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Un espaldarazo le dio la Fiscalía General de la Nación al presidente Gustavo Petro, ahora reconocido como potencial víctima en el proceso que se adelanta en contra del fiscal Mario Burgos, por un presunto caso de fraude procesal. Por medio de un documento de 19 páginas, el ente investigador respondió a la solicitud de ese reconocimiento como víctima que había hecho el mandatario el pasado 25 de septiembre.
Esa petición del presidente había sido remitida de manera formal a la fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia por parte del abogado Alejandro Carranza, quien representa judicialmente al mandatario. El abogado argumentó en ese momento que se reconociera a Petro como “víctima especial con enfoque diferencial” en el caso contra el fiscal Burgos.
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La indagación que se adelanta en contra del investigador está relacionada con presuntas irregularidades cometidas cuando Burgos tenía en sus manos la investigación contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Caso del cual Burgos fue retirado y que ahora está en el despacho de la fiscal Lucy Marcela Laborde.
“El proceso no obedeció a un desarrollo autónomo y técnico de la fundación investigativa de la Fiscalía, sino que constituyó un fraude procesal estructural, diseñado y ejecutado con la finalidad desviada de afectar la investidura presidencial y presionar indebidamente al jefe de Estado”, señaló el abogado Carranza en su recurso. En ese sentido, pidió que se reconociera afectación al presidente Petro por los hechos investigados.
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La respuesta de la Fiscalía a esa solicitud tardó menos de dos meses. El documento del ente investigador, con fecha del 17 de noviembre, señala que de las seis razones expuestas inicialmente por el abogado Carranza, accedió a reconocer como potencial víctima al presidente Petro solo por una relacionada con el presunto abuso de función pública por parte del fiscal Burgos.
En concepto del jurista, ratificado en la orden de la Fiscalía durante la audiencia contra Nicolás Petro adelantada el 2 de agosto de 2023, el funcionario del ente investigador se extralimitó al plantearle preguntas al hijo del presidente, dentro del proceso penal, relacionadas directamente con su padre y que podrían apuntar a su conocimiento sobre las presuntas movidas irregulares con dineros de la campaña presidencial de 2022.
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“Burgos excedió sus competencias constitucionales al formular preguntas expresas sobre el conocimiento del presidente Gustavo Petro respecto a dineros ilícitos, violando los artículos 178 y 235 de la Constitución, que reservan a la Comisión de Acusaciones y a la Corte Suprema la competencia para investigar al presidente”, argumentó el abogado del presidente en su solicitud original.
Un argumento que fue respaldado por la Fiscalía. “Se satisfacen los requisitos mínimos para inferir la existencia de un posible daño inmaterial, consistente en la afectación del buen nombre y la legitimidad del cargo del presidente, cuando se indagó por el conocimiento que el mandatario tenía sobre las actividades ilícitas ligadas al parecer con su elección, preguntas y respuestas divulgadas a la opinión pública por diferentes medios de comunicación”, se lee en el documento de la Fiscalía.
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A renglón seguido, la orden detalla que con ese reconocimiento como víctima, el presidente Petro tendrá la posibilidad de intervenir durante la fase de indagación en el proceso penal contra el fiscal Burgos. Una actuación como “interviniente especial” que no afecta “la presunción de inocencia que ampara al fiscal investigado”.
En lo que no le dio la razón a la defensa del mandatario fue en la solicitud de que el reconocimiento se hiciera con enfoque diferencial. Esa petición se había hecho a partir de tres razones: que las “lesiones a su honra” no solo afectan su vida privada, sino también su vida pública; que fue convertido en “blanco de un proceso judicial diseñado no para esclarecer los hechos, sino para erosionar su legitimidad” y porque el caso se habría “instrumentalizado para fines de presión política contra el presidente”.
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Sin embargo, la Fiscalía argumentó que la legislación dice que “el enfoque diferencial implica reconocer la existencia de poblaciones con características particulares debido a su edad, género, raza, etnia, orientación sexual y situación de discapacidad”. Agregó que la Corte Constitucional ha dicho que el enfoque “no se trata de un privilegio, sino de una medida de equidad”.
En ese sentido, concluyó la Fiscalía, “el presidente de la Republica, ostenta la más alta investidura y dignidad del Estado, condición que no configura, en sí misma, un factor de vulnerabilidad que amerite un tratamiento diferenciado”. Agregó que, para la protección de tal dignidad, existen otros mecanismos relacionados con el fuero y que nada tienen que ver con lo que realmente significa el enfoque diferencial.
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