“Que no se rompa la democracia”, crece polémica entre procuradora y presidente

La procuradora general, Margarita Cabello, y el presidente Petro chocaron por suspensión de alcalde de Riohacha.

Foto: Archivo Particular

El rifirrafe entre la procuradora general Margarita Cabello y el presidente Gustavo Petro por la suspensión al alcalde de Riohacha sigue creciendo. Esta mañana, el primer mandatario le envió una extensa carta a la jefa del Ministerio Público explicando las razones por las que no acatará la sanción contra el funcionario de elección popular. Sin embargo, Cabello no demoró en darle una respuesta pública la jefe de Estado.

En contexto: Presidencia le notificó a la Procuraduría que no ejecutará suspensión de alcalde

Durante el Segundo Congreso Nacional de Compliance, llevado a cabo en la Universidad Católica de Colombia en Bogotá, la procuradora dijo pidió “que no se rompa la democracia”. Según lo dicho por la jefa del Ministerio Público, al no aplicar la sanción contra el alcalde José Ramiro Bermúdez, el jefe de Estado estaría “desconociendo es Estado Social de Derecho al incumplir una orden constitucional”.

Para Cabello, el presidente Petro se equivoca en su interpretación de las normas y asegura que la Corte Constitucional avaló que sea la Procuraduría el ente encargado de la sanción a funcionarios de elección popular. “Esa decisión fue ratificada por una sentencia de la Corte Constitucional”, dijo la procuradora, agregando que todas las autoridades en Colombia “incluyendo al presidente, tienen que obedecer”.

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Por su parte, horas antes, el presidente Gustavo Petro envió una carta a la jefa del Ministerio Público en la que decía que advierte que no va a ejecutar la orden de suspender de su cargo a un funcionario elegido por voto popular. No es la primera vez que el presidente controvierte a la procuradora Margarita Cabello. Esta discusión ya la habían tenido en mayo de este año, cuando el Ministerio Público ordenó investigar y suspender varios congresistas del Pacto Histórico.

Lo que dice la Casa de Nariño es que la Procuraduría desconoce las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que un funcionario elegido por voto popular no puede perder sus derechos políticos por cuenta de una autoridad administrativa. Incluso, el propio presidente Petro fue cobijado por una decisión de esta naturaleza. “(Implica) un serio riesgo de responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional que, en el futuro, será reclamado a la República de Colombia”, dice el extenso documento.

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