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El Concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez radicó ante la Procuraduría General una queja disciplinaria en contra del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez. En la acción se manifiesta que el mandatario incurrió en una extralimitación de sus funciones por ordenar izar una bandera de la comunidad LGBTI en la sede de la Alcaldía.
Para el cabildante distrital, Hernández Suárez “ejerció arbitrariamente su autoridad” hecho por el cual pide que se le abra una investigación disciplinaria. En su concepto el alcalde desconoció el interés general al ubicar “la bandera arcoíris del colectivo homosexual, a la par de la de Colombia y la departamental”.
“El alcalde privilegia las ideologías propias de un grupo minoritario en particular, desconocimiento y discriminando a otros ciudadanos a quienes nunca se les ha dado la oportunidad de que sean izados sus símbolos en instalaciones oficiales”, precisó. (Ver Alcaldía de Bucaramanga iza bandera LGBTI en contra de la homofobia)
La bandera fue izada el pasado 29 de julio en rechazo a la homofobia, y matoneo en colegios hacia las personas lesbianas, gais, transgénero, bisexuales e intersexuales. La acción se hizo como parte de la posición de la Alcaldía “por la no discriminación y no exclusión” en la capital del departamento de Santander.
Hace dos semanas la diputada de Santander, Ángela Hernández fue centro de críticas después que asegurara en sesión pública que que hay una "colonización homosexual" en los colegios del país por parte del Ministerio de Educación a través de la Ley de Convivencia Escolar.
Hernández cuestionó contenidos de esa normativa, como los proyectos pedagógicos de educación que incluyen la diversidad sexual, y la supuesta injerencia del Estado en la elaboración de los manuales de convivencia de los colegios. (Ver “Comunidad LGBTI ya tiene derechos, que además son privilegios”: diputada de Santander)
La postura de la diputada generó numerosas críticas en redes sociales, donde fue señalada de "homofóbica", y, según defensores de derechos humanos, e se opone a las iniciativas del Ministerio de Educación para cumplir con la ley y las sentencias de la Corte Constitucional que exigen abolir la discriminación de todos los colegios del país.