Por contrato de alumbrado navideño, Fiscalía imputará a exgobernador de San Andrés

Según datos oficiales, el 98% de la infraestructura de Providencia quedó afectada tras el paso de Iota.

Foto: EFE - Mauricio DueÒas CastaÒeda

Que un gobernador firmara un contrato de $1.500 millones para el alumbrado de Navidad el mismo año que gran parte del territorio de su departamento fuera casi destruido en su totalidad por el paso del huracán Iota, resultó el blanco de duras críticas en diciembre de 2020. El negoció lo concretó el exgobernador encargado de San Andrés Islas, Alen Leonardo Jay Stephens, a quien le llovieron críticas por no entender por qué, en medio de una crisis social por la destrucción que dejó Iota, se estaba destinando tanto dinero a un tema decorativo. Aunque hasta ahora el tema no había trascendido más allá de unas indagaciones fiscales, la Fiscalía decidió tomar cartas el asunto.

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El fiscal Francisco Barbosa confirmó este miércoles 23 de marzo que le imputará cargos a Jay Stephens por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. “La argumentación del contrato indicaba que se buscaba reactivar la economía y el turismo en el departamento, tras el paso y la devastación generada por el huracán Iota. Sin embargo, el material de prueba da cuenta de que se vulneraron requisitos esenciales de contratación y principios como transparencia, responsabilidad y economía”, explicó la Fiscalía.

Desde que surgió la controversia, el exgobernador explicó que el contrato se firmó porque “surgió la necesidad de seguir avanzando en temas del alumbrado navideño. Eso es un sentir que teníamos en la comunidad, en todo lo que tiene que ver con los hoteleros, la zona comercial”, en referencia a que las luces podían incentivar el turismo y la reactivación económica. Jay Stephen agregó que los recursos para el alumbrado nada tenían que ver con el dinero que ya se había comprometido para la reconstrucción de la isla, incluyendo el presupuesto para Providencia que, según cifras oficiales, terminó con un 98% de afectación en su infraestructura tras el paso de Iota.

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La audiencia en contra de Jay Stephens se llevará a cabo ante el Tribunal Superior de Bogotá, aunque la fecha todavía no está confirmada. La Procuraduría también le sigue los pasos al contrato que hoy lo tiene a punto de arrancar un proceso penal. En diciembre de 2020, 2l Ministerio Público abrió indagación preliminar al exgobernador encargado y a los secretarios General (e), Martha Moreno; de Hacienda, Liza Hayes, y de Planeación, Bartolomé Taylor.

De acuerdo con el expediente disciplinario, habría irregularidades en la contratación del servicio de arrendamiento, transporte, instalación, operación y montaje del alumbrado, que fue adjudicado por $1.550 millones. Por su parte, el gobernador encargado ha reiterado que el negocio se firmó para la reactivación del turismo en la isla, así como del sector económico, que no solo se vio afectado por el huracán, sino también por el aislamiento obligatorio por la pandemia del Covid.

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