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Luego de que el pasado 17 de junio la Corte Constitucional encontrara errores en el proyecto de reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro y le pusiera freno a su entrada en vigencia, el magistrado ponente y presidente de ese tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, inició el análisis que definirá si el nuevo modelo pensional puede implementarse en Colombia o no, según lo que votó el Congreso de la República.
Con las actas faltantes del 27 y 28 de junio ya enviadas por la Cámara de Representantes, el magistrado notificó a las partes involucradas en el proceso sobre la continuidad del análisis: la senadora Paloma Valencia, en calidad de demandante de la reforma, y al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quien ya emitió un concepto sobre el proyecto.
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Aunque la postura de la Procuraduría no es de carácter vinculante, su análisis sí servirá para determinar si la reforma es válida o inconstitucional. El procurador Eljach ha dicho que las actas remitidas por el Congreso son una garantía de transparencia y de fe pública sobre los actos internos del Congreso. Pero, a su vez, dijo que las tan solicitadas actas “no hacen parte del trámite legislativo en sentido estricto, sino que se limitan a fungir como medios de prueba”, por lo que son insuficentes para tumbar la reforma.
Ahora la tarea del magistrado Ibáñez consistirá en estudiar el caso y elaborar una ponencia que presentará ante la Sala Plena, donde se decidirá si la reforma es o no constitucional. En esa discusión se tendrán en cuenta las actas y los documentos solicitados, que retrasaron el estudio del proyecto, los cuales permitirán establecer si los vicios en el trámite fueron o no subsanados.
El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, ya había dado un ultimátum a la cámara baja el pasado 17 de septiembre. ¿La razón? En tres oportunidades esa alta corte solicitó a la Cámara de Representantes, sin éxito, el envío de las actas faltantes.
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El requerimento se había hecho mediante un auto en el que accedió a la petición de la Secretaría de la Cámara, que el 15 de septiembre había solicitado un nuevo plazo para enviar los documentos. No obstante, en este pronunciamiento la Corte fijó como fecha límite el pasado viernes 19 de septiembre.
Estos documentos son claves para el trabajo de revisión que hará la Corte Constitucional, porque permitirán verificar si las actas fueron aprobadas de manera debida por la Cámara o si, como lo argumentó en su demanda la senadora Valencia, del Centro Democrático, hubo vicios de trámite y los congresistas “votaron a ciegas”.
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