La Procuraduría General le está pidiendo a la Corte Constitucional que deje con vida una pequeña parte del decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro estableció en diciembre pasado la emergencia económica en el país. El concepto fue emitido por el Ministerio Público en el caso que tiene como ponente al magistrado Carlos Camargo Assis y en el cual fue suspendida provisionalmente la medida del gobierno.
En el documento enviado al alto tribunal, el ente de control señala que debe declararse exequible el decreto de la emergencia económica de diciembre (1390 del 22 de diciembre de 2025), pero solo en lo relacionado con la garantía del aseguramiento en salud, específicamente lo que tiene que ver con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Es decir, el dinero que cubre la atención de cada paciente en el sistema de salud.
La Procuraduría dio su respaldo “únicamente respecto de los hechos y consideraciones relacionados con la garantía del aseguramiento en salud producto de la equiparación de la unidad de pago por capitación”. Recordemos que a finales de enero pasado, la Corte Constitucional suspendió un decreto originado en la Presidencia, con el objetivo de prevenir posibles daños irremediables al aparato económico del país.
El Ministerio Público pidió que se tumbe lo relacionado con recursos para otros campos. Por ejemplo, los dirigidos al sector defensa, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la atención de emergencias por desastres naturales, al pago de sentencias judiciales y a obligaciones atrasadas del Estado.
El documento pide declarar la “inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 en lo relacionado con los hechos y consideraciones asociadas a (i) la necesidad de recursos en el sector defensa y en lo concerniente a la gestión de la Unidad Nacional de Protección, (ii) la atención de la emergencia causada por el desastre natural, (iii) el pago de sentencias judiciales, y (iv) el pago de obligaciones atrasadas”.
Para el ente de control, el decreto tiene un punto que debe rescatar y es el relacionado con la salud, porque “es una de las formas de garantizar el derecho a la salud de los usuarios”. Expone también que el sistema tiene distintos problemas, como cambios demográficos o el aumento de costos asociados a innovación y desarrollos tecnológicos, que hacen más difícil la atención de os ciudadanos.
Según la Procuraduría, el Estado tiene el deber de dirigir, regular, inspeccionar, vigilar y controlar el sistema y la atención de pacientes. Además, que se han adoptado medidas como intervenciones a EPS, ajustes regulatorios y activación de competencias de distintas entidades para asegurar la cobertura y el suministro de medicamentos, así como agendamiento de citas.
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