¿Quiénes son los siete exFarc que fueron sancionados por la JEP?

Sobre el último secretariado de las Farc recaen condenas que, sumadas, superarían los 12 siglos de prisión, de acuerdo con los cálculos de víctimas del caso de secuestro. Aunque sería imposible traducir esas penas en cárcel ordinaria, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pretende transformarlas en sanciones restaurativas de ocho años. Este martes 16 de septiembre los siete ex comandantes de la antigua guerrilla conocieron las sanciones impuestas por la política de secuestros que ellos mismos ejecutaron y con la que generaron más de 21.000 víctimas en todo el país, registradas en el caso 01.

Se trata de Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”; Jorge Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo”; Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias “Pastor Alape”; Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”; Julián Gallo Cubillos, alias “Carlos Antonio Lozada”; Rodrigo Granda Escobar, alias “Ricardo Téllez”; y Jaime Alberto Parra, alias “El médico”. Esta sentencia por el caso de secuestro, la primera emitida por la JEP en siete años, también incluye la responsabilidad de estos hombres por otros crímenes cometidos durante el cautiverio como la desaparición forzada, homicidio, trabajos forzados, desplazamiento, tratos crueles e inhumanos, tortura e incluso violencia sexual. Desde el mayor rango, conozca quiénes encarnaron la última línea de poder de la guerrilla de las Farc.

En contexto: La JEP sancionó con ocho años a siete exjefes de las Farc por 21.936 casos de secuestro

¿Quién es Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”?

Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como alias “Timochenko”, tiene 66 años y fue el último comandante en jefe de las Farc, cargo que asumió en noviembre de 2011 tras la muerte de Alfonso Cano. Nacido en La Tebaida (Quindío) el 20 de enero de 1959, ingresó a la guerrilla a los 16 años. Aunque fue reconocido como el rostro político del Acuerdo de Paz en 2016, su prontuario lo vinculó a algunas de las acciones más sangrientas de la guerrilla.

La JEP le atribuyó responsabilidad como jefe máximo en la política de secuestros de las Farc. Según la Sala de Reconocimiento, Londoño no solo toleró esta práctica, sino que la ordenó, mantuvo y justificó como fuente de financiación, mecanismo de control social e instrumento de presión política mediante el canje de prisioneros.

Entre las acciones más violentas que marcaron su trayectoria se encuentra la toma de Mitú, en noviembre de 1998, cuando cerca de 1.500 guerrilleros atacaron la capital del Vaupés, asesinaron a decenas de policías y militares, y secuestraron a más de 60 uniformados. A Londoño también se le señaló como responsable del secuestro del exgobernador de Meta, Alan Jara, en 2001, quien permaneció cautivo durante siete años, y de haber avalado el carro bomba en el Club El Nogal de Bogotá en 2003, atentado que dejó 36 muertos y más de 200 heridos. Además, distintos informes judiciales e investigaciones de inteligencia le atribuyen la participación en purgas internas contra guerrilleros acusados de traición o infiltración, lo que reforzó su reputación como un comandante dispuesto a consolidar su poder a través de la violencia.

Durante los años previos a la firma del Acuerdo de Paz, Londoño acumuló más de cien órdenes de captura por delitos como homicidio agravado, secuestro extorsivo, reclutamiento de menores, terrorismo, tráfico de armas y narcotráfico. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo acusó de conspirar para introducir cocaína en su territorio y ofrecía hasta cinco millones de dólares de recompensa por información que permitiera su captura. Dichas órdenes quedaron anuladas con la firma del Acuerdo en 2016.

Londoño participó en la audiencia pública de reconocimiento de responsabilidad de la JEP en 2022 en la que pidió perdón a las víctimas y en 2023 hizo parte de la audiencia de verificación de ese tribunal de paz para reconfirmar sus compromisos de reparación.

¿Quién es Jorge Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo”?

Jorge Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo”, nació en Cali (Valle del Cauca) en 1953 y hoy tiene 71 años. Militó en la Juventud Comunista (Juco) desde los 15 y a los 19 ingresó a la guerrilla de las Farc, siguiendo los pasos de su hermano mayor. Desde ese momento, inició un recorrido de casi cinco décadas en la organización insurgente, en la que ascendió hasta convertirse en miembro del secretariado y comandante del Bloque Occidental, con injerencia en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En 1974, bajo el frente 6, estuvo entre los responsables de la custodia del cónsul de Holanda en Colombia, Eric Leupin, secuestrado por las Farc. En 1978 intentó crear una red urbana en Cali, pero fue capturado por el Ejército y pasó cuatro años en prisión. Al salir, se reincorporó al grupo armado, donde escaló posiciones: integró los frentes 27 y 31 en Meta, fue guardia de Alfonso Cano, y en 1997 asumió el mando de la Columna Móvil Alirio Torres. En 2008 ingresó como suplente al secretariado y, tras la muerte de Cano en 2011, se convirtió en miembro pleno de la máxima dirección de la guerrilla.

Catatumbo fue uno de los hombres clave en las negociaciones de paz: participó en los diálogos de Tlaxcala (1991), en la mesa de La Habana (2013) y en la firma del Acuerdo Final en 2016. Tras la dejación de armas, se reincorporó a la vida civil como senador por el partido Comunes. La JEP le atribuyó responsabilidad como coautor mediato de la política de secuestros que implementó el Bloque Occidental bajo su mando. La Sala de Reconocimiento documentó que Catatumbo avaló la retención de oficiales y suboficiales de la fuerza pública para forzar intercambios de prisioneros, y toleró privaciones de la libertad contra civiles consideradas como castigos o mecanismos de control territorial.

La JEP lo responsabilizó además de los crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, desaparición forzada, tortura y tratos crueles siendo comandante con control efectivo sobre sus tropas. Entre los casos que pesan sobre su mando figuran el cautiverio del teniente coronel Acosta Argotty, a quien se le agravaron sus lesiones de columna por el trato recibido en cautiverio, y el secuestro de los diputados del Valle en 2002, del cual las víctimas piden más claridad sobre su rol.

La Fiscalía reportó contra él 22 investigaciones por secuestro y al menos seis sentencias condenatorias relacionadas con esta práctica. Torres Victoria tendrá que cumplir una sanción propia de ocho años impuesta por la JEP a través de proyectos de reparación.

¿Quién es Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias “Pastor Alape”?

Lisandro Alape Lascarro, alias “Pastor Alape”, nació en 1959 en Puerto Berrío (Antioquia), y desde joven vinculó su vida a la militancia política y a la guerra. A los 13 años ingresó a la Juco y en 1979, tras varios episodios de persecución, se unió al frente 4 de las Farc en el Magdalena Medio, donde comenzó su trayectoria como guerrillero. A finales de los 80 fue trasladado al Bloque Oriental para cumplir funciones de ayudantía y en 1989 fundó el frente 45, donde permaneció hasta 1993.

Ese mismo año, durante la VIII Conferencia Nacional Guerrillera, ascendió al Estado Mayor Central y fue designado comandante del Bloque Magdalena Medio, uno de los más importantes del país por su influencia en zonas estratégicas de Antioquia, Bolívar y Santander. En 2008 ingresó como suplente del secretariado y dos años después fue nombrado miembro pleno. Desde 2012 también coordinó el Bloque Noroccidental.

Desde la VIII Conferencia de 1993 y el Pleno Ampliado del 2000, Pastor Alape participó en la adopción de las directrices que ordenaban privar de la libertad a civiles para cobrar rescates y sostener económicamente a la guerrilla. También avaló la creación de unidades financieras y la imposición de cuotas económicas a las estructuras regionales, medidas que derivaron en un sistema masivo de secuestros.

Aunque no participó en la decisión de retener a militares y policías para forzar intercambios —política adoptada en 1997—, ni en la orden de secuestrar civiles con ese mismo fin en 2001, la JEP le atribuyó responsabilidad por las prácticas de sus miembros en el control social y territorial. Bajo su mando, el Bloque Magdalena Medio ejecutó secuestros de civiles considerados “enemigos”, funcionarios públicos y habitantes acusados de incumplir normas impuestas por la guerrilla.

Su papel político cobró fuerza en la última etapa del conflicto. En 2014 se integró a la comisión de diálogos de La Habana, participó en la negociación de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y firmó el Acuerdo Final en 2016.

En la justicia ordinaria, Pastor Alape acumuló tres condenas por secuestro, siete investigaciones en curso y cuatro órdenes de captura por el mismo delito. Ante la JEP, reconoció su rol como comandante y vocero colectivo del Bloque Magdalena Medio, aunque no aceptó responsabilidad directa en casos individuales.

¿Quién es Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”?

Profesor universitario convertido en uno de los jefes más temidos de las Farc. Milton de Jesús Toncel fue conocido en la guerra como “Joaquín Gómez”. Antes de unirse a la insurgencia, fue profesor en la Universidad de la Amazonía en Florencia (Caquetá). En 1984 ingresó al frente 14 de las Farc y ocho años después fue nombrado segundo al mando del Bloque Sur, bajo la comandancia de Iván Márquez. Desde 1993 asumió como jefe de ese bloque, posición que mantuvo hasta la firma del Acuerdo de Paz. Su ascenso dentro de la estructura guerrillera lo llevó a integrar el Estado Mayor Central en 2005 y, en 2008, el secretariado. En 2014 se convirtió en uno de los negociadores de La Habana y en 2016 firmó el Acuerdo Final, reincorporándose a la vida civil.

En su trayectoria militar fue uno de los responsables de consolidar la “política financiera” de las Farc, que consistió en privar de la libertad a civiles a cambio de dinero con el fin de sostener la maquinaria de guerra. Toncel también participó en la implementación de la política de retener militares y policías para canje, ordenada en 1997, con el fin de presionar al Estado para liberar guerrilleros presos. La Sala de Reconocimiento estableció que dio las órdenes necesarias para que sus tropas en el Bloque Sur ejecutaran esta política, que incluyó mantener cautivos durante años a miembros de la Fuerza Pública y ordenar su asesinato en determinadas circunstancias.

Fue responsable de la decisión del secretariado en 2001 de privar de la libertad a civiles con fines de intercambio, política que ejecutó en su jurisdicción y que reconoció en sus versiones ante la JEP. Toncel admitió haber tenido contacto directo con Ingrid Betancourt y Clara Rojas durante su cautiverio. La JEP también lo responsabiliza por ordenar la retención de funcionarios públicos, supuestos “enemigos” y civiles como forma de control social y territorial en el sur del país.

En esa dinámica, las estructuras a su mando cometieron homicidios —calificados por la organización como “ajusticiamientos”—, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamientos forzados. Por su posición de mando, la jurisdicción lo señala de omitir deliberadamente controles para evitar esos crímenes, convirtiéndolo en responsable directo por comisión y por omisión.

En la justicia ordinaria acumuló ocho condenas por secuestro extorsivo o toma de rehenes, además de 33 investigaciones y 52 órdenes de captura por los mismos delitos. Ante la JEP ha reconocido colectivamente la política de secuestros y, de manera individual, su responsabilidad directa en el cautiverio de Betancourt y Rojas. Las víctimas acreditadas en el caso 01 le han solicitado que aporte información sobre personas desaparecidas como Duván Cardona Torres y el geólogo Gerardo Alberto Arandia Valentín, así como sobre el secuestro del exgobernador de Meta, Alan Jara.

¿Quién es Julián Gallo Cubillos, alias “Carlos Antonio Lozada”?

Julián Gallo Cubillos, alias “Carlos Antonio Lozada”, nacido en 1961 en Fusagasugá (Cundinamarca) y criado en Bogotá, inició su activismo político en la Juco. En 1978, mientras cursaba el último año de bachillerato, se incorporó a las filas de las extintas Farc en Cauca. Aunque ingresó como guerrillero raso, pronto fue destinado a labores urbanas en Cali y Bogotá, centradas en abastecimiento, información y reclutamiento.

Desde 1984 asumió la organización de las redes urbanas de esa guerrilla en la capital con énfasis en captar estudiantes universitarios y ejecutar acciones militares clandestinas. En 1993 participó en la VIII Conferencia Guerrillera donde fue reconocido como comandante del Frente Urbano Antonio Nariño. Ese mismo año fue nombrado suplente del Estado Mayor del Bloque Oriental desde donde dirigió una estructura urbana que llegó a tener cerca de 80 integrantes distribuidos en células clandestinas.

Entre 1999 y 2002 coordinó delegaciones estudiantiles en la zona de distensión del Caguán y participó en el Pleno Ampliado del Estado Mayor en el 2000. En 2010 fue nombrado suplente del secretariado y, un año después, miembro titular. Desde 2014 integró el equipo negociador en La Habana y en 2016 firmó el Acuerdo Final de Paz. Tras su reincorporación a la vida civil ha ejercido liderazgo político en el partido Comunes.

La JEP determinó que Gallo tuvo un papel decisivo en la consolidación de la llamada “política financiera” de las Farc adoptada en la VIII Conferencia de 1993 que ordenaba privar de la libertad a civiles para exigir dinero a cambio de su liberación. Como suplente del Estado Mayor del Bloque Oriental y participante en el Pleno del 2000 contribuyó a imponer cuotas de recursos a las estructuras guerrilleras y a crear unidades financieras para ejecutar secuestros con fines extorsivos.

Si bien Gallo no estuvo en la reunión del Estado Mayor de 1997 que adoptó la política de retener a militares y policías para canje, en 2000 participó en el Pleno que ratificó esta decisión. En 2011, ya como miembro principal del secretariado, aún había cautivos en poder de las Farc bajo esa modalidad. La JEP estableció que estos secuestros constituyen crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio, pues las órdenes incluían la ejecución de prisioneros bajo determinadas circunstancias.

En cuanto a la política de retener civiles para canje (2001), la Sala aclaró que Gallo no hizo parte del secretariado cuando se adoptó ni ejerció control efectivo en su implementación. Los registros de la Fiscalía reportan una condena en su contra por el secuestro de tres contratistas estadounidenses (Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves), así como una investigación en curso por el secuestro de militares en Pueblo Rico (Risaralda) en el año 2000.

¿Quién es Rodrigo Granda Escobar, alias “Ricardo Téllez”?

Rodrigo Granda Escobar, conocido dentro de las Farc como “Ricardo Téllez”, nació en Frontino (Antioquia), y antes de ingresar a la guerrilla militó en la Alianza Nacional Popular (Anapo) y en la Unión Patriótica (UP). Tras el exterminio de este último movimiento, decidió unirse a las Farc en 1987, donde Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”, lo incorporó directamente a la Comisión Internacional (Cominter), órgano encargado de los contactos y relaciones exteriores de la organización.

En la VIII Conferencia Guerrillera de 1993 fue designado miembro del Estado Mayor Central, y desde entonces participó en la adopción de las principales políticas de la insurgencia. Su figura fue determinante en la representación de la guerrilla en escenarios internacionales, lo que le dio el apodo de “canciller” de las Farc. También tuvo asiento en las negociaciones de paz del Caguán (1999-2002) y posteriormente en los diálogos de La Habana, donde fue uno de los delegados que condujeron al Acuerdo Final de Paz de 2016.

En 2004 fue detenido en Venezuela y trasladado a Colombia, permaneciendo preso hasta 2007. Ese año, el presidente Álvaro Uribe Vélez le otorgó libertad condicional a petición del Gobierno de Francia, que buscaba facilitar la liberación de Ingrid Betancourt. No obstante, Granda volvió a las filas de las Farc y retomó su papel en el Cominter y en el Bloque Caribe, del cual formó parte de su Estado Mayor. En 2011 fue nombrado suplente del secretariado y, un año después, delegado en los diálogos de paz.

Aunque Rodrigo Granda alegó no haber tenido mando de tropa ni responsabilidad directa en privaciones de libertad, la JEP le atribuyó responsabilidad como coautor mediato de la política de secuestros de las Farc. Aunque no hizo parte de las discusiones sobre retenciones con fines de canje ni de secuestros para consolidar control territorial, sí fue considerado corresponsable de las políticas de secuestro con fines económicos, por haber avalado y sostenido esas directrices en los espacios de mando.

En el expediente del caso 01 ante la JEP, las víctimas acreditadas han solicitado a Rodrigo Granda aportar información sobre el asesinato de Álvaro Ignacio Ordóñez y Oswaldo Rafael Pineda Romero, ocurrido en 2001 en Sincelejo (Sucre) y atribuido al frente 35 de las Farc. La Sala le ha pedido responder a interrogantes sobre posibles infiltrados estatales o narco-paramilitares en ese plagio. Aunque no ha sido condenado por secuestro en la justicia ordinaria, sí aparece vinculado a investigaciones como la del secuestro de los contratistas estadounidenses Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves.

¿Quién es Jaime Alberto Parra, alias “El médico”?

Jaime Alberto Parra, alias “El médico”, nació en 1955 en El Líbano (Tolima). En 1978, siendo estudiante de medicina en la Universidad de Caldas y militante de la Juco, abandonó sus estudios y se unió a las Farc adoptando el alias de “Mauricio Jaramillo” o “El médico”. Su primera militancia fue en el frente 9, que operaba en La Dorada (Caldas). Participó en la VII Conferencia Guerrillera (1982) y en 1986 fue designado, junto con Julián Gallo, para organizar redes urbanas en Bogotá.

En 1989 ingresó al Estado Mayor Central y al año siguiente acompañó al secretariado en Casa Verde (Meta), sede estratégica de la organización. Durante los años 90, Parra fue delegado de Ayudantías del Secretariado, participó en la VIII Conferencia Guerrillera (1993) y asumió responsabilidades en el Estado Mayor del Bloque Oriental, el más grande y militarmente poderoso de las Farc. Además, coordinó comisiones de salud, supervisó hospitales clandestinos y formó enfermeros de guerra.

En 2003 fue nombrado suplente del secretariado y en 2008 miembro titular. Dos años más tarde asumió la comandancia del Bloque Oriental. En 2016 firmó el Acuerdo Final de Paz y desde entonces ha estado en labores de comparecido ante la JEP en diligencias individuales y colectivas. La JEP estableció que, como miembro del Estado Mayor Central y comandante del Bloque Oriental, Parra participó en la adopción y ejecución de la política financiera que ordenó secuestrar civiles para exigir rescates.

La Sala de Reconocimiento lo vincula a la política de retención de militares y policías para canje, que mantuvo a oficiales como el sargento César Augusto Lasso cautivo durante más de 13 años. El tribunal también le atribuye responsabilidad de mando por torturas, tratos crueles y condiciones inhumanas en las que permanecían los secuestrados. Cada seis meses recibía reportes sobre su salud, pero omitió tomar medidas para evitar los abusos, pese a tener el poder de hacerlo.

En la justicia ordinaria, Parra acumuló condenas por secuestros cometidos en las tomas de Miraflores (Guaviare) y Mitú (Vaupés). También enfrenta investigaciones por la toma de Curillo (Caquetá) y por secuestro extorsivo, así como una orden de captura por ese mismo delito. En diligencias ante la JEP, víctimas como Ingrid Betancourt le han exigido explicaciones sobre el trato que recibieron durante su cautiverio. Betancourt preguntó, por ejemplo, por qué su compañera de secuestro, Clara Rojas, no recibió atención médica adecuada durante su embarazo, pese a que las Farc tenían personal de salud entrenado.

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