Demanda de aborto tiene a magistrados de la Corte Constitucional denunciados en el Congreso

Manifestaciones de grupos a favor y en contra del aborto, realizado a las afueras del Palacio de Justicia en apoyo a sus movimientos, mientras se lleva a cabo el debate en la Corte Constitucional.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La abogada Natalia Bernal Cano denunció en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes a tres magistrados de la Corte Constitucional. Se trata de la mujer que ha buscado por todas las vías que el alto tribunal declare inconstitucional el aborto y a quien la propia Sala Plena ordenó investigar disciplinariamente por presentar recursos infundados e irrespetuosos. En documentos conocidos por El Espectador se evidencia que la denuncia de Bernal fue recibida por el representante verde Mauricio Toro, quien ordenó practicar varias pruebas para determinar si los togados, en efecto, actuaron “arbitrariamente”.

(En contexto: Por irrespetuosa, Corte pide investigar a abogada que busca impedir el aborto)

Los magistrados denunciados son Alejandro Linares, Antonio José Lizarazo y Gloria Stella Ortiz. Se trata de tres togados que han tenido que proyectar decisiones en los procesos que ha iniciado Bernal Cano. Y esas decisiones siempre han sido contrarias a lo que pide la abogada. El magistrado Linares, por ejemplo, fue el ponente en dos demandas de constitucionalidad que instauró la abogada en 2019 y que reabrieron el debate de la interrupción voluntaria del embarazo sobre normas que ya se había pronunciado la Corte: el Código Civil (que dice que la vida principia al nacer) y el Código Penal (que establece el aborto como delito).

Aunque la abogada recusó en varias ocasiones a Linares, la Sala Plena lo mantuvo al frente del proceso y el magistrado presentó una ponencia que pretendía ampliar las condiciones para el aborto libre en Colombia, algo totalmente contrario a lo que pedía Bernal. Finalmente, esa ponencia no prosperó y las condiciones que impuso la Corte desde 2006 se mantuvieron. Pero al alto tribunal llegó otra demanda en 2019 del movimiento de mujeres Causa Justa, que pide que el aborto deje de ser delito. Ese proceso aterrizó en el despacho del magistrado Antonio Lizarazo, a quien Natalia Bernal también recusó, pero recibió una nueva negativa.

(Lea la última decisión de la Corte sobre aborto: El aborto en Colombia seguirá tal y como estaba, decide la Corte Constitucional)

La ponencia para negar esa recusación fue de la magistrada Gloria Ortiz, quien además le compulsó copias a la Comisión de Disciplina Judicial para que investigara las “solicitudes irrespetuosas, amenazantes o infundadas hacia los magistrados” que habría hecho Natalia Bernal Cano. Y, como se evidencia ahora, la abogada respondió con una denuncia contra los tres magistrados ante el órgano competente para investigarlos: la Comisión de Acusación del Congreso. En la denuncia, dice el auto que abrió la indagación, Bernal Cano “manifiesta presuntos actos arbitrarios por parte de los magistrados de la Corte Constitucional en las actuaciones judiciales relacionadas con las demandas interpuestas para la penalización del aborto”.

Además, “manifiesta que su denuncia a los magistrados de la Corte Constitucional también es por por injuria y calumnia, indica que los magistrados presuntamente adulteraron argumentos de su autoría y elementos probatorios y utilizaron indebidamente acciones públicas de inconstitucionalidad para debatir y evaluar pretensiones distintas”, se lee en el auto de la Comisión de Acusación. La abogada le envió varias comunicaciones al Congreso reiterando y ampliando su denuncia. “Me permito solicitarles una especie de medida cautelar pronta, para que antes de que culminen las discusiones en la Corte sobre la despenalización total del aborto me escuchen”, escribió, por ejemplo, en febrero de este año.

(Le puede interesar: “Está en construcción una política de género”: presidente de la Corte Constitucional)

Finalmente, el representante Mauricio Toro asumió la investigación esta semana y le respondió a la abogada que no es su función otorgar medidas cautelares, como pedía. Además, ordenó escucharla en una ratificación de la denuncia, para determinar si la conducta que reprocha de los magistrados tiene las condiciones de delito o de falta disciplinaria. Asimismo, el congresista les comunicó a Linares, Lizarazo y Ortiz que este proceso cursa en su contra y le pidió a Presidencia que acredite la calidad de magistrados de los tres.