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La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y la exdirectora de la Agencia Nacional de Contratación Estatal – Colombia Compra Eficiente, María Margarita Zuleta. El Ministerio Público manejaba esa información desde principios de 2020, sin embargo, recién pudo notificar a las procesadas mediante un edicto que acaba de salir del horno en este final de año.
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Ambas funcionarias serán procesadas, en el ámbito disciplinario, por presuntas irregularidades en un contrato para llevar frutas y hortalizas a distintos colegios en Bogotá, el cual fue adjudicado en 2017. Entonces, la ministra de Educación era secretaria de Educación Distrital de la capital. La Procuraduría puso la lupa, además, sobre Camilo Gutiérrez, funcionario de Colombia Compra Eficiente y Juan David Vélez y Edwin Rodríguez, de la Secretaría de Educación de Bogotá.
El proceso inició con una queja del abogado Cesar Hernando Pastás, quien representó a la Industria de Alimentos SAS, una de las empresas interesadas en quedarse con la licitación para el Plan de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá. Aseguró que, por acción u omisión, los funcionarios de la Secretaría y de Colombia Compra Eficiente hablan incurrido en irregularidades para entregar ese millonario acuerdo, para el almacenamiento y distribución de casi 700.000 refrigerios escolares.
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“Industria de Alimentos Daza SAS participó activamente como interesado en el proceso de licitación, sin embargo, cuando Colombia Compra Eficiente publicó el pliego definitivo de condiciones, desistió de participar puesto que los precios propuestos por la entidad compradora no correspondían a la realidad del mercado y en caso de haberlo aceptado habría constituido un acto lesivo contra sus intereses, capaz de lesionar gravemente su patrimonio”, se señala en la queja.
Los denunciantes recriminan que, durante el proceso, la Secretaría y Colombia Compra Eficiente habrían modificado los pliegos de condiciones para favorecer a la empresa Frutas y Alimentos de Colombia SAS. Según el abogado Pastás, al final esa fue la única organización que presentó una oferta formal, luego de que sus números cuadraran con los presupuestados por ambas entidades públicas. La Procuraduría iniciará la etapa de investigación y, si las pruebas son conducentes con una presunta falta, la actual ministra de Educación podría ir a juicio disciplinario.
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