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En un documento de 17 páginas, la Procuraduría General le solicitó a la Corte Suprema de Justicia revisar la condena que pesa en contra del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en el escándalo de corrupción conocido como el “Carrusel de la Contratación”. Básicamente, su solicitud la basa es que el Tribunal Superior de Bogotá pudo incurrir en error al incriminarlo dos veces por un mismo delito.
“Hallándonos frente al debido proceso, y ante la Constitución Política, que prohíbe juzgar dos veces a una persona por la misma conducta, se hace necesario que la Corte Suprema de Justicia case el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que condenó a Samuel Moreno por el delito de peculado por apropiación y concierto para delinquir”, dice el documento y añade que el tribunal pudo desconocer la prohibición de doble incriminación en cuanto al delito de concierto para delinquir.
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Aunque el Ministerio Público le dio un espaldarazo a Moreno, no desconoce que el exalcalde se asoció con exfuncionarios y contratistas para cometer delitos contra la administración pública. “No se advierte que la judicatura haya desconocido principios rectores que orientan la actividad procesal, a excepción de haber impuesto en la condena la circunstancia de mayor punibilidad para el delito de peculado por apropiación cuando esa conducta hace parte de la descripción física del delito de concierto para delinquir”, resaltó la Procuraduría.
El documento que hoy reposa en los despachos de la Sala Penal pide casar parcialmente la condena de Moreno. Es decir, que revise la pena para definir sí su hipótesis es cierta y con ello se tomen medidas tendientes a disminuir la pena en contra del exalcalde que se conoció el pasado 18 de agosto tras resolver una apelación presentada por la defensa del exfuncionario. En ese entonces, el Tribunal resolvió disminuir la pena de 30 a 25 años de prisión.
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Moreno se encuentra ante los estrados judiciales desde hace un poco más de 10 años porque, según la Fiscalía, entre 2007 y 2011, lideró una red de corrupción en la capital del país “para cometer delitos contra la administración pública, recordado por el contrato firmado entre el IDU y vías Bogotá SAS, relacionados con la fase III de Transmilenio”. Por eso hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación en favor de terceros.
Para la condena en su contra, el tribunal tuvo en cuenta los testimonios de contratistas y funcionarios públicos (concejales) que hicieron parte de esa red de corrupción como Emilio Tapia, Héctor Zambrano, Luis Eduardo Montenegro, Miguel Nule, Iván Alberto Hernández, Hipólito Moreno, Ronald Andrés Camacho, entre otros. “Es claro que Moreno realizó un pactó con gente que apoyó su compaña para enriquecerse y por ende entregó burocracia y dádivas (...) no solo se dieron contratos a dedo, sino que también se entregaron puestos en el Distrito, por lo dicho confirma la condena por el concierto para delinquir”, señaló el magistrado Alberto Poveda Perdomo, ponente del caso.
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Por estos hechos ya fueron condenados Miguel Eduardo, Manuel Francisco y Guido Nule a 14 años tras aceptar su responsabilidad por el delito de peculado, ya que según las investigaciones recibieron $69.000 millones de anticipo por las obras de malla vial. Por su parte, Mauricio Galofre, considerado el principal socio del Grupo Nule, fue condenado a 10 años y seis meses de cárcel, puesto que solamente participó en la celebración de dos contratos viales. Según la Procuraduría y la Contraloría los Nule se habrían apropiado irregularmente de 8.500 millones de pesos de los anticipos de los contratos viales en Bogotá.