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El Hotel Soacha Plaza, ubicado en ese municipio al sur de Bogotá, pasó de ser una de las propiedades de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefes del antiguo cartel de Cali, a estar en manos del Estado por orden de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La entidad desalojó la propiedad para recuperarla y entregársela a la Personería Municipal de esa población.
El inmueble, ubicado en la que era una de las propiedades de los jefes del poderoso cartel de narcotráfico que operaba desde el Valle del Cauca, fue incautado por el Estado y objeto de una orden de extinción de dominio en 2024. La SAE asumió la administración de esa propiedad, en principio, para fines institucionales. Sin embargo, fue arrendado a la administración del Hotel Soacha Plaza.
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Estas personas, a su vez, subarrendaron el inmueble a terceros sin autorización de la SAE, incumpliendo con las obligaciones que habían adquirido con el Estado y obteniendo recursos económicos, según la entidad, de forma irregular. Fue por eso que la SAE ordenó la recuperación y desalojo del inmueble, con el objetivo de ponerlo realmente al servicio institucional.
Desde la entidad indicaron que el inmueble en el que funcionaba el Hotel Soacha Plaza será entregado a la Personería Municipal de ese municipio, que lo utilizará para crear una sede que permita fortalecer la presencia institucional allí y que facilite el acceso de la ciudadanía a servicios claves de control y defensa de los derechos humanos, de forma gratuita.
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En el operativo de desalojo, indicaron desde la entidad, participaron también la Alcaldía de Soacha, la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía de Infancia y Adolescencia, “garantizando en todo momento el respeto por los derechos de las personas que se encontraban en el lugar”.
Para Catalina Serrano, directora de Activos Inmuebles Urbanos de la SAE, la medida de recuperar y desalojar el Hotel Soacha Plaza está fundmentada en el deber de la entidad de garantizar la correcta administración de los bienes públicos. “La SAE no permite la explotación indebida de los bienes del Estado. Nuestro deber es garantizar su uso legal y transparente”, dijo la funcionaria.
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Este no es el único bien del narcotráfico que recientemente ha pasado a manos del Estado. En noviembre de 2025, dos predios ubicados en el municipio de Zarzal (Valle del Cauca) y cuya extensión suma 536 hectáreas, fueron entregados a 190 familias que integran la organización Minga de Cali por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Los predios “La Lorena”, de 314 hectáreas, y “La Gloria”, de 222 hectáreas, estaban en poder de la SAE, que era la entidad al frente de su administración. Habían sido propiedad de Jorge Tulio Arango, un hombre que, según lo ha dicho la justicia colombiana y lo documentaron también agencias de Estados Unidos, tuvo nexos con el narcotráfico.
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La información que se conoce sobre Arango indica que este hombre actuaba como testaferro de Diego Montoya, alias “Don Diego”, uno de los líderes del Cartel del Norte del Valle. La justicia norteamericana dijo en 2004 que esta organización criminal envió entre 1990 y 2004 más de 1,2 millones de libras de cocaína a Estados Unidos, avaluadas en aproximadamente USD 10 billones.
Los predios fueron asignados después de una reunión de Felipe Harman, director de la ANT, con comunidades indígenas y afro del Valle del Cauca que exigían apoyo para enfrentar históricas dificultades de sus pueblos para acceder a la tierra y buscaban que se les garantizara la permanencia digna en el territorio y el acceso a la tierra para vivir de ella.
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