Roberto Prieto, un poderoso tras las rejas

José Roberto Prieto Uribe estuvo visiblemente nervioso e incluso lloró en la diligencia. / Mauricio Alvarado

Foto: MAURICIO ALVARADO

Sobre las dos de la tarde de este martes, poco después de oír la orden del juez de enviarlo a la cárcel, Roberto Prieto, uno de los hombres que hacen parte de las esferas del poder nacional, se rodeaba de sus abogados, mientras el CTI de la Fiscalía estaba listo para llevárselo detenido. Quien fuera el gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014 permanecerá tras las rejas mientras avanza el proceso en su contra por actos de corrupción que rodearon la Ruta del Sol III y por, supuestamente, haber sabido del aporte de dineros de la multinacional Odebrecht a la campaña de Santos en 2010.

Lo que tiene bajo investigación a Prieto son las actuaciones ilegales que, como se ha venido comprobando, se utilizaron para adjudicar algunos tramos del proyecto de la Ruta del Sol. En este caso, el sector tres, entregado en 2010 a Yuma Concesionaria S.A., liderada por la empresa Impregilo Spa sucursal de Colombia. La Fiscalía le abrió investigación formal por, presuntamente, haber recurrido al tráfico de influencias ante la Agencia Nacional de Infraestructura para lograr una adición al contrato Ruta del Sol III, para la construcción del puente Plato (Magdalena).

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Nacido en Manizales, Prieto es hijo del industrial, dirigente liberal y exalcalde de Bogotá Luis Prieto Ocampo (fallecido el pasado 15 de mayo). Fue director de la Fundación Buen Gobierno, creada por Juan Manuel Santos, y en 2010 llegó a ser el representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con sede en Washington. Hoy es investigado porque habría condicionado su gestión de intermediación a que los estudios y diseños del citado puente quedaran a cargo de la empresa Consultores Unidos S.A., del empresario Eduardo Zambrano, quien es procesado igualmente por haber puesto su firma al servicio de las acciones ilegales de Odebrecht —tal cual él mismo confesó—.

El pasado 8 de mayo, la Fiscalía le imputó a Prieto cinco delitos: tráfico de influencias de particulares, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado y falso testimonio. Según el ente investigador, Prieto, que era una persona reconocida por estar vinculado a campañas presidenciales, usó esa condición para ejercer supuestas presiones en favor de Yuma Concesionaria. A cambio de ello habría recibido $650 millones, que fueron cobrados por medio de una factura ficticia expedida por la empresa Megaland S.A.S. Prieto, por su parte, se declaró inocente.

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Esa factura, la 032 del 18 de mayo de 2016, describía supuestos estudios de topografía y geología para la hidroeléctrica de la vertiente cordillera Oriental de Guavio, que nunca se realizaron. Precisamente, el representante legal de esta compañía, Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, fue condenado el pasado 24 de mayo por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín a ocho meses de prisión por haber servido como intermediario para el pago de los $650 millones.“El aquí indiciado tenía como modus operandi pedir dinero a empresas y personas diciendo que era requerido para tapar huecos de las campañas políticas de Juan Manuel Santos”, señaló la fiscal del caso durante la imputación de cargos a Prieto.

Adicionalmente, a Prieto se le cuestiona haber mentido sobre el supuesto aporte de recursos de la multinacional Odebrecht a la campaña presidencial 2010-2014. Los cuestionamientos tienen que ver con la declaración bajo juramento que realizó el 24 de mayo de 2017 ante la Comisión de Acusación y la Procuraduría General al respecto. “Negó el origen del dinero para la producción de unos afiches promocionales de esa campaña presidencial, negó que tuvo conocimiento sobre este asunto, lo que contrasta con las declaraciones de varios directivos de la multinacional Odebrecht a la Fiscalía”, dijo la fiscal.

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Incluso, para la Fiscalía, Prieto habría faltado a la verdad ante la Comisión de Acusación y el Ministerio Público en temas relacionados con los aportes de Odebrecht para realizar que una empresa en Panamá realizara unas encuetas como apoyo a las elecciones presidenciales 2014-2018. De hecho, para argumentar ante el juez 45 penal municipal de Bogotá que lo enviara a la cárcel, la Fiscalía reveló unas interceptaciones que reflejarían la intención de Prieto de manipular y tratar de llegar a los testigos de este caso, en concreto, a Luiz Antonio Bueno Júnior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, y el expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli.

Ahora, Prieto deberá defenderse desde la cárcel La Modelo, a la que fue enviado por el juez, quien señaló que él “estaba en la capacidad de direccionar y de dirigir una serie de actos o actuaciones orientadas a que los testigos (…) logren variar su versión”. Prieto lo escuchó pensativo, eludiendo las cámaras, visiblemente nervioso, e incluso lloró. Luego, fuertemente escoltado por el CTI de la Fiscalía, salió del complejo judicial de Paloquemao.

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