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Un juez de la República dejó en libertad a Víctor Manuel Vargas Gaitán, representante legal de la Fundación Bogotá, un espacio para amar, quien habría prestado su organización para recibir parte de los dineros que Andrés Jaramillo López, expresidente de Conalvías, obtuvo como anticipo para la culminación de las obras de la Calle 26. Según registros judiciales, Vargas Gaitán, investigado por el delito de lavado de activos, quedó libre el pasado 8 de febrero.
Vargas Gaitán, capturado en Somondoco (Boyacá) en octubre de 2017, habría recibido 15 cheques por $13.216 millones por supuestos servicios de transporte de materiales, que nunca se prestaron en realidad porque la fundación carecía de vehículos y personal para tal fin. Según la Fiscalía, fueron generadas cuentas de cobro ficticias para soportar la actividad que la organización de Vargas Gaitán aparentemente iba a cumplir en la adecuación de la Calle 26.
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Para el ente investigador, el representante de la fundación conocía de la ilegalidad del dinero transferido y resguardó, custodió, ocultó y encubrió su origen. Esta es una nueva línea de investigación de la dirección especializada contra el lavado de activos de la Fiscalía en el mencionado carrusel de la contratación. “Entre los dos hubo un acuerdo para que, a través de la fundación, se desviara el dinero que debió ser utilizado para el anticipo del contrato y no para sustraérselo”, agregó la Fiscalía en su momento.
Andrés Jaramillo López, también investigado por estos hechos, quedó en libertad en agosto del año pasado. Actualmente enfrenta un juicio por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y cohecho para dar u ofrecer. Según la Fiscalía, el expresidente de Conalvías “acordó y obtuvo comisiones ilícitas, por la adjudicación, adición y cesión de los contratos públicos considerados como estratégicos, tras la alianza con funcionarios del IDU, y con contratistas particulares favorecidos”.
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De acuerdo con el ente investigador, la adjudicación de los contratos se habría hecho sin el visto bueno de la interventoría externa contratada por el IDU a cambio de una comisión del seis por ciento del valor de la adición. “Permitió la apropiación injusta de dineros desde la no amortización del anticipo pendiente del anterior contratista cedente, el cambio de precios, la exclusión de obras, la inclusión para su pago de factores de contingencia, todo esto arrojó la obtención de valores adicionales injustificados”, señaló el fiscal en la audiencia de acusación celebrada en febrero del año pasado.