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¿Puede De la Espriella llamar “bandidos” a los capturados? El debate por sus declaraciones

Los pronunciamientos del presidente Abelardo de la Espriella en contra de personas capturadas plantean un debate: algunos abogados defienden las manifestaciones del jefe de Estado en contra de indiciados y otros aseguran que se estarían violando sus derechos y presunción de inocencia. Esto dicen los expertos sobre un posible exceso de sus competencias.

El presidente Abelardo de la Espriella ha ordenadop despliegues de Fuerzas Militares y operativos de la Policía en distintos sitios del país.
Foto: EFE - Mario Caicedo
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“Tú lo que eres es un bandido (…) un asesino, miserable”. “Así es que se doma a un bandido”. “Vas a ver lo duro que muerde el tigre”. “Lo vamos a mandar a una cárcel de máxima seguridad. La más dura que haya”. Las frases son del presidente Abelardo de la Espriella, en el contexto de los operativos policiales que ha ordenado en ciudades como Bogotá, Medellín, Cúcuta y Barranquilla. Hasta los sitios en los que han estado detenidas algunas de las personas capturadas en esas operaciones ha llegado el presidente de Colombia para dirigirse a ellos. Las declaraciones difundidas en redes sociales han generado debate entre juristas, pues algunos de ellos argumentan que podrían afectar las garantías judiciales de los capturados.

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Una de esas escenas ocurrió tras la captura de Aldair Enrique Contreras Echeverría, alias “Keko”, presunto integrante de la banda Los Costeños. El pasado 3 de noviembre fue enviado desde Barranquilla a la cárcel La Picota, en Bogotá, y el jefe de Estado escribió en X: “¡En la era del Tigre se acabó la guachafita!”. A ese pronunciamiento se suman los mensajes en los que el presidente De la Espriella ha celebrado los traslados de centros de reclusión especial a cárceles de alta seguridad de personas implicadas en casos de corrupción, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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Las garantías de los indiciados

Las expresiones del presidente De la Espriella hacia personas capturadas en operativos van más allá de su posible efecto político y de la consolidación de la estrategia de mano dura contra el crimen que anunció en campaña. Han generado un amplio debate entre abogados relacionado con las garantías de personas indiciadas y que están, al momento de sus detenciones, de cara al inicio de un proceso penal en el que se presumen inocentes. Algunos juristas, como Andrés Felipe Caballero, han apoyado la iniciativa del jefe de Estado de participar en ese tipo de operaciones. “Yo celebro que el presidente acompañe los operativos, que mantenga la moral de la Policía y del Ejército para que se den bien los resultados”, dijo recientemente a la prensa.

Además, dejó una pregunta sobre la mesa: “¿El presidente, cuando carea durante 30 o 40 segundos a un delincuente como estos, de verdad está incumpliendo las convenciones internacionales sobre la prohibición de tratos crueles o degradantes?”. Ángela María Buitrago Ruiz, exministra de Justicia y exfiscal, le explicó a El Espectador que los pronunciamientos del presidente se agravan por su rol de funcionario público. “Él debe respetar los principios constitucionales que obligan a la dignidad humana, al derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y al debido proceso. No es lo mismo que el presidente de la República se pare a decir esto frente a un capturado, que pases por la calle y alguien te diga lo mismo”, señaló la jurista.

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En eso coincidió Sergio Salazar Cardona, docente universitario y exjuez de control de garantías de Cali, quien le dijo a este diario que el principal error es que participar en ese tipo de procedimientos y dirigirse a los capturados está fuera de las competencias de De la Espriella como presidente. En su concepto, aunque el presidente es el comandante en jefe de la fuerza pública, no tiene funciones de policía judicial y tampoco puede imputar delitos como lo hace la Fiscalía ni confirmar su responsabilidad, que es responsabilidad de los jueces. En esa línea, explicó el jurista, el uso de expresiones como “bandido” y el señalamiento de los capturados como responsables de delitos que no han sido probados podría afectar el proceso penal.

Desde su campaña, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que su política sería la "mano dura" contra las estructuras ilegales.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

“Se estaría vulnerando la presunción de inocencia, que hace parte de nuestra Constitución y que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Colombia hace parte”, aseguró Salazar. Agregó que la razón detrás de esas situaciones que luego son difundidas a la opinión pública es “política y populista”, desde su análisis. “Las sociedades tienden a que, entre mayor mano dura penal haya, se puedan sentir más seguras. De allí que la gente todavía insista en que entre más años de cárcel para un condenado, mejor. Eso genera sensación de tranquilidad”, explicó el exjuez de control de garantías Salazar. Para la exministra Buitrago, depende de los funcionarios judiciales que una captura bajo estas condiciones sea legalizada o no.

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La también docente universitaria dijo que las 36 horas que, por ley, tienen los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Policía judicial para presentar a los capturados ante un juez de control de garantías, no pueden ser usadas “para rascarse la barriga”. Por el contrario, debe agilizarse el proceso para legalizar la captura en el menor tiempo posible y ni la espera por la llegada del jefe de Estado podría interferir. “Si la razón por la cual se llegara a demorar la entrega de un capturado al juez es esperar la llegada del presidente, no tendría justificación legal ni habría razonabilidad. Ese procedimiento primero no es debido, no está reglamentado y él no es una autoridad judicial que justifique la demora”, explicó.

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Las consecuencias podrían afectar el proceso penal, según Buitrago: “Las personas que materializan las capturas no pueden permitir que terceros agredan al detenido de forma verbal ni física. Están en la obligación de evitar esas agresiones, provengan de donde provengan”. En ese escenario, el juez de control de garantías podría declarar ilegal la captura y dejar libre a la persona. Para el abogado Salazar Cardona, las consecuencias penales y disciplinarias podrían alcanzar a los funcionarios que permiten que cualquier persona, incluido el presidente, las agreda o retrase la legalización de su captura. “No hay nada más peligroso que una privación injusta de la libertad o su prolongación injustificada, porque eso también es delito”, expresó.

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Uno de los operativos recientes ordenados por el presidente De la Espriella fue en Cúcuta deja y dejó capturados.
Foto: Presidencia

Los traslados de presos

El otro escenario en el que De la Espriella se ha pronunciado es el de los traslados de personas privadas de la libertad en centros de protección especiales, como unidades militares y de Policía, a cárceles de máxima seguridad. Esas decisiones de traslado las toma el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que evalúa previamente si las condiciones están dadas para efectuar esos traslados. Pero el presidente De la Espriella lo ha celebrado en casos puntuales como los de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quienes fueron trasladados el pasado 6 de octubre del Batallón Caldas y el Batallón Fernando Landazábal Reyes, respectivamente, a la cárcel La Picota.

“Que quede claro: en mi gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios. No importa cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien. Aquí nadie tiene corona ni está por encima de la ley”, dijo el jefe de Estado en ese momento. Para la exministra Buitrago Ruiz, se ha “distorsionado” el uso de centros de reclusión especiales para personas que han denunciado amenazas (como los exdirectivos de la Ungrd). En su concepto, ha habido “un manejo privilegiado de centros de reclusión especiales, cuando había delincuentes de cuello blanco que, incluso, son más censurables que otra clase de delincuentes”. Pero Salazar Cardona, exjuez de control de garantías, las órdenes de traslado en casos como este podrían afectar los mecanismos de negociación de la Fiscalía con personas que colaboran con la justicia.

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En los casos de Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes han llegado han negociado con la Fiscalía para entregar información sobre el entramado de corrupción de la Ungrd, su traslado a La Picota podría ser un obstáculo en el camino. Salazar Cardona explicó que esas órdenes “dejan maniatado” al ente investigador para ofrecerle a una persona condenada o procesada la posibilidad de pedir una medida de aseguramiento domiciliaria o en un sitio de reclusión especial, cuando la ley lo permite, a cambio de aportar verdad e información sobre los hechos por los que es investigado. “Ese tipo de herramientas facilitan la negociación sin que implique una ilegalidad, porque no lo son”, explicó el jurista.

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Para Buitrago Ruiz el aporte de información o la colaboración con la justicia por parte de una persona investigada puede estar sujeto a recibir “beneficios”, como la reclusión en centros especiales. Agregó que el propio Inpec y los jueces de ejecución de penas deben ser más estrictos en verificar factores como la seguridad de las personas privadas de la libertad. En los casos de López y Pinilla detalló que las amenazas no son suficientes para que estén recluidos en escuelas militares, pues en las cárceles convencionales también se deberían garantizar las condiciones necesarias para salvaguardar su libertad. Concluyó que el presidente de la República es libre de pronunciarse sobre esos traslados, porque no deberían permear las decisiones del Inpec.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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