por, supuestamente, filtrar la ponencia de este caso con la pide tumbar la norma. La Sala Plena de la Corte determinó que las recusaciones no cumplían los requisitos para darles trámite y las declaró impertinentes.
Igualmente, la sala compulsó copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Fiscalía y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que, en el ejercicio de sus funciones, investiguen la presunta difusión irregular de la ponencia.
El estudio de la ley de paz total en el alto tribunal fue declarado como de urgencia nacional en marzo de este año. En ese momento, la Corte Constitucional también tomó una decisión inédita: el alto tribunal podrá suspender leyes desde el principio de su estudio. “Lo anterior tiene sustento en la necesidad de garantizar la eficacia del principio de supremacía constitucional, con lo cual, en virtud de una reinterpretación de las facultades de la Corte para cumplir sus funciones de guardiana de la supremacía de la Constitución, se ajusta el precedente”, explica el concepto del tribunal.
Lea: Avances y retos de la Paz Total fueron presentandos al Consejo de Seguridad de ONU
El debate de la Corte Constitucional sobre este proyecto “bandera” del presidente Gustavo Petro tiene otro antecedente adicional. El pasado 31 de marzo, la procuradora, Margarita Cabello, en un concepto enviado a la Corte Constitucional, había pedido declarar inconstitucionales una serie de artículos de la ley, porque a pesar de que la norma que introdujo el Gobierno de Gustavo Petro para acercarse a grupos armados trata, desde luego, sobre seguridad ciudadana y el sistema judicial; el texto nunca fue consultado con la instancia del Estado encargada de analizar ese tipo de propuestas: el Consejo Superior de Política Criminal.
Lo que la coalición de gobierno ha denominado Paz Total se compone de tres ejes: el primero consiste en desactivar factores de violencia mediante procesos de paz y a través del sometimiento a la justicia; el segundo, está enfocado en proteger la vida; y, el tercero, propone lograr la paz social, lo que significa promover un modelo de convivencia ciudadana en el que los conflictos cotidianos se resuelvan
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
