Un proyecto de fallo en la Corte Constitucional tumbaría uno de los pilares de la más grande iniciativa de la Procuraduría General en los últimos años: la reforma presentada en 2021, que buscaba confirmar su capacidad de sancionar e inhabilitar a funcionarios de elección popular, como alcaldes, gobernadores, diputados o concejales. Los magistrados de la Corte podrían estimar, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020, que la Procuraduría no puede asumir las funciones de un juez y apartar de su cargo a personas que llegaron a posiciones de poder con el apoyo de la ciudadanía en las urnas.
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En contexto: Ponencia en Corte Constitucional busca tumbar pilar de reforma a la Procuraduría
Entre las posibles órdenes que conoció El Espectador, la Corte le daría un término de seis meses al Congreso para que regule cambios en el Código Disciplinario, para que sean los jueces quienes únicamente tengan la capacidad de sancionar. Y la Procuraduría, en últimas, apenas pueda ordenar multas y hacer seguimientos. Pero ¿qué pasaría con las miles de investigaciones que tiene en curso la Procuraduría contra alcaldes o gobernadores? Según el proyecto de fallo, el Congreso deberá definir el nuevo reparto de competencias para culminar dichas investigaciones y, si es el caso, imponer las sanciones correspondientes.
La Procuraduría adelanta más de 63.000 casos disciplinarios, orientados a verificar la conducta de funcionarios públicos. De ese universo, un total de 7.749 involucran a servidores que fueron o permanecen electos por voto popular. Los más investigados son los alcaldes, contra quienes hay abiertos 3.953 casos, que serían trasladados a jueces de la República. Asimismo, contra concejales hay abiertos 3.250 casos; contra gobernadores, un total de 286; contra diputados, 179; contra ediles, 121; contra representantes a la Cámara, 32; y contra senadores, 28.
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Cuando el Congreso resuelva las órdenes planteadas en el proyecto de fallo, la Procuraduría, además, deberá dejar en jueces los expedientes contra 51 alcaldes y gobernadores activos que son investigados. Quien tiene más procesos es el alcalde Cartagena, William Dau, quien es protagonista de 33 actuaciones disciplinarias. Entre ellas, un juicio por presuntamente haber tratado con “irrespeto” a los directivos de la Universidad de Cartagena. Quien le sigue es el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, contra quien la Procuraduría tiene 14 procesos disciplinarios.
Entre los alcaldes, quienes puntean en expedientes, son Andrés Fabián Hurtado, de Ibagué, y Jorge Luis Mendoza, de Leticia. Asimismo, serían objeto de investigación de los jueces los casos de Daniel Quintero, a quien la Procuraduría le sigue la pista por presunta participación en política durante las elecciones presidenciales de 2022. También los expedientes contra Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, a quien le abrieron un total de 10 casos y contra Claudia López, alcaldesa de Bogotá, que tiene un par de expedientes en el órgano disciplinario.
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Por otro lado, la Procuraduría abandonaría expedientes que estaban a punto de ser resueltos y que, en el peor de los casos, iban a terminar con sanciones como la destitución o la inhabilidad por años para ejercer cargos públicos. Entre ellas, el juicio contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, de quien se cree entregó dinero a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para frenar las investigaciones penales en su contra. También el juicio disciplinario contra el actual gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins, quien habría incurrido en irregularidades en la contratación para combatir el COVID-19 en el archipiélago.
Las órdenes de la Corte Constitucional, en contravía a la reforma a la Procuraduría, significarían toda una revolución para la justicia colombiana. Desde 1991, el órgano de control sancionó a un total de 7.702 servidores de elección popular. Los alcaldes recibieron correctivos en 4.068 oportunidades y los gobernadores en 223. El proyecto de fallo no dejó claro, por ahora, si la Procuraduría hará seguimiento a las sanciones que siguen vigentes bajo su jurisdicción. Pero no es un dato menor que, a la fecha, haya 3.797 funcionarios que deben pagar sanciones. Entre ellos, nueve con inhabilidades permanentes y 674 con destituciones e inhabilidades temporales.
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La Procuraduría, por su parte, ha sostenido en los debates sobre su reforma que la Constitución de 1991 establece diferentes componentes del régimen de responsabilidad de funcionarios públicos y que la justicia disciplinaria es tan válida como la penal o la fiscal. “Si la limitación de derechos políticos se termina trasladando exclusivamente al derecho penal, se eliminaría el derecho disciplinario en Colombia, favoreciendo la corrupción y, por supuesto, la impunidad”, mencionó la entidad en un informe conocido por El Espectador. La última palabra la tendría el Congreso, al cual probablemente se le entregará la orden directa de cambiar las funciones de la Procuraduría tal y como se les conoce.
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