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La Procuraduría le solicitó al gobernador del Archipiélago de San Andrés, Everth Hawkins, hacer el mantenimiento y poner en real funcionamiento las 121 cámaras de públicas de seguridad monitoreadas desde el Centro de Diagnóstico Automotor.
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A través de un comunicado, el órgano de control amplió los requerimientos que constantemente ha hecho el comando de Policía de San Andrés. Tras verificar el estado actúa de las 121 cámaras, la Procuraduría encontró que 17 están fuera de servicio y el 100% necesita mantenimiento.
“El ente de control enfatizó en su misiva, que se requiere con urgencia, la implementación de mecanismos para prevenir la criminalidad, o en su defecto, contar con elementos tecnológicos que sirvan como prueba para la judicialización de las conductas criminales”, señaló la Procuraduría.
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En un término de tres días, el gobernador Hawkins deberá entregar un informe en el que detalle las acciones adelantadas por la administración departamental para atender los requerimientos en materia de seguridad.
A finales del año pasado, de hecho, la Defensoría alertó por el recrudecimiento de la violencia y el fortalecimiento de grupos armados ilegales en el archipiélago. En los últimos años, se incrementó el riesgo de vulneración a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
“La Alerta Temprana señala el fortalecimiento de estructuras armadas del narcotráfico y del crimen organizado locales y regionales que se encuentran al servicio del Clan del Golfo, la persistencia de la estructura armada Los Rastrojos y la tercerización de grupos delincuenciales locales tales como la banda de Los Pusey o La Fortaleza”, señaló la Defensoría.
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Mientras en el 2019 se reportaron 21 homicidios, 2020 dejó 38 personas asesinadas y 2021 un total de 37 víctimas. Al momento de la presentación de la alerta temprana de 2022, el archipiélago presentaba 11 muertes violentas. Por tanto, la Procuraduría solicitó fortalecer la seguridad y, si es de ayuda, renovar todas las cámaras de seguridad pública.
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