24 Oct 2019 - 5:17 p. m.

Procuraduría dice que el caso del coronel (r) Byron Carvajal no debe ser competencia de la JEP

El pasado 22 de octubre,fue aceptado por esa justicia transicional el exoficial del Ejército, condenado por la masacre de Jamundí, en 2006. El Ministerio Público dice que el asesinato múltiple no debe ser considerado como un hecho relacionado al conflicto armado.

Redacción Judicial

Archivo El Espectador.
Archivo El Espectador.

Hace tan solo dos días la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio luz verde a la solicitud de ingreso a esta justicia transicional hecha por el coronel (r) del Ejército Byron Carvajal Osorio, quien fue condenado en 0213 a 48 años de prisión por la masacre de Jamundí, perpetrada en mayo de 2006 y en el que fueron asesinados 10 policías y un civil. Esta justicia nacida del Acuerdo de Paz con las Farc consideró que los hechos por los que fue condenado el exuniformado fueron cometidos “por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”. 

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Además, le dieron el beneficio de libertad condicionada, sin embargo, no se hizo efectiva porque el uniformado también ha sido procesado por hechos que tienen que ver con narcotráfico que es competencia de la JEP. Sobre esta decisión, de abrirle la puerta a Carvajal en la JEP, la Procuraduría General se opuso y considera que este caso no debe estar en su órbita. El Ministerio Público le solicitó a la Sección de Apelaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz revisar el caso "ante la gravedad de los hechos que motivaron su investigación y condena" de Carvajal.

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El Ministerio Público señaló que es "indispensable" que se tenga en cuenta que lo sucedido ese 22 de mayo de 2006 en este municipio del Valle del Cauca, bajo la orden y mando del entonces teniente coronel Carvajal Osorio, debe ser considerado "como actos ajenos a la actividad militar o a las acciones propias del conflicto armado". En ese momento, según la Procuraduría, la operación militar tuvo fuertes cuestionamientos frente al procedimiento, ya que se ordenó suspender el ataque por un superior. Además, dice el ente de control, la escena del crimen fue alterada y el Ejército impidió el ingreso de las autoridades para que adelantaran las acciones de reconocimiento y evaluación.

Para el Ministerio Público estos elementos permiten evidenciar que los hechos liderados por el exoficial corresponden a "actividades irregulares, contrarias al ejercicio de sus funciones y dan respuesta a acciones ilegales cometidas al servicio de una red delincuencial organizada con ánimo de lucro, y no pueden ser catalogados actividades dentro del marco de una operación de guerra contra otro grupo armado". Para la Procuraduría, los argumentos expuestos para conceder el beneficio de libertad transitoria a Carvajal justifican sus acciones.

La información presentada para realizar la operación que desencadenó en el asesinato de 10 policías y un civil, de acuerdo con la Procuraduría, era falsa, ya queno existía presencia de las Farc en esa zona. "Entonces, las acciones de matar, usar armas, disparar y coordinar una operación militar no estaban justificadas.  se pudo comprobar que la orden de operaciones fue presentada con información falsa", señaló el Ministerio Público. Así mismo reiteró que la conducta del exoficial del Ejército Nacional corresponde a una acción ilegal cometida al servicio de intereses del narcotráfico, y no puede ser confundida con actos cometidos ocasión del conflicto armado.

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