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La Procuraduría General de la Nación vinculó a dos altos funcionarios de la empresa estatal Ecopetrol, a la investigación disciplinaria por un presunto entramado criminal relacionado con un contrato celebrado con la firma Covington & Burling LLP. Los vinculados son Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, ambos integrantes de la junta directiva de la petrolera.
Los directivos fueron designados para integrar la comisión especial encargada de revisar un contrato suscrito el 29 de agosto de 2024, por un valor superior a cinco millones de dólares (unos $19.300 millones). En principio, el acuerdo tenía el propósito de evaluar los impactos reputacionales derivados de las investigaciones contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntas irregularidades en la contratación del transporte aéreo de la compañía.
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Sin embargo, el alcance del contrato se amplió posteriormente para incluir la revisión de comunicaciones internas de más de 70 funcionarios, interviniendo la comunicación de dichos empleados. La situación encendió las alarmas en la Procuraduría, pues incluso se llegó a hablar de posibles “interceptaciones” irregulares a funcionarios.
La decisión se adoptó tras un auto emitido el pasado 9 de septiembre, en el que la Procuraduría. “De acuerdo con los elementos probatorios allegados hasta este momento procesal, surge la necesidad de investigar si se incurrió en alguna irregularidad de carácter disciplinario con ocasión de la decisión adoptada por los miembros de la junta directiva Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, de suspender el contrato en febrero de 2025”, dice el documento.
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Según el ente de control, uno de los hallazgos más relevantes frente a las presuntas anomalías en la contratación con la firma Covington & Burling LLP fue la modificación de los términos mediante un otrosí”, lo que hizo que el valor inicial de la contratación es se elevara a 5,8 millones de dólares.
Otros funcionarios vinculados a la investigación por el presunto entramado corrupto en Ecopetrol son Alberto José Vergara Monterrosa, director corporativo de Cumplimiento; Luis Felipe Rivera García, vicepresidente corporativo de Ciencia, Tecnología e Información; y Ludwig Wilson Mejía, funcionario de la Gerencia de Abastecimiento. Son investigados disciplinariamente por, al parecer, retener información y dar órdenes para inspeccionar a funcionarios de la petrolera estatal.
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