En la noche del pasado 10 de agosto y la madrugada del 11 de agosto, el gobierno de Abelardo de la Espriella llevó a cabo su primer bombardeo en contra de grupos armados. La ofensiva militar tuvo lugar en el Catatumbo, específicamente en la zona rural de El Tarra (Norte de Santander). Según el Ejecutivo, la operación fue un éxito, porque murieron dos presuntos integrantes del Eln y se incautó material de guerra. Sin embargo, habría habido daños colaterales, pues campesinos resultaron heridos, al parecer, por el ataque de las Fuerzas Militares. Por eso, ahora piden a la Fiscalía investigar lo ocurrido.
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La petición la hace directamente la Defensoría del Pueblo, que a través de un comunicado dio a conocer que entre el 11 y 12 de agosto pasado realizó una misión de verificación de los hechos reportados en la vereda El Sinaí, del municipio de San Calixto, en límites con El Tarra. Según sus hallazgos, “hay tres personas civiles heridas como consecuencia del uso de explosivos en la vereda”.
En el documento, la entidad también resalta que “se recabó información de diversas fuentes según la cual, con posterioridad al bombardeo, en la vereda de El Sinaí habría habido desembarco de tropas de la fuerza pública”. Por lo cual, le pidieron a la Fiscalía “investigar los hechos y determinar quiénes fueron los responsables de las lesiones causadas a personas civiles”.
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Según se lee en el documento, “se deben adelantar las actuaciones correspondientes para que las autoridades judiciales competentes establezcan si la responsabilidad es de la fuerza pública o de un grupo armado ilegal”.
Tras las operaciones militares y las primeras denuncias de civiles heridos, desde el Ministerio de Defensa se aseguró que la operación militar se desarrolló contra una estructura del Eln y que se incautaron 1.5 toneladas de explosivos, 440 granadas adaptadas para drones y otros elementos de comunicación. Asimismo, el Ministerio detalló que fueron destruidos dos búnkeres y cinco áreas de campamento.
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Asimismo, dijeron que la operación se desarrolló bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario. “La operación fue planeada y ejecutada bajo los principios y normas aplicables del DIH, observando las reglas de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad, con especial énfasis en la protección de la población civil, las personas protegidas y sus bienes”, se lee en el comunicado emitido por la cartera el pasado 12 de agosto.
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