Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el alcalde de Nuquí (Chocó), Rubén Prado Asprilla, y el secretario de Planeación e Infraestructura, Jhordyn Mosquera Mosquera, por presuntamente haber fingido la ejecución de un contrato con el fin de obtener beneficios económicos durante una situación de emergencia.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Chocó indicó que, al parecer, luego del desbordamiento de las quebradas en el corregimiento de Termales, Prado Asprilla habría incurrido en irregularidades contractuales al firmar un contrato el 7 de junio de 2024, pese a saber que las obras de contención y mitigación ya habían sido realizadas por la comunidad y voluntarios del municipio.
Lea: Tribunal del Tolima protege libertad de expresión de Kika Nieto
De acuerdo con el ente de control, se busca establecer si el alcalde del municipio autorizó el pago al contratista sin que las obras hubieran sido ejecutadas, “con lo que se pudo configurar un posible uso indebido de recursos públicos”.
Respecto al secretario Mosquera Mosquera, quien ejercía como supervisor del contrato, se investigará la certificación que habría emitido para avalar el cumplimiento del contrato, pese a no haber verificado que las obras se ejecutaran realmente y a pesar de saber que los trabajos habían sido realizados por terceros.
Le puede interesar: Ocupan bienes avaluados en más de $9.000 millones a banda de minería ilegal en Antioquia
La Procuraduría señala que concretamente busca “verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si los funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
Asimismo, pasado 19 de septiembre, la Procuraduría anunció la apertura de otra investigación contra el alcalde y el secretario de Planeación, por presuntas irregularidades en el contrato para la demolición de la antigua Casa de la Cultura de Nuquí. La obra debía ejecutarse bajo la modalidad de mínima cuantía, es decir, que no superara el 10 % de los montos máximos de contratación.
Para contexto: Investigan a alcalde de Nuquí por presuntas irregularidades en un contrato
Según el ente de control, el negocio jurídico fue adjudicado a un único oferente. Aunque el contrato contemplaba diez actividades específicas, el contratista solo habría ejecutado dos, lo que implicaría un incumplimiento sustancial del objeto pactado.
Pese a esto, el mandatario habría autorizado el pago total del valor estipulado en el contrato, con lo cual se habrían vulnerado los principios de responsabilidad y transparencia en la administración de los recursos públicos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
