El proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en conformación de grupos paramilitares pasaría ahora a manos del Congreso. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes estudió una petición de la defensa del líder del Centro Democrático y determinó que debe ser esa instancia la que investigue al exmandatario. Así se lo hicieron saber a la Fiscalía a través de una carta remitida a la jefa del ente investigador, Luz Adriana Camargo.
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En el documento, firmado por presidente de la Comisión, el congresista Carlos Alberto Cuenca Chaux, la decisión fue tomada teniendo en cuenta la hipótesis de la presunta participación de Uribe Vélez en el delito de concierto para delinquir “por hechos ocurridos junto al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como Bloque Metro, en donde el mencionado habría facilitado y promovido el accionar de esta organización”.
Se lee en la misiva que, teniendo en cuenta que Álvaro Uribe fue presidente de la República entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010, y que los hechos materia de investigación habrían ocurrido en 2003, “existiría una razón objetiva para que esta comisión asuma conocimiento como juez natural de los hechos que eventualmente se hubieren desarrollado durante el periodo de tiempo en el que Álvaro Uribe Vélez fungió como Presidente de la República”.
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Según la carta, “en sesión del (19) diecinueve de agosto de 2026 la Comisión aprobó por unanimidad la colisión de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para que sea la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes quien asuma el conocimiento de la referida actuación”.
Con el documento, el Congreso le pidió a la Fiscalía “la remisión del expediente seguido”. La Comisión además resaltó que la ley establece que “es claro que el Presidente de la República o quien haga sus veces, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, tienen la condición de aforados, en cuanto su investigación corresponde a la Cámara de Representantes que debe acusar ante el Senado de la República, de haber lugar a ello, y a la Corte Suprema de Justicia su juzgamiento, en caso de delitos comunes”.
El Congreso resaltó en la carta que “de no acceder su despacho a esta solicitud, se requiere para que previa respuesta a esta comisión, se remita el expediente objeto de colisión de competencia a la Sala Plena de la Corte Constitucional con el fin de dirimir de plano la Colisión”.
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Desde el pasado jueves 18 de junio, el expresidente Álvaro Uribe dio a conocer que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por su presunta relación con tres masacres que ocurrieron en Antioquia en la década de 1990 y ensangrentaron el departamento en el que se sembró el terror paramilitar. El ente investigador, que tuvo quietos los expedientes por años, hizo una movida que lo vinculó directamente a una investigación por, supuestamente, haber ayudado en la conformación y acción de grupos paramilitares.
Según se conoció, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició la investigación formal por hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y la Granja del municipio de Ituango, cuando era gobernador de Antioquia. Asimismo, las pesquisas son por el crimen del defensor del derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. El ente investigador le sigue la pista por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, por, supuestamente, haber facilitado y promovido el accionar de los grupos armados que habrían tenido como base la hacienda Guacharacas, que era propiedad de su familia para la época de los hechos.
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