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El representante a la Cámara, Juan Manuel Cortés Dueñas, formuló una queja contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y solicitó al procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, iniciar una investigación disciplinaria para establecer si el jefe de la cartera incurrió en omisión, negligencia o incumplimiento grave de sus funciones legales y constitucionales.
Cortés Dueñas señaló una presunta omisión en el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales del ministro frente a la grave crisis de seguridad que atraviesa el país. El congresista indicó que “durante el año 2025, el país ha experimentado un agravamiento sostenido de la situación de seguridad, evidenciado en cifras oficiales y reportes de entidades del Estado”.
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Entre las peticiones presentadas, Cortés Dueñas solicitó a la Procuraduría General de la Nación practicar las pruebas que considere pertinentes, “incluyendo requerimientos de información al Ministerio de Defensa”.
Entre los datos expuestos, el congresista mencionó el asesinato de más de 140 integrantes de la Fuerza Pública, “cifra que duplica la del año anterior y convierte a 2025 en uno de los años más letales para militares y policías en la última década”. Asimismo, señaló más de 400 ataques contra uniformados, así como 580 casos de terrorismo registrados entre enero y octubre del año en curso.
El representante también hizo referencia a los paros armados como los decretados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc. Según indicó Cortés Dueñas, estos paros han implicado restricciones totales o parciales a la movilidad de la población civil, además de amenazas directas contra comerciantes, transportadores y ciudadanos.
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“Pese a la gravedad y persistencia de los hechos descritos, no se advierte una estrategia integral, efectiva y verificable liderada por el Ministerio de Defensa”, indicó el congresista, al asegurar que el jefe de la cartera no ha logrado contener la expansión de los grupos armados ni prevenir este tipo de acciones. Añadió que no se evidencia que el ministro haya garantizado la seguridad de la población civil.
Asimismo, el representante señaló que “la reiteración de los hechos, sumada a la magnitud de las cifras, permite inferir una posible omisión en el ejercicio del deber de dirección, coordinación, seguimiento y evaluación de la política de seguridad, atribuible al ministro de Defensa”.
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