Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Procuraduría suspendió temporalmente al general del Ejército, Miguel Huertas, y al funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, por el escándalo de presuntas filtraciones de información a las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”. Desde el pasado 24 de noviembre, el ente de control anunció que iniciaría investigaciones contra los dos hombres.
La medida, según el Ministerio Púbico, se tomó porque la permanencia de ambos hombres en sus cargos “posibilita su interferencia (la de Huertas y Mejía) en el trámite de la investigación, además de la continuación o reiteración de las presuntas faltas, situación que debe valorarse conforme al comportamiento investigado, su relación con la función, y los elementos de juicio”.
Lea: “Nunca he hablado con Calarcá”: Wilmar Mejía, director de inteligencia del DNI
Según el ente de control, la posición de los investigados en los niveles más altos de ambas entidades, “les posibilitan tener acceso privilegiado a información que esas entidades manejen y que sea de interés para los fines de esta investigación”.
Además, la Procuraduría mencionó que tanto Huertas como Mejía, tienen relación de “superioridad jerárquica con personas de interés para este proceso, ya sea por su posible conocimiento o incluso participación en los hechos investigados”.
Le puede interesar: Dos oficiales murieron en el Cantón Norte de Bogotá en aparente “incidente de carácter personal”
Las denuncias fueron publicadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, donde señalaron que, en chats, cartas, fotos, correos y documentos internos, el general (r) Juan Miguel Huertas y el funcionario del DNI propone a las disidencias crear una empresa de seguridad aparentemente legal, que permitiría al grupo armado movilizarse en vehículos blindados y portar armas con permiso.
Esta información, que vincula al funcionario activo del Ejército y del DNI, fue hallada tras el análisis de los computadores, celulares y memorias USB incautados a Calarcá y a sus hombres luego de su captura, el 23 de julio de 2024, durante un operativo en Anorí (Antioquia).
Le puede interesar: Comandante del Ejército habló sobre la muerte de dos oficiales en el Cantón Norte
Tras conocerse la decisión del ente de control, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que es deber de la cartera “proceder de acuerdo con lo que indique ese fallo, esa determinación de la Procuraduría”. Asimismo, desde el pasado 24 de noviembre, el alto funcionario del gobierno anunció que su ministerio ya adelanta sus propias pesquisas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
