Policía y Fiscalía ignoraron al periodista Edison Molina antes de su asesinato

Días previos a su asesinato, el periodista Edison Alberto Molina recibió un mensaje en papel, envuelto en una piedra que rompió la ventana de su oficina. La misiva fue contundente aquel 13 de agosto de 2013: “Deje trabajar gonorrea, ¿por qué no ataca otros? Se calla o lo callamos”. Molina, conocido por sus denuncias contra la alcaldía de Puerto Berrío (Antioquia), pidió ayuda, pero fue asesinado al mes siguiente. Nueva años después, se confirmó que la Nación es responsable por permitir el crimen.

Días previos a su asesinato, el periodista Edison Alberto Molina recibió un mensaje en papel, envuelto en una piedra que rompió la ventana de su oficina. La misiva fue contundente aquel 13 de agosto de 2013: “Deje trabajar gonorrea, ¿por qué no ataca otros? Se calla o lo callamos”. Molina, conocido por sus denuncias contra la alcaldía de Puerto Berrío (Antioquia), pidió ayuda, pero fue asesinado al mes siguiente. Nueva años después, se confirmó que la Nación es responsable por permitir el crimen.

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El Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la sentencia contra la Fiscalía y la Policía en el caso Edison Molina, que había sido fallada a favor de la familia del periodista en 2018. Este nuevo documento significa el fin del proceso administrativo, que resultó en una indemnización económica para los familiares de Molina y actos de reparación simbólica a favor suyo. Las entidades del Estado no pudieron probar que siquiera se esforzaron por proteger al comunicador, quien dio todos los avisos de lo que estaba por sucederle.

Edison Alberto Molina era un abogado y periodista que conformó un grupo de oposición política en Puerto Berrio, cuyo nombre era los “enanos-porteros” y que se encargaba de hacerle veeduría a la administración municipal. Llegó a publicar más de 60 denuncias de tipo disciplinario y penal sobre contratos, recursos y hasta ausencias del entonces alcalde Robinson Alberto Baena. Incluso, impulsaba las quejas en la emisora Puerto Berrío Estéreo, en su programa “Consultorio Jurídico”.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) argumentó en el expediente que, a raíz de su trabajo, Molina recibió constantes amenazas. “Que, en razón de sus actos, venía recibiendo ataques por diferentes medios, entre los que se resaltan, las declaraciones del Alcalde Municipal y el secretario de Gobierno, quienes regularmente hacían comentarios descalificativos e injuriosos en su contra”, se lee en el expediente.

Molina denunció, incluso, al alcalde Baena por declaraciones en las que el mandatario local habría señalado que los “Enanos eran microbios, pichones de gallinazo, sicarios, delincuentes, subversivos, aliados de grupos paramilitares y que debían ser eliminados”. Esta denuncia quedó bajo el radicado 055796000363201200464, pero a la fecha no hay avances y en el sistema de seguimiento a denuncias de la Fiscalía se puede comprobar que el caso fue cerrado.

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Las amenazas escalaron al punto de que la oficina de Molina quedó hecha un desastre luego de que le lanzaran varias piedras, entre ellas las que contenían las amenazas de muerte. Molina, de nuevo, denunció los hechos a la Fiscalía y a la Procuraduría, la cual le informó de la situación al entonces teniente Andrés Flórez, comandante de la estación de Puerto Berrío. A pesar de acudir a cuanta institución pública se pudo, el periodista fue asesinado por sicarios el 11 de septiembre de 2013, cayendo baleado junto a su esposa.

En dos instancias, la justicia encontró que, a pesar de las denuncias, Molina fue asesinado sin tener escoltas, sistemas de protección o cualquier mecanismo de defensa que le garantizara la vida. “Una vez recibida la denuncia por parte del señor Molina, la Fiscalía omitió la realización de cualquier estudio para verificar la procedencia de brindar, por parte de la entidad, medidas de protección, y se limitó a oficiar al Comandante de Policía para que dentro de su competencia otorgara las que considerara necesarias”, explicó el Tribunal.

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Llamó la atención del Juzgado y el Tribunal las explicaciones que dieron miembros de la Policía en el proceso disciplinario y penal. Al parecer, funcionarios públicos inventaron declaraciones, asegurando que pasaban revista constantemente al periodista. Sin embargo, el Tribunal confirmó que hay indicios de que se trató de una coartada para evitar condenas o sanciones, dado que algunos dijeron que nunca se ordenaron medidas, ortos aseguran que pasaban cada tanto a visitarlo y otros se aventuraron a mencionar que eran “allegados”, y que le ofrecieron la protección necesaria.

“Es así que se tiene que las únicas medidas de protección brindadas, consistieron en unas recomendaciones de seguridad personal, el suministro de los contactos del cuadrante para que reportara cualquier novedad y unas visitas esporádicas, medidas que evidentemente no se compadecían con la situación de seguridad que había sido puesta en conocimiento de las autoridades y sobre todo, con las especiales calidades de aquel, quien se repite era un reconocido líder de oposición política en la zona”, concluyó el Tribunal.

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La FLIP celebró la decisión y espera que marque un camino para fortalecer el sistema de protección a periodistas. La condena contra la Nación permite conocer las omisiones de las instituciones del Estado, sin embargo, se desconoce nueve años después quien ordenó su asesinato. El nuevo comandante de Policía de Puerto Berrío deberá organizar una ceremonia de excusas públicas, a la cual deberán asistir los policías que trabajaron allí en 2013 y los miembros de la Fiscalía que conocieron de las alertas. Serán de conocimiento público las consecuencias de haberle dado la espalda a Molina.

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