Un total de 40 personas, entre las que se encuentran empresarios, exalcaldes e integrantes de la Fuerza Pública, serán investigados por la Fiscalía después de que LA Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla compulsó copias de la información que encontró sobre estas personas y sus presuntos vínculos con bienes, inmuebles, y actuaciones que facilitaron los delitos cometidos por el Frente Pivijay del Bloque Norte de las autodefensas.
Según informó Caracol Radio, durante audiencia realizada el pasado miércoles 23 de agosto, el magistrado Gustavo Roa le solicitó al ente investigador que se ejecuten las acciones necesarias, si así se requiere, para ejecutar la extinción de dominio de bienes que han estado involucrados con el grupo armado y que puedan ser utilizados para reparar a víctimas del conflicto armado.
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Los nombres de los señalados por Justicia y Paz por nexos con los paramilitares fueron entonces: Saul Alfonso Severini Caballero, Adolfo Mario Celedón, William Orozco, Asaid Mercado, Jorge Salah Donado, Carlos Mercado Scopetta, Robinson Parada, Iván Salah, Pedro Modesto Pertuz, Javier Sánchez, Jaime Pertúz, Moisés Prieto, Jairo Pabón, José Ignacio Caballero, Jorge Orozco Gutiérrez, Luis Carlos Soto Florez, Segundo Polo Charris, Gersy López López, Juan Carlos Acuña Pérez, Arnulfo Rafael Laverde Carracedo, Rodolfo Carrazcal, Ramón Antonio Prieto Cure, Blas Rafael Hernández Domingo, Emil Antonio García Ferreira, Julio Cesar Ramos Marenco, Jairo León Pavón Ternera, Carlos Valencia, Luis Carlos Soto Suarez, Álvaro Ternera, Milcíades Gamarra, Jesús Castro De La Hoz, y Manuel Castro De La Hoz.
De igual forma, se compulsarán copias contra los siguientes miembros de la Fuerza Pública: un policía de apellido Mena, residente en municipio de Remolino, Magdalena; Flover Torres Sánchez, conocido como El Ingeniero, quien fue miembro de la Policía del Grupo Gaula Atlántico; Sergio Salazar Soto, alias El Puma y exmiembro del Ejército; alias El Iguano, un soldado del Ejército; Farid Umar Alfonso López alias Mono Gaula, exfuncionario del Das; Javier Castro De La Hoz, miembro del Batallón Vergara en el municipio de Malambo; Juan Manuel Castro De La Hoz, y Sergio Salazar Soto.
Saul Alfonso Severini Caballero, por ejemplo, es un ganadero al que la Fiscalía le ha imputado cargos por conformación de grupos ilegales, concierto para delinquir, homicidios y desplazamiento forzado. Asimismo, por Justicia y Paz, Severini ha sido relacionado con el despojo de tierras, pero nunca completó el proceso dentro de ese proceso de paz. Fue capturado en 2006 y dejado en libertad en el año 2007, tras presentar un recurso de apelación.
Adolfo Mario Celedón, por ejemplo, fue alcalde de Salamina y según Justicia y Paz fue uno de los políticos financiaron y apoyaron socialmente al Bloque Norte, al igual que Jorge Salah Donado. Este último, de acuerdo con Justicia y Paz, fue accionista de Coolechera y a quien, tanto las víctimas como los victimarios, acusan de robo de tierras y asesinato selectivo.
Asimismo, según informó el medio de comunicación, en la sentencia se ordena la investigación el vínculo de predios rurales y propietarios para la fecha de los hechos. Entre estos terrenos se destacan las fincas San Carlos de Pivijay, Paraíso en San Ángel, El Diamante en Tierralta, finca La Pola, Finca Casanueva, La Cumbia en la vía Salamina en Guáimaro, Montebello en la vía Guáimaro en Remolino, y La Sombra de Pivijay.
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