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En la tarde de este lunes 26 de enero se confirmó que la Presidencia de la República recusó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, en el marco de la discusión de la reforma pensional.
Según indicó el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Augusto Alfonso Ocampo Camacho, el togado habría emitido conceptos sobre la constitucionalidad del proyecto, la cual aún se encuentra bajo revisión del tribunal, durante una entrevista concedida al diario El Tiempo, publicada el pasado 18 de enero.
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En la entrevista, el magistrado señaló: “Desde junio de 2025 advertimos que la ley de pensiones tenía un vicio de trámite subsanable, pero no se subsanó. Y en vista de que en la votación acerca de su exequibilidad, la sala quedó dividida 4-4, se escogió un conjuez. Las recusaciones del caso las resolveremos este mismo mes de enero”.
Según la recusación, “en la entrevista concedida por el magistrado Ibáñez a la periodista María Isabel Rueda y, en concreto, la respuesta ‘que no se subsanó’, configura la causal de recusación consistente en ‘haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada’”, indicando que el togado ya emitió un concepto al respecto de la reforma pensional.
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Asimismo, agregaron que las declaraciones del magistrado se producen en un contexto “particularmente sensible, en el que decisiones recientes y pronunciamientos públicos provenientes de la Corte Constitucional han sido percibidos por amplios sectores de la ciudadanía como sistemáticamente adversos a las políticas, reformas y decisiones del Gobierno democráticamente elegido por el presidente Gustavo Petro Urrego”.
La recusación por el decreto de emergencia económica
Esta es la segunda recusación presentada desde la Presidencia de la República contra el magistrado Ibáñez en lo que va de 2026. El pasado 21 de enero, presentaron un primer recurso en el que pidieron apartar al togado de la discusión que se adelanta en el alto tribunal sobre el decreto de emergencia económica emitido el pasado mes de diciembre por el gobierno del presidente Petro.
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La recusación está relacionada con el decreto que el primer mandatario emitió el 22 de diciembre de 2025, como respuesta a que su proyecto de reforma tributaria en el presupuesto para 2026, por COP 516 billones, se hundió en la discusión del Congreso. Una movida que, según argumentó el Ejecutivo, deja un hueco de COP 16,3 billones para cubrir todos los gastos de la Nación el próximo año. La revisión de ese acto administrativo llegó a manos de la Corte.
Esta recusación también fue presentada por Ocampo Camacho, quien argumentó que, si bien el magistrado Ibáñez no es el ponente de ese proceso, su rol como presidente de la Corte Constitucional e integrante de la Sala Plena del alto tribunal lo “convierte en decisor directo de las cuestiones incidentales y de fondo” del decreto de emergencia económica.
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