A las 3:14 de la tarde de este lunes 19 de enero, la Fiscalía General de la Nación anunció que estaba lista para imputarle cargos a Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por su presunta responsabilidad en el magnicidio del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El ente investigador explicó que la diligencia se realizaría el próximo 11 de febrero por el delito de prevaricato por omisión. Sin embargo, cuatro horas después, se echó para atrás y retiró la solicitud que había hecho una fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá. El reversazo en una decisión de este calibre fue confirmado por altas fuentes de la Fiscalía a este diario, que puntualizaron que esto no significa que el ente investigador no esté investigando estas posibles irregularidades de Rodríguez.
Este es el comunicado de la Fiscalía:
El problema surgió cuando el búnker se dio cuenta que quien había solicitado la imputación era una fiscal de la sección de Bogotá que no hace parte del grupo que priorizó la Fiscalía para investigar el magnicidio de Uribe Turbay. Un error de procedimiento, pero que no pasó por los ojos de la fiscal Luz Adriana Camargo, quien está al frente de las tareas de equipo de fiscales e investigadores destacados para el esclarecimiento del caso y que está liderado por la fiscal Elsa Reyes.
Por esa razón, fuentes de la Fiscalía agregaron que el retiro de la imputación no significa que no vaya a realizarse en un futuro. Solamente que esa petición deben hacerla los fiscales delegados para este proceso.
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Las presuntas irregularidades que investiga la Fiscalía tienen que ver con las presuntas omisiones en el esquema de seguridad que debía proteger al congresista en la tarde del 7 de junio de 2025, cuando fue atacado por un sicario durante una concentración política en la localidad de Fontibón (Bogotá). Según la Policía y el Gobierno, se trató de un evento que no habría sido planeado, lo que habría influido en cambios en su esquema de seguridad el mismo día del ataque.
El abogado Víctor Mosquera, defensor de la familia Uribe Turbay, dio a conocer el 9 de junio que antes del atentado se realizaron al menos 23 solicitudes para incrementar el esquema de seguridad, pero ninguna habría sido atendida.
El último requerimiento, según el abogado, habría sido presentado el pasado 5 de junio, dos días antes del ataque. “En 2024 no se tuvo en cuenta que él, desde octubre, ya era precandidato a la Presidencia y, por lo tanto, se le debía mejorar sus condiciones de seguridad”, señaló Mosquera.
En medio de esas posibles irregularidades, tras el atentado, el presidente Gustavo Petro indicó que el esquema de seguridad de Miguel Uribe había tenido modificaciones el mismo día de los hechos.
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“Por mi parte, ahora debo informar que el esquema de protección del senador Uribe fue disminuido extrañamente el día del atentado, de siete a tres personas. Pedí en el consejo de seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho”. Por su parte, Augusto Rodríguez señaló en su momento que el equipo de protección de Uribe Turbay, compuesto por tres funcionarios de la UNP y cuatro de la Policía, estaba completo y no se había ordenado retirar a los escoltas del esquema.
Los cuatro uniformados de la Policía acompañaban a su familia y no a él, pues el evento al que asistió en la localidad de Fontibón no habría sido informado a los funcionarios.
En ese mismo sentido, Rodríguez aseguró que el coordinador del esquema de Uribe era un vicecomisario de la Policía y que, además, su entidad no recibió solicitudes formales para reforzar el esquema, sino requerimientos logísticos de apoyo para los desplazamientos del precandidato. Asimismo, defendió que no hubo una reducción estructural en el equipo de seguridad.
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Por las presuntas irregularidades en el esquema de Uribe Turbay, la Justicia Penal Militar (JPM) abrió su propia investigación el 10 de junio del año pasado, para establecer presuntas responsabilidades de miembros de la fuerza pública en el atentado que acabó con la vida del senador.
Aunque anunció la investigación hace más de siete meses, todavía no se conocen los resultados de sus pesquisas. Entre tanto, será la Fiscalía la que revele el próximo 11 de febrero las pruebas que tiene contra Augusto Rodríguez.
El ente investigador, por su parte, señaló que en los próximos días “se realizará una mesa técnica entre el Grupo de Tareas Especiales y la fiscal 295 de Administración Pública para fortalecer la línea investigativa por la posible desatención a los llamados de protección y de mejoras al esquema de seguridad del precandidato Uribe Turbay, así como para valorar los elementos materiales probatorios obtenidos hasta el momento, en aras de tener mayor contexto, unidad y una visión integral del caso”.
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