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En la última semana se conocieron por redes sociales fotos y videos de supuestas amenazas y torturas a campesinos en, por lo menos, tres departamentos. Este martes, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Felipe Harman solicitó formalmente a la Fiscalía que investigue las denuncias que se han hecho y aseguró que los casos tendrían relación con los predios que han sido entregados en el marco de la reforma agraria.
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De acuerdo con Harman, “son más de seis fincas a las que han llegado sujetos a amedrentar a os campesinos en tan solo una semana. No podemos pasar por alto lo que está sucediendo”. El director de la ANT aseguró que en las denuncias presentadas al ente investigador incluyó nombres propios de los presuntos responsables de las amenazas.
Asimismo, el funcionario aseguró que la entidad identificó que las acciones estarían ocurriendo sistemáticamente en tres partes del país: Meta, Magdalena y Córdoba. Específicamente, Harman habló del Magdalena Medio, asegurando que en al menos cuatro ocasiones campesinos fueron amenazados por mensajes de texto o por hombres armados que llegaban a sus predios para sacarlos.
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Por otra parte, dijo que en la madrigada del pasado 24 de junio en Puerto López (Meta) cuatro hombres armados llegaron a la finca La Primavera. “Los criminales torturaron y golpearon con machetes y palos a cuatro personas adultas y una menor de 14 años, quienes debieron ser trasladados de urgencia al hospital de Puerto López. Asimismo, incineraron la planta eléctrica, vehículos y enseres de la comunidad”, aseguró la ANT.
Por último, la entidad señaló que en Buenavista (Córdoba) hombres armados ingresaron al predio El Llano, adjudicado a una asociación campesina. “Los delincuentes advirtieron sobre el ingreso de 30 hombres armados por orden de un supuesto patrón identificado como César Augusto González Álvarez. Ante el inminente peligro, las familias campesinas abandonaron el territorio para salvaguardar sus vidas”, aseguró Harman.
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Asimismo, que el pasado 22 de junio, supuestamente, “integrantes de dos asociaciones campesinas fueron repelidos violentamente al intentar ingresar como beneficiarios al predio La Palmira en Pueblo Nuevo, (Córdoba) para realizar actividades productivas”.
Harman dijo que desde la ANT “queremos que la Fiscalía investigue estos hechos que no son asuntos menores, que se podrían incluso configurar como de lesa humanidad por el desplazamiento provocado”. Además, mientras avanzan las pesquisas, pidió protección para las familias afectadas.
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