Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Durante tres días la Procuraduría General de la Nación adelantó una inspección a las instalaciones de la Cancillería en Bogotá, en el marco de la indagación ordenada por su Sala de Instrucción Disciplinaria para establecer si hubo o no colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y del cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, para renovar en tiempo récord la residencia de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en ese país.
Según informó el propio Ministerio Público, durante su allanamiento a la sede de la Cancillería revisó más de 600 correos electrónicos cruzados entre junio de 2024 y hasta la fecha entre funcionarios en Colombia y Nicaragua. También tomaron la declaración de un funcionario de la embajada colombiana en el país centroamericano, información clave para establecer qué pasó con la residencia del exdirector del Dapre, quien está prófugo de la justicia por su presunta responsabilidad en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
En contexto: Caso Ungrd: Nicaragua le habría renovado la residencia a Carlos Ramón González
“En las más de 20 horas de tareas realizadas en la Cancillería, el equipo del ente de control recopiló circulares, manuales de protocolos y de servicio, entre otros documentos, en los que se incluye el cruce de correos de junio de 2024 y hasta la fecha, entre funcionarios y exfuncionarios de la embajada de Colombia en Nicaragua y el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluidos los de la canciller, Rosa Villavicencio, excancilleres y viceministros”, indicó la Procuraduría por medio de un comunicado.
El Ministerio Público indicó además que este allanamiento se dio en apoyo al proceso que lidera la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores para establecer si en realidad hubo participación de funcionarios en el trámite récord de la residencia de González y determinar quienes serían los involucrados.
Lea también: Fiscalía pide circular roja contra César Manrique, imputado por caso Ungrd
Estas actuaciones iniciaron luego de que el pasado 14 de agosto se conociera que Nicaragua le renovó la residencia a González en ese país. Esa renovación se habría dado por una solicitud escrita de la Embajada de Colombia en la que habría pedido apoyo para el trámite. También se conoció una segunda carta con respuesta favorable emitida por el Ministerio del Interior de Nicaragua y el documento de identidad del exdirector del Dapre, investigado en Colombia por corrupción.
Pero, además, el 21 de mayo de 2025, la fecha de renovación que se lee en los documentos, es justo la misma fecha en la que el exfuncionario y amigo cercano del presidente Gustavo Petro fue imputado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. El Espectador se comunicó en su momento con la defensa del exdirector del Dapre; sin embargo, manifestaron no haber tenido injerencia en ese trámite.
Le puede interesar: Minjusticia y Cancillería se oponen al asilo político de Carlos Ramón González
Seis días después de que se conoció la información de la renovación de la residencia y luego de que la Fiscalía le solicitara a la oficina central de Interpol, con sede en Lyon (Francia) que emitiera circular roja en contra de González, al tiempo que se daban los trámites necesarios para lograr su extradición, Nicaragua negó esa pretención de las autoridades colombianas y le otorgó asilo político al exdirector del Dapre en el país centroamericano.
El poder de Carlos Ramón González
El otrora alfil del presidente Petro y uno de los hombres más cercanos a él en la Casa de Nariño, fue imputado y tiene orden de captura en Colombia, pues las declaraciones entregadas a la Fiscalía por los otros implicados en el entramado de corrupción señalan que él sería el cerebro detrás del desfalco a la entidad pública encargada de atender desastres y emergencias. Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd y quienes hoy colaboran con la justicia luego de negociar beneficios jurídicos, lo han señalado directamente.
Según las versiones de los exfuncionarios, de González directamente habría salido la orden de entregar dádivas a congresistas para abrirle camino a los proyectos del Gobierno Nacional en el Congreso. Entre lo que Olmedo López ha declarado ante las autoridades, está una supuesta reunión de septiembre de 2023 en la que se habría concretado el pago de coimas a congresistas. El exdirector de la Ungrd ha dicho que en ese encuentro, González dio la orden de entregarle $3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, como soborno para que destrabaran las reformas pensional y a la salud.
Contenido relacionado: Las campanadas a la Fiscalía para que gestione extradición de Carlos Ramón González
Esa declaración ante la justicia hizo que aparecieran otros dos nombres claves en el expediente: Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes y capturado el pasado 7 de mayo, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones y hoy privada de la libertad en una guarnición militar de Bogotá, por su presunta participación en el entramado de corrupción.
Según ha señalado López, la orden de González de entregar los sobornos a Name y Calle, expresidentes del Senado y la Cámara, la habría hecho efectiva Ortiz. Las declaraciones del exdirector de la Ungrd la señalan de haberle entregado los $3.000 millones a Name en un apartamento en Bogotá y de gestionar un soborno extra, de $1.000 millones, que se le habría entregado a Calle en Montería (Córdoba).
Lea: Abren indagación previa contra Cancillería por residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua
Con el anuncio de la imputación del exdirector del Dapre, en mayo de este año, esa versión entregada por López, y corroborada por Pinilla, cobró mayor importancia para la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo que las pruebas recolectadas por la Sala de Instrucción de la Corte, que permitieron las capturas de Name y Calle, y por María Cristina Patiño, fiscal del caso, y que la defensa de González había pedido no tener en cuenta.
La Corte Suprema negó las pretenciones de la defensa de González y le dio aval a esas pruebas, entre las que hay registros de comunicaciones, rastreos financieros, migratorios, digitales y geográficos, y un elemento clave: las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Casa de Nariño, que darían cuenta de la reunión de septiembre de 2023 entre González, Ortiz y López, las caras más visibles del escándalo de corrupción.
Más contenido: Fiscalía confirma que Carlos Ramón González no tiene circular roja de Interpol
Pese a que González negó en su momento ante la Corte Suprema haber dado las órdenes por las que será investigado, la justicia ha encontrado cada vez más razones para creerle a López y Pinilla, los testigos estrella del caso, e intentar comprobar su responsabilidad. Esa es una de las razones por las que es clave que González regrese al país y enfrente el proceso, aunque sea por medio de una circula roja de Interpol, que ya fue solicitada por la Fiscalía, pero que podría estar en el limbo, luego de que Nicaragua le diera asilo político.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
