Sigue la tensión entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales en Atlántico, por cuenta del posible traslado hacia cárceles de Barranquilla de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias “Castor”, y Digno Palomino, líderes de las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes. El Ministerio de Justicia le puso freno temporal a la decisión, que está relacionada con la política de paz urbana del gobierno de Gustavo Petro y con la tregua entre ambas bandas.
“El Gobierno Nacional mantiene una búsqueda de paz con resultados. Esa tregua no es un cheque en blanco: los cabecillas deberán entregar resultados concretos y verificables en el desescalamiento de la violencia. La prioridad es una sola: proteger a la ciudadanía, una búsqueda de paz con resultados y cero contemplaciones con quienes sigan sembrando miedo en Barranquilla”, escribió el ministro encargado, Andrés Idárraga, a través de su cuenta de X.
La decisión del gobierno de suspender temporalmente el traslado de los jefes de las bandas criminales Los Pepes y Los Costeños, que mueven los hilos del microtráfico, la extorsión, el sicariato y el tráfico de armas en la ciudad de Barranquilla y en su área metropolitana, está relacionada con la tregua a la que Digno Palomino y alias “Castor”, presos en la cárcel La Picota (Bogotá), llegaron el 2 de octubre de 2025 y que va hasta el próximo 20 de enero.
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Ese acuerdo se enmarcó en su posible apoyo al proyecto de paz total, para bajarle la temperatura a la guerra entre bandas en Barranquilla. Previendo el final de la tregua la próxima semana, el gobierno decidió ceder al traslado de Digno Palomino y de alias “Castor” a Barranquilla. “Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel”, dijo en su momento el ministro Idárraga.
El anuncio no fue bien recibido por parte de los mandatarios regionales, quienes desde que se conoció la decisión por parte del gobierno manifestaron su inconformidad y su temor de que el regreso de los líderes de Los Costeños y Los Pepes, después de estar recluidos en la cárcel La Picota, en Bogotá, reactivara la guerra en el departamento de Atlántico. En su concepto, esa movida podría abrirle la puerta a un recrudecimiento del conflicto.
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“En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, dijo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por medio de una publicación en su cuenta de X. Agregó que no tienen respaldo del gobierno.
“Aquí no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos. No se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios”, dijo el alcalde Char. Y agregó: “Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno Nacional?”.
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También el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, manifestó su desacuerdo con la decisión del gobierno Petro que, hasta ese momento, estaba a solo una firma del jefe de la cartera de Justicia. “Cualquier decisión que pueda alterar el orden público debe construirse de manera articulada con las autoridades territoriales, con presencia permanente de la fuerza pública”, señaló el gobernador Verano de la Rosa.
Las reacciones en contravía por parte de los mandatarios regionales llevaron a que se suspendiera la decisión. Sin embargo, la razón oficial que dio el Gobierno Nacional fue otra: hace falta adelantar labores de “coordinación institucional entre el Inpec, la Policía Nacional y las autoridades locales: Alcaldía de Barranquilla, autoridades del Atlántico, para garantizar vigilancia estricta y control permanente”, según dijo el ministro Idárraga.
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De paso, el jefe encargado de la cartera de Justicia desmintió por medio de X al alcalde Char sobre las afirmaciones que hizo en materia de seguridad en Barranquilla. “Alcalde Alejandro Char, no tergiverse: aquí no hay ‘premios’, hay resultados frente a una crisis que su administración no logró contener”, señaló. Dijo además que la tregua entre Los Costeños y Los Pepes permitió una reducción del 57% de los homicidios y del 85% en las extorsiones.
El Ministerio de Justicia no se ha pronunciado de nuevo sobre las coordinaciones que el ministro Idárraga señaló en su trino. Tampoco lo ha hecho el presidente Petro, para quien ese pacto entre Digno Palomino y “Castor”, en octubre de 2025, representó un avance para su política de paz total. Tampoco se conoce si, pese al revés temporal en la decisión de trasladar a estas dos personas en Barranquilla, la tregua será prorrogada.
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