En medio de fuertes cuestionamientos por la muerte de menores de edad en recientes bombardeos de las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, enfrentó este miércoles un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, dirigido al Ministerio del Interior y a Mindefensa sobre las respuestas del Estado frente a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.
La sesión terminó enfocada en el impacto de las operaciones militares contra grupos armados en las que terminan muriendo niños, niñas y adolescentes reclutados, un tema que quedó bajo la lupa tras el bombardeo del 10 de noviembre en Calamar (Guaviare), donde murieron siete menores de edad. Además de esta controversia, el ministro expuso la situación de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y el panorama de amenazas vigentes en el país.
Según Sánchez, entre 2022 y octubre de 2025 se mantienen activas 85 alertas tempranas. Además, el jefe de la cartera destacó que, desde la posesión del presidente Gustavo Petro (7 de agosto de 2022) hasta el 17 de noviembre pasado, se registraron 1.404 combates. De ellos, solo 13 correspondieron a bombardeos: cinco contra el “clan del Golfo” y ocho contra estructuras de las disidencias de las Farc, tres de estos últimos en lo corrido del año.
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Sánchez se refirió de manera directa a las operaciones en las que murieron menores: “Saber el conteo de ellos es diferente a saber cuántos ingresan a un avión, donde le piden el pasabordo. Una cosa es lo que uno planea y otra es lo que se encuentra allá. Lo que sí sabíamos nosotros es que la probabilidad de que existieran menores en esa zona era alta por el reclutamiento que están haciendo; pero la certeza de saber si estaban ahí o no, no la hay. La única manera era estar metidos allá y contarlos”.
El ministro también entregó cifras sobre la lucha contra las drogas: 801 kilos de cocaína incautados, 71.708 kilos de pasta base y 5.253 laboratorios destruidos en lo corrido de 2025. “Cada 40 minutos destruimos una infraestructura de producción de cocaína. No es una tarea sencilla”, afirmó.
Defensoría del Pueblo: “El Estado siempre llega tarde”
Durante su intervención, la defensora del pueblo, Iris Marín, cuestionó la continuidad de los bombardeos en contextos donde existe riesgo de presencia de menores reclutados. “Entiendo que los bombardeos son una posibilidad y una herramienta del DIH (Derecho Internacional Humanitario), pero yo me pregunto si tenemos cuatro bombardeos, donde lo que ha hecho es subir la cifra de adolescentes que han muerto, ¿no debe un Estado suspender y evaluar qué es lo que está pasando?”, preguntó Marín.
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Marín insistió en que este no es un debate para buscar culpables, sino para corregir fallas estructurales: “El Estado siempre llega tarde, y lo primero que llega son las fuerzas armadas, para bien o para mal. Este es un fracaso de nuestra política de prevención del reclutamiento”. Además, advirtió que la respuesta estatal a las alertas tempranas sigue siendo fragmentada y con baja coordinación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales.
Denuncias sobre más bombardeos y más menores muertos
La representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) detalló información de Medicina Legal según la cual serían 17 los menores fallecidos en bombardeos, y no 15 como se había informado. “Tenemos datos de dos bombardeos adicionales, en 2023 y 2024, que no estaban en los reportes oficiales”, aseguró.
Juvinao también alertó que otros 25 menores habrían muerto “aparentemente en enfrentamientos con la Fuerza Pública”, para un total de 42 menores de edad fallecidos desde 2022. Los casos se distribuyen en Arauca, Atlántico, Cauca, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Caquetá y Huila.
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La congresista denunció además la existencia de cinco bombardeos adicionales sin información sobre las víctimas, algunos ocurridos en Meta, Cauca y Antioquia. “Las autoridades locales en el momento de los bombardeos hablaron de decenas de muertos —hasta 80 en Zaragoza— y luego nunca aparecieron los cuerpos, nunca apareció la información sobre quiénes fueron las víctimas. No sabemos si en estos cinco bombardeos pudo también haber menores fallecidos”, señaló.
Actualmente, varias entidades investigan los bombardeos ordenados durante el gobierno de Gustavo Petro en los que murieron 17 menores de edad. Este 19 de noviembre, la Fiscalía abrió una indagación preliminar sobre las cuatro operaciones aéreas realizadas en los últimos meses contra las disidencias de las Farc. El propósito es establecer si las Fuerzas Militares omitieron protocolos o actuaciones obligatorias en contextos donde podía haber presencia de menores reclutados.
La apertura de la noticia criminal se dio después de que Medicina Legal entregara el reporte oficial sobre los menores fallecidos en los operativos ejecutados entre agosto y octubre en Arauca, Amazonas, Caquetá y Guaviare. Todos fueron bombardeos ordenados por el presidente Gustavo Petro.
Aunque el reclutamiento forzado ha sido señalado como el núcleo del problema, el debate se ha ampliado hacia las responsabilidades del propio Estado en la prevención de este delito. El gobierno sostiene que la disidencia incurrió en una grave infracción al integrar menores en sus filas y que, bajo el DIH, quienes participaban directamente en las hostilidades podían constituirse en un blanco militar.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advierte que esta interpretación deja en evidencia una tensión de fondo: los menores reclutados siguen siendo víctimas, y el Estado, además de combatir a los grupos armados, está obligado a protegerlos y evitar que sean arrastrados a escenarios donde su vida termina dependiendo de una operación militar.
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