
Ricardo Roa Barragán tendrá que comparecer de nuevo esta semana ante la justicia. Ahora lo hará como expresidente de Ecopetrol, en el marco de dos expedientes por los que fue llamado a juicio y que esta semana tendrán diligencias clave. El primer caso está relacionado con la presunta violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente 2022, de la cual fue gerente. La segunda investigación que se adelanta en su contra es por el delito de tráfico de influencias y las posibles irregularidades en la compra de un apartamento al norte de Bogotá, un negocio del cual, según la Fiscalía, habría salido favorecido tras intervenir para la fallida asignación de un millonario contrato de la estatal petrolera en La Guajira.
En ambos expedientes, Ricardo Roa ha defendido su inocencia. En el caso de las cuentas de la campaña de Petro, ha dicho que las finanzas están claras y que cumplió con su trabajo. “Estoy bastante tranquilo porque hice un manejo muy riguroso y muy cuidadoso sobre todos los ingresos a la campaña”, dijo en una entrevista con El Tiempo. En cuanto al negocio de su apartamento, el expresidente de Ecopetrol ha sostenido que lo compró con recursos propios. Incluso, en una rueda de prensa a la que citó en noviembre de 2024, cuando estallaron los escándalos en su contra, sostuvo que ni siquiera las remodelaciones fueron patrocinadas por empresarios del sector energético como el fallecido William Vélez.
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El caso del apartamento de Roa
La primera audiencia a la que tendrá que asistir esta semana Ricardo Roa está relacionada con el caso de presunto tráfico de influencias en la compra de su apartamento. Se realizará el jueves 29 de octubre, a las 9:00 de la mañana, en el Juzgado 52 Penal de Bogotá. Es una diligencia de apelación que, según la defensa del expresidente de Ecopetrol, será reservada y no se conoce con exactitud el recurso que resolverán. Ocurre dos meses después de que el pasado 20 de agosto la Fiscalía iniciara el llamado a juicio en una audiencia en la que su abogado, Juan David León Quiroga, anunciara que interpondrían un recurso de nulidad en contra de la acusación, de la cual tampoco se conocen detalles porque no ha sido sustentada.
Lo que sostiene la Fiscalía es que en 2022 Ricardo Roa habría hecho un negocio para comprar el apartamento 901 del edificio Entreparques, ubicado en el exclusivo sector de El Chicó, al norte de Bogotá. El inmueble era propiedad de la empresa Princeton International Holding y estaba avaluado en más de COP 2.700 millones. Sin embargo, el precio final por el que Roa lo habría comprado sería de COP 1.800 millones, una cifra mucho menor a la del avalúo. Según el ente investigador, el intermediario de ese negocio habría sido el expolicía Juan Guillermo Mancera, por medio de la empresa Innova Mercadeo. Esta persona es también el representante legal de la empresa Gaxi SA ESP, que habría intentado quedarse con un proyecto de la estatal petrolera.
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Se trata de la operación del proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG, en La Guajira, a cargo de Hocol, una de las filiales de Ecopetrol. Según la Fiscalía, al parecer, para pagar los beneficios en la compra de su apartamento, Ricardo Roa habría presionado a Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, para que le entregara el proyecto de La Guajira a Gaxi, la empresa de Juan Guillermo Mancera. Esa presión se habría dado en dos oportunidades, en 2024: en un encuentro en un restaurante en Bogotá y durante una reunión privada en las oficinas de Ecopetrol. Hocol y Gaxi incluso alcanzaron a firmar un memorando de entendimiento, pero en abril de 2025 Ecopetrol ordenó echar para atrás el negocio.
En la audiencia de acusación que inició en agosto pasado, el juez reconoció como víctima a Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, por las presiones que habría recibido de parte de Ricardo Roa para que direccionara de forma irregular el contrato de La Guajira a la empresa de Juan Guillermo Mancera, el antiguo intermediario en la compra de su apartamento. El exfuncionario argumentó que ha sido amenazado y que su vida y su seguridad están en riesgo tras no haber accedido a las presiones ejercidas, al parecer, por Ricardo Roa. Su testimonio es uno de los elementos claves de la Fiscalía en el proceso en contra del expresidente de Ecopetrol, cuya continuación de la audiencia de acusación aún no tiene fecha definida.
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Las cuentas de la campaña de Petro
Un día después de la audiencia por el caso de su apartamento, Ricardo Roa tendrá que presentarse ante el Juzgado 11 Penal de Bogotá, a las 2:00 de la tarde, para la audiencia de acusación en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de violación de topes electorales. El expresidente de Ecopetrol fue imputado en mayo pasado en el caso relacionado con su gestión como gerente de la campaña del expresidente Gustavo Petro en 2022. Un expediente que ya le mereció una sanción del Consejo Nacional Electoral (CNE), que a través de una investigación administrativa encontró que a la campaña que apalancó la llegada de Petro a la Casa de Nariño entró más dinero del permitido por la ley.
La Fiscalía sostiene que para la primera vuelta presidencial del 2022 el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó un límite de COP 28.536 millones. Sin embargo, en primera vuelta, la campaña Petro Presidente habría reportado gastos por más de COP 29.924 millones, superando el tope electoral en cerca de COP 1.388 millones, al parecer en contra de lo que indica la ley. Algo similar habría ocurrido en la segunda vuelta, cuando el tope que fijaron las autoridades fue de COP 13.347 millones y, según el ente investigador, se habrían gastado COP 276 millones más de lo autorizado. Según los funcionarios del búnker, son diez los hechos jurídicamente relevantes en los cuales Ricardo Roa habría cometido este delito.
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“Los gastos que habrían excedido los topes estarían asociados a ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato”, señaló el fiscal. Agregó que Ricardo Roa, por ser quien controlaba la billetera de la campaña, era el responsable de vigilar las fuentes de ingreso y los gastos: “Para la Fiscalía, ese conocimiento no se desprende únicamente de su cargo nominal de gerente, sino de sus funciones concretas: la administración financiera, la ordenación del gasto que estaba en su cabeza, el manejo de la cuenta única, la aprobación de transacciones y el deber legal que tenía de rendir cuentas ante el Consejo Nacional Electoral”.
En la imputación apareció también el nombre de Laura Sarabia, una de las personas más cercanas al expresidente Petro. El fiscal se refirió a un evento de campaña realizado en un hotel de Bogotá el 6 de abril de 2022 y que, según la investigación, habría tenido un costo de COP 27 millones. El funcionario detalló que la información financiera de ese evento se remitió al correo electrónico de Sarabia. Según su teoría, se habría omitido el reporte de esa inversión basado en que el pago se habría hecho con dinero en efectivo, lo cual “no elimina el deber de reporte si el servicio se prestó a favor de la campaña, pues debería estar soportado, registrado y reportado a través de la cuenta única”. Roa no aceptó cargos y ahora espera su llamado a juicio.

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Francisco(78033)•27 de octubre de 2026 – 11:31Francamente hay personas que devalúan los cargos que ocupan: quién no puede ahora dirigir a ECOPETROL?
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antonio(7747)•27 de octubre de 2026 – 09:42Y su pareja lo abandonó cuando se destapó toda esa olla podrida que manejaba Roa y su combo. Se fue a vivir sabroso con el billete que le tocó en todos esos torcidos.