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La Procuraduría puso la lupa en la Policía Nacional por las capturas y posteriores liberaciones de dos miembros de la Primera Línea, quienes habían sido retenidos el domingo pasado en medio de protestas en el Portal Américas en Bogotá. En los videos conocidos por la opinión pública se vería, incluso, al viceministro del interior, Gustavo García, interviniendo en el procedimiento policial.
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La indagación previa va dirigida a funcionarios por determinar de la Policía, quienes habrían incurrido en irregularidades tanto en la retención como en la liberación de los ciudadanos de la Primera Línea. La jornada estuvo inspirada en reclamos por la libertad general de los miembros del colectivo que siguen presos por su participación en el Paro Nacional 2021, vinculados a delitos contra los bienes públicos y privados, y hasta terrorismo.
“El ente de control realizará una inspección disciplinaria al Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá con el fin de recopilar pruebas documentales. Así mismo, se recaudarán pruebas documentales con el fin de esclarecer las actuaciones desplegadas por la Fuerza Pública”, explicó la Procuraduría.
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En medio del procedimiento policial apareció el viceministro del Interior, Gustavo García Figueroa, quien en videos difundidos en redes sociales quedó retratado bajándose de la tanqueta en la cual estaban detenidos los sospechosos. Minutos después, ambos quedaron en libertad, a pesar de que aparentemente estaban vinculados con daños a bienes privados.
Luego, el viceministro García expresó que llegó a la escena cuando la Policía había tomado la decisión de dejarlos libres, porque no tenían elementos para procesarlos penalmente y menos, evidencias de que los detenidos, particularmente, fueran los responsables del ataque a la camioneta de un general de la institución. “Quiero aclarar que en ningún momento se hizo una intermediación ilegal para la liberación de los jóvenes”, dijo.
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Esa es una hipótesis que casa con las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual señaló en su informe sobre el Paro Nacional de 2021 que la Policía estaba adelantando capturas ilegítimas. Se amparó en la figura del traslado por protección para violentar jóvenes, que luego no eran presentados ante jueces o que quedaban libres tiempos después por falta de pruebas. La Procuraduría averiguará si hubo irregularidades por parte de miembros de la Policía Nacional.
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