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Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho de los diez miembros del Ejército imputados por falsos positivos, aceptaron su responsabilidad dentro de los casos cometidos en el municipio de Dabeiba (Antioquia). Los otros imputados, los coroneles Jorge Alberto Amor y David Guzmán, rechazaron los cargos que les imputó la JEP. La jurisdicción señala a los militares de asesinar a civiles, hacerlos pasar por bajas y ocultar sus crímenes enterrándolos en el cementerio municipal en la década de los 2000.
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Entre los militares imputados que aceptaron su participación en las ejecuciones extrajudiciales se destaca el coronel (r) Efraín Prada, quien fue el comandante del Batallón 79 durante los años 2005 y 2006. El militar retirado fue señalado por la JEP por su participación directa y el conocimiento de los crímenes cometidos por uniformados bajo su mando.
Prada es señalado como uno de los responsables de falsos positivos en Dabeiba, tras la confesión de un soldado ante la JEP. En su relato, el soldado afirmó que Prada era responsable de ordenar que se ejecutaran a civiles para luego ocultarlos, enterrándolos como no identificados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Es decir, los desaparecían forzadamente. En su relato, el uniformado también señaló al sargento Jaime Coral de haber participado en los hechos criminales. Jaime Coral también aceptó cargos por su participación.
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Otro uniformado que aceptó cargos fue el coronel Eddie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón Contraguerrillas 26 y señalado por la muerte y desaparición de Edison Lezcano, el primer cuerpo recuperado en el cementerio Las Mercedes. Se trata de un caso que salpica, incluso, al general (r) Mario Montoya, comandante de la IV Brigada para ese momento. Además de Pinzón y Prada, otros seis oficiales y suboficiales aceptaron su responsabilidad en los hechos.
A pesar de las 8 aceptaciones de cargos, el coronel Jorge Alberto Amor, excomandante de la Brigada 11, y el coronel (r) David Guzmán, excomandante del Batallón 79 entre 2004 y 2005, no reconocieron su responsabilidad. En el caso de Amor, incluso pidió que se anulara su imputación, mientras que Guzmán rechazó los señalamientos de haber participado directamente en asesinatos, de tener vínculos con grupos paramilitares y de haber consentido el narcotráfico de las Autodefensas en la región.
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Ahora, la Sala de Reconocimiento de Verdad debe citar a audiencia de reconocimiento a los ocho militares que aceptaron cargos. Tal y como ocurrió en Catatumbo, Soacha y Cesar, los militares deberán encarar a sus víctimas, pedir perdón y contestar sus interrogantes. De otro lado, quienes no aceptaron los hallazgos de la JEP irán a un juicio adversarial ante el Tribunal para la Paz, donde podrían enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.
Dentro del caso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, resalta lo que se ha descubierto gracias a las exploraciones en el cementerio Las Mercedes. Después de más de dos años de exploración en el lugar, se han encontrado 48 cuerpos de posibles víctimas de falsos positivos y se han entregado 11 cuerpos a sus familiares. Los descubrimientos fueron posibles gracias a los testimonios de varios militares. Las versiones lograron establecer, además de la ubicación de los cuerpos, la relación de miembros del Ejército con integrantes del bloque Elmer Cárdenas de los paramilitares.